El costo de la electricidad en el mercado mayorista registró una fuerte suba durante mayo y encendió señales de alerta de cara al invierno. El valor de la energía en el mercado spot superó los US$105 por megawatt hora, muy por encima de los US$58 registrados en abril.

El salto responde principalmente al encarecimiento de los combustibles utilizados para abastecer a las centrales de generación eléctrica. En los meses fríos, una parte importante del gas natural producido en el país se destina al consumo residencial, por lo que las usinas deben recurrir a alternativas más caras, como gas natural licuado importado, gasoil y fueloil.

La situación internacional también presiona sobre los precios. La tensión en Medio Oriente y la incertidumbre en los mercados energéticos elevaron el valor de los combustibles, lo que terminó impactando directamente en los costos de generación.

Las previsiones iniciales ubicaban el precio de la energía para mayo cerca de los US$65 por MWh. Sin embargo, el aumento de los insumos llevó el valor final por encima de los US$105, muy por encima de lo esperado.

El escenario podría complicarse aún más durante junio y julio, cuando crece la demanda eléctrica por las bajas temperaturas. En el sector estiman que el precio podría moverse entre US$130 y US$150 por MWh si se mantiene la presión sobre los combustibles.

Aunque el aumento ya se produjo en el mercado mayorista, su traslado pleno no será inmediato. Por el esquema de facturación, el impacto suele reflejarse con un retraso cercano a los 75 días, por lo que los mayores costos podrían sentirse con más fuerza entre fines de julio y agosto.

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a plantear su preocupación por la presión fiscal y pidieron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero suspenda la aplicación de embargos, ejecuciones fiscales y multas durante el período de transición vinculado a los cambios que el Gobierno busca impulsar en la Ley de Inocencia Fiscal.

El reclamo fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de generar un margen de alivio para comercios, industrias y emprendimientos que atraviesan dificultades financieras en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y la necesidad de sostener puestos de trabajo.

Entre los puntos solicitados, se pidió que no se apliquen multas a las pymes mientras se define el nuevo esquema normativo. Además, se propuso que aquellas empresas que regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al plazo establecido puedan acceder a una reducción del 50% en la sanción correspondiente.

El planteo también incluye la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, medidas que suelen afectar directamente el funcionamiento diario de las empresas, especialmente cuando comprometen cuentas bancarias, capital de trabajo o fondos necesarios para pagar salarios, proveedores y servicios.

Otro de los pedidos centrales es la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. La propuesta alcanzaría deudas vencidas hasta el 31 de mayo, planes vigentes y también aquellos que hayan caducado.

Desde el sector pyme remarcan que el objetivo no es desconocer obligaciones tributarias, sino evitar que las sanciones profundicen la crisis de empresas que intentan mantenerse activas. La preocupación principal pasa por preservar el entramado productivo, sostener la competitividad y evitar nuevos cierres en un escenario económico todavía complejo.

El pedido llega en medio del debate por una eventual reforma tributaria y en un momento en el que miles de pequeñas y medianas empresas buscan señales concretas de alivio para continuar operando.

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos constituidos por los empleadores del sector privado.

La medida fue establecida a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representa uno de los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración nacional.

Según lo dispuesto en la normativa, el sistema comenzará a funcionar a partir de noviembre y estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de controlar la administración de los fondos y su operatoria financiera.

El esquema contempla la conformación de fondos específicos alimentados por aportes patronales, que serán utilizados para afrontar las indemnizaciones correspondientes a trabajadores registrados en caso de despido. Además, se establecieron los mecanismos de recaudación, administración e inversión de esos recursos, así como los procedimientos para efectuar los pagos cuando corresponda.

La reglamentación también define el alcance del régimen, que estará destinado a empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales excluidas expresamente por la legislación vigente y de los trabajadores del sector público.

Desde el Ejecutivo sostienen que la implementación del FAL busca brindar mayor previsibilidad a las empresas frente a los costos derivados de desvinculaciones laborales, al tiempo que procura garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

La puesta en marcha del nuevo sistema se enmarca dentro de una serie de modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno, orientadas a redefinir distintos aspectos de las relaciones de trabajo, la registración laboral y los mecanismos de contratación en el país.

El discurso del “no hay plata” vuelve a mostrar sus límites cuando se trata de construir poder político. Mientras las provincias enfrentan recortes millonarios, caída de recursos y crecientes dificultades para sostener servicios básicos, el Gobierno nacional acelera la negociación de vacantes judiciales como herramienta para ordenar respaldos legislativos.

La decisión administrativa 20/2026 implicó un fuerte ajuste sobre partidas destinadas a las provincias, con un recorte superior a los $320 mil millones en programas vinculados a la relación con los distritos y al desarrollo regional. Ese golpe se suma a la baja de la coparticipación y a la reducción de transferencias nacionales, un combo que deja a muchos gobernadores contra las cuerdas.

En ese contexto, los Aportes del Tesoro Nacional aparecen como una de las pocas herramientas de auxilio para las provincias. Sin embargo, el ajuste también alcanza esos fondos, que en varios distritos resultan determinantes para cumplir con obligaciones salariales, aguinaldos y gastos corrientes. El mensaje político es claro: el Gobierno ajusta, pero al mismo tiempo administra los recursos restantes como mecanismo de presión.

La contradicción se vuelve más evidente cuando, en paralelo, la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Con más de 200 lugares disponibles y más del 35% de los juzgados del país sin cubrir, el oficialismo encontró una caja de negociación que no pasa por la obra pública, la salud, la educación ni la asistencia financiera directa, sino por cargos de enorme peso institucional.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pasó a ocupar un rol central en ese tablero. El Gobierno ya envió una tanda importante de pliegos y promete avanzar con más designaciones en los próximos meses. Entre los expedientes aparecen vacantes en distintas provincias, varias de ellas gobernadas por dirigentes que el oficialismo necesita cerca para sostener su frágil equilibrio parlamentario.

La maniobra deja expuesta una doble vara. Para las universidades, las obras públicas, la infraestructura escolar, la salud o los programas sociales, la respuesta suele ser el recorte. Para la negociación política, en cambio, aparecen cargos, pliegos y acuerdos de poder.

El problema no es solamente presupuestario. También es institucional. Utilizar vacantes judiciales como herramienta de negociación con gobernadores y senadores instala una señal preocupante sobre la independencia del Poder Judicial y sobre el modo en que el Gobierno entiende la construcción de mayorías.

Mientras las provincias reclaman fondos para funcionar, Nación ofrece lugares en tribunales. La frase “no hay plata” parece aplicarse solo cuando se trata de derechos, salarios, servicios públicos o asistencia al interior. Cuando el objetivo es garantizar gobernabilidad, el ajuste encuentra rápidamente sus excepciones.

El calendario electoral empieza a moverse en las provincias y varios gobernadores ya trabajan en una estrategia común: separar sus elecciones locales de la contienda nacional. La decisión busca que las discusiones propias de cada distrito no queden absorbidas por la pelea entre el Gobierno nacional, La Libertad Avanza y los principales espacios opositores.

De acuerdo con la información publicada por El Comercial, distintos mandatarios provinciales comenzaron a coordinar fechas para desdoblar las elecciones y llevar sus comicios a un terreno más favorable. La intención es que los votantes definan legisladores, intendentes o cargos provinciales con una agenda local, sin el peso directo de la campaña nacional.

El movimiento tiene una explicación política clara. En muchas provincias, los oficialismos locales intentan evitar que la elección se transforme en un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei o en una pulseada nacionalizada entre libertarios, peronistas y fuerzas provinciales. Por eso, adelantar los comicios aparece como una forma de ordenar alianzas, preservar representación legislativa y fortalecer el control territorial.

Entre los distritos que ya habían avanzado con calendarios propios aparecen Santa Fe, Chaco, Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. También se mencionan otras provincias que evaluaron alternativas similares, como Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Formosa, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero, según distintos relevamientos sobre el escenario electoral.

El cambio en el sistema de votación nacional, con la implementación de la Boleta Única de Papel, también influyó en las decisiones provinciales. Algunos gobiernos prefieren evitar una elección simultánea con mecanismos distintos para cargos nacionales y locales, ya que eso podría generar confusión en los votantes, demoras en las mesas y una campaña más difícil de ordenar.

En Formosa, el debate electoral también queda bajo la lupa. Aunque cada provincia define su propio calendario de acuerdo con sus normas y conveniencias políticas, el eventual desdoblamiento permitiría que la discusión local se concentre en temas propios, como la representación legislativa, la gestión provincial y el peso de los distintos espacios en el territorio.

La tendencia muestra que los gobernadores buscan recuperar margen de maniobra frente a una elección nacional que promete fuerte polarización. En ese contexto, desdoblar no es solo una cuestión de fechas: también es una herramienta política para disputar poder con reglas más cercanas al escenario provincial.

Una familia tipo necesitó $1.469.768 por mes para no ser considerada pobre, según la actualización de la Canasta Básica Total correspondiente a abril. El dato vuelve a poner en primer plano la distancia entre el costo de vida y los ingresos de millones de hogares argentinos.

La medición contempla a un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores, y toma como referencia el valor de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación y otros bienes y servicios indispensables.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, marca cuánto necesita ese mismo hogar solamente para cubrir los alimentos mínimos. Es decir, quienes no alcanzan ese umbral no logran cubrir siquiera una dieta básica.

Aunque la inflación mensual viene mostrando una desaceleración, el impacto sobre la economía familiar continúa siendo fuerte. La baja en el ritmo de aumentos no implica una reducción de precios, sino que los valores siguen subiendo, aunque a menor velocidad.

El dato también abre un nuevo debate sobre la capacidad real de los salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales para acompañar el costo de vida. En muchos casos, los ingresos formales quedan por debajo del monto necesario para cubrir la canasta total.

De esta manera, el informe refleja una situación sensible: mientras el Gobierno destaca la desaceleración inflacionaria, las familias necesitan cada vez más dinero para sostener gastos básicos y mantenerse por encima de la línea de pobreza.

La inflación de abril fue del 2,6%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves, y mostró una desaceleración frente al mes anterior. Con este resultado, la variación acumulada en los últimos doce meses llegó al 32,4%.

El nuevo registro confirma una moderación en el ritmo mensual de aumentos, aunque los precios continúan presionando sobre los ingresos de los hogares. La evolución del costo de vida sigue siendo uno de los principales indicadores económicos observados por consumidores, trabajadores, comercios y sectores productivos.

El dato de abril se conoce luego de un período de subas que impactaron especialmente en rubros sensibles para la economía familiar, como alimentos, transporte, servicios y vivienda. En ese escenario, cada variación mensual repercute de manera directa en el poder de compra, sobre todo en los sectores de ingresos fijos.

La medición también será tomada como referencia para negociaciones salariales, actualización de contratos, alquileres y decisiones de consumo. Aunque el porcentaje mensual muestra una baja respecto de meses previos, la inflación interanual todavía refleja un nivel elevado de incremento acumulado.

En el plano económico, el Gobierno nacional sostiene que la desaceleración de precios es uno de los ejes centrales de su programa. Sin embargo, el desafío continúa puesto en consolidar una baja sostenida y lograr que esa mejora se traslade al bolsillo de la población.

De esta manera, el índice de abril vuelve a marcar una señal de moderación, pero mantiene abierta la preocupación por el impacto real de los precios en la vida cotidiana.

La universidad pública volvió a salir a la calle para reclamar respuestas concretas frente a una política nacional que, bajo el gobierno de Javier Milei, mantiene en tensión al sistema educativo superior. Este martes, organizaciones estudiantiles, gremios docentes, investigadores y trabajadores universitarios protagonizaron una nueva marcha federal en distintos puntos del país.

La convocatoria tuvo como eje principal el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025, pero aún reclamada por las instituciones del sector ante el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.

La movilización central se realizó en Plaza de Mayo y fue acompañada por concentraciones en varias ciudades argentinas. Allí, los manifestantes advirtieron que el ajuste aplicado por la administración libertaria no solo afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, sino también el salario de docentes y nodocentes, los programas de becas y las condiciones de permanencia de miles de estudiantes.

Durante el acto principal, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de gremios del sector leyeron un documento conjunto en el que solicitaron la intervención de la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la ley. El planteo refleja la gravedad del conflicto: las universidades reclaman que el financiamiento no quede sujeto a la decisión política del Ejecutivo, sino que se respete una norma aprobada por el Congreso.

El malestar también apunta al impacto social del recorte. En un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades económicas, la reducción de recursos golpea especialmente a quienes dependen de becas, comedores, investigación, extensión y programas de acompañamiento para sostener sus trayectorias educativas.

La marcha dejó nuevamente en evidencia el rechazo de amplios sectores de la comunidad educativa a la orientación del gobierno nacional. Para estudiantes, docentes y trabajadores, el desfinanciamiento universitario no es solo una discusión presupuestaria: representa un ataque directo a la educación pública, al desarrollo científico y a la posibilidad de ascenso social.

Con una convocatoria considerada una de las más importantes de los últimos meses, el reclamo universitario volvió a instalarse en la agenda nacional y profundizó la presión sobre el gobierno de Milei, acusado por el sector de avanzar con un ajuste que pone en riesgo el presente y el futuro de la universidad pública argentina.

El apoyo social al gobierno de Javier Milei muestra una nueva señal de desgaste. Según un informe de la consultora Sentimientos Públicos, siete de cada diez personas consultadas consideran poco probable volver a votar al Presidente en una eventual búsqueda de reelección en 2027.

El estudio, realizado a nivel nacional sobre 1500 casos, también señala que el 60% de los encuestados afirma no tener “esperanzas” en la actual administración. En ese escenario, el oficialismo conserva un respaldo del 27%, concentrado principalmente en su núcleo más fiel.

De acuerdo con el informe, la base de apoyo libertaria sigue teniendo fuerte presencia entre los jóvenes de 18 a 28 años, donde alcanza el 36%. También aparece por encima del promedio en sectores de mayores ingresos y en algunas provincias vinculadas a la denominada zona minera norte.

El rechazo más elevado se registra en el AMBA, donde llega al 76%, y entre los adultos de 29 a 44 años, segmento en el que ocho de cada diez no ven probable acompañar nuevamente a Milei en las urnas.

Otro dato relevante del relevamiento es la pérdida de apoyo entre quienes lo votaron en 2023. Según la consultora, el Presidente habría perdido el respaldo de casi la mitad de sus votantes de primera vuelta, mientras que entre quienes acompañaron a Patricia Bullrich en aquella elección, la mitad afirma que no lo votaría.

El informe también vincula el deterioro político con la situación económica cotidiana. Más del 45% de los consultados aseguró haber reducido gastos durante el último año, el 40% dijo haberse endeudado y un 15% afirmó haber comenzado a tomar medicación vinculada a la salud mental.

Desde Sentimientos Públicos aclararon que el escenario electoral aún está abierto, pero advirtieron que la promesa libertaria aparece debilitada frente a una sociedad atravesada por la incertidumbre y la pérdida de expectativas.

La preocupación internacional por el hantavirus volvió a crecer luego de un brote detectado en un crucero de lujo, donde se registraron al menos tres muertes. En ese contexto, científicos y especialistas sanitarios advirtieron que, si bien hay investigaciones en marcha para lograr una vacuna, su aprobación y disponibilidad masiva todavía podrían tardar varios años.

Uno de los desarrollos más avanzados es impulsado por investigadores de la Universidad de Bath, en Reino Unido. Según indicaron, la vacuna experimental mostró resultados alentadores en estudios de laboratorio y en modelos animales, por lo que el próximo objetivo será avanzar hacia ensayos en humanos.

Sin embargo, los especialistas remarcan que el proceso no será inmediato. Además de las etapas científicas y regulatorias necesarias para garantizar seguridad y eficacia, uno de los principales obstáculos es la falta de financiamiento para el desarrollo avanzado de vacunas contra este virus.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores infectados. En algunos casos, la enfermedad puede derivar en cuadros respiratorios severos y potencialmente mortales, por lo que las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevención.

Aunque no se trata de un virus nuevo, el reciente episodio reactivó las alertas y abrió interrogantes sobre la preparación de los sistemas sanitarios ante posibles nuevos casos. Por el momento, no existe una vacuna aprobada a nivel global para prevenir la infección, y los expertos consideran que aún podría pasar un tiempo considerable antes de contar con una herramienta disponible para la población.