Alerta e intento de fuga en los controles

La investigación se originó a partir de tareas de inteligencia sobre una banda dedicada al contrabando de vehículos hacia Formosa. En un retén montado sobre la zona sur de Resistencia, los efectivos detectaron una Toyota SW4 blanca, una Toyota Hilux negra y un automóvil de apoyo. Al advertir la presencia policial, los conductores aceleraron y escaparon en direcciones opuestas para burlar los retenes.

Rastrillaje y escape a pie en Basail

El primer procedimiento se concentró en el kilómetro 975 de la Ruta 11. Tras una persecución en la zona de Basail, los ocupantes de la Toyota SW4 blanca abandonaron el rodado sobre la banquina y escaparon a pie hacia una zona de monte espeso.

Efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional desplegaron un cerco perimetral en el área. Al verificar el vehículo, se comprobó que circulaba con patente apócrifa y registraba pedido de secuestro activo por una causa de robo solicitada en la Ciudad de Buenos Aires.

Tiros a las ruedas y trompo en La Leonesa

En paralelo, la Hilux negra continuó su fuga a toda velocidad esquivando puestos camineros por más de 40 minutos. Al llegar al kilómetro 1046, a la altura de La Leonesa, los uniformados dispararon contra los neumáticos traseros en un tramo despejado de la ruta para neutralizar la marcha.

El impacto provocó un trompo que dejó a la camioneta detenida a contramano sobre la banquina. Pese a que los dos ocupantes intentaron huir corriendo hacia la maleza, fueron reducidos de inmediato en el lugar.

Causa judicial y secuestro de los rodados

Con el avance de los rastrillajes, la fuerza confirmó la aprehensión de un total de cuatro hombres mayores de edad, todos domiciliados en Formosa. La fiscal en turno, Lilian Beatriz Irala, ordenó el secuestro de los vehículos y la imputación de los detenidos por encubrimiento, resistencia, atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado.

Un ingreso que no alcanza para cubrir la canasta básica

La situación económica dentro de las casas de altos estudios atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según declaraciones difundidas por Guaú Formosa, el titular de FATUN, Walter Merkis, advirtió que la continua pérdida del poder adquisitivo dejó a la gran mayoría de los trabajadores técnicos y administrativos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Pese a los recientes aumentos del 21% y un incremento pautado para los próximos meses, desde el gremio señalan que existe un desfasaje salarial insostenible frente a la inflación acumulada, lo que profundiza el deterioro de las condiciones de vida del personal.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El dirigente gremial remarcó que el conflicto principal radica en que el Poder Ejecutivo aún no aplica la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso tras el veto presidencial y respaldada por diferentes instancias judiciales.

A más de 300 días de iniciados los primeros reclamos formales, los trabajadores denuncian la falta de voluntad política para garantizar el presupuesto mínimo indispensable para el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo de proyectos científicos.

Paro nacional y medidas de visibilización

Ante la falta de respuestas oficiales, las universidades de todo el país llevarán adelante una medida de fuerza de 48 horas sin asistencia a los lugares de trabajo durante este miércoles y jueves. Cada regional definirá modalidades complementarias, que incluirán abrazos simbólicos, asambleas y movilizaciones.

Desde la federación advierten que el impacto no solo golpea a los sueldos, sino también al mantenimiento edilicio y al congelamiento de las becas estudiantiles, poniendo en jaque el rol histórico de la universidad pública como motor de movilidad social ascendente.

Máxima tensión en el Senado de la Nación

El escenario político nacional sumó un nuevo foco de conflicto institucional de alta intensidad. José Mayans, presidente del interbloque de Unión por la Patria, confirmó que buscará avanzar con los mecanismos institucionales previstos en la Constitución Nacional para forzar la separación definitiva del cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La oposición convocó de manera urgente a una sesión donde se prevé un mecanismo doble: la interpelación directa al funcionario público y la posterior votación de la moción de censura. De acuerdo con las proyecciones parlamentarias, la suerte del ministro podría definirse por un estrecho margen de respaldos clave.

Duras acusaciones contra el patrimonio oficial

El fuerte cruce dialéctico escaló tras las declaraciones de Mayans, quien calificó abiertamente a Adorni como un "evasor confeso". El legislador formoseño fundamentó su postura denunciando un "crecimiento patrimonial absolutamente desmedido" que figura en las declaraciones juradas del propio funcionario, detectando presuntas inconsistencias en la justificación de bienes.

A su vez, la embestida sumó un fuerte componente familiar al señalarse la constitución de supuestas consultorías privadas vinculadas a su cónyuge. Según la acusación legislativa, estas firmas habrían oficiado de nexo para canalizar negocios cercanos a activos públicos y contrataciones del Estado, configurando un presunto esquema de omisión maliciosa.

Los números para la destitución en puerta

Con la mirada puesta en el tratamiento sobre tablas en el recinto, Mayans remarcó que el oficialismo no cuenta con los resortes necesarios para blindar al ministro en caso de que el resto de las bancadas acompañen la medida. "La Constitución solamente contempla mayoría absoluta. Con 37 votos podemos destituir al jefe de Gabinete", enfatizó con firmeza.

El debate, cuya sesión quedó fijada inicialmente hacia finales del mes, promete reconfigurar el mapa de alianzas en la Cámara Alta. Desde el peronismo apuntaron a que la continuidad del funcionario es insostenible y exigieron que las diferentes fuerzas políticas expongan abiertamente su posición frente a las denuncias de corrupción en el manejo estatal.

El costo de la electricidad en el mercado mayorista registró una fuerte suba durante mayo y encendió señales de alerta de cara al invierno. El valor de la energía en el mercado spot superó los US$105 por megawatt hora, muy por encima de los US$58 registrados en abril.

El salto responde principalmente al encarecimiento de los combustibles utilizados para abastecer a las centrales de generación eléctrica. En los meses fríos, una parte importante del gas natural producido en el país se destina al consumo residencial, por lo que las usinas deben recurrir a alternativas más caras, como gas natural licuado importado, gasoil y fueloil.

La situación internacional también presiona sobre los precios. La tensión en Medio Oriente y la incertidumbre en los mercados energéticos elevaron el valor de los combustibles, lo que terminó impactando directamente en los costos de generación.

Las previsiones iniciales ubicaban el precio de la energía para mayo cerca de los US$65 por MWh. Sin embargo, el aumento de los insumos llevó el valor final por encima de los US$105, muy por encima de lo esperado.

El escenario podría complicarse aún más durante junio y julio, cuando crece la demanda eléctrica por las bajas temperaturas. En el sector estiman que el precio podría moverse entre US$130 y US$150 por MWh si se mantiene la presión sobre los combustibles.

Aunque el aumento ya se produjo en el mercado mayorista, su traslado pleno no será inmediato. Por el esquema de facturación, el impacto suele reflejarse con un retraso cercano a los 75 días, por lo que los mayores costos podrían sentirse con más fuerza entre fines de julio y agosto.

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a plantear su preocupación por la presión fiscal y pidieron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero suspenda la aplicación de embargos, ejecuciones fiscales y multas durante el período de transición vinculado a los cambios que el Gobierno busca impulsar en la Ley de Inocencia Fiscal.

El reclamo fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de generar un margen de alivio para comercios, industrias y emprendimientos que atraviesan dificultades financieras en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y la necesidad de sostener puestos de trabajo.

Entre los puntos solicitados, se pidió que no se apliquen multas a las pymes mientras se define el nuevo esquema normativo. Además, se propuso que aquellas empresas que regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al plazo establecido puedan acceder a una reducción del 50% en la sanción correspondiente.

El planteo también incluye la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, medidas que suelen afectar directamente el funcionamiento diario de las empresas, especialmente cuando comprometen cuentas bancarias, capital de trabajo o fondos necesarios para pagar salarios, proveedores y servicios.

Otro de los pedidos centrales es la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. La propuesta alcanzaría deudas vencidas hasta el 31 de mayo, planes vigentes y también aquellos que hayan caducado.

Desde el sector pyme remarcan que el objetivo no es desconocer obligaciones tributarias, sino evitar que las sanciones profundicen la crisis de empresas que intentan mantenerse activas. La preocupación principal pasa por preservar el entramado productivo, sostener la competitividad y evitar nuevos cierres en un escenario económico todavía complejo.

El pedido llega en medio del debate por una eventual reforma tributaria y en un momento en el que miles de pequeñas y medianas empresas buscan señales concretas de alivio para continuar operando.

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos constituidos por los empleadores del sector privado.

La medida fue establecida a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representa uno de los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración nacional.

Según lo dispuesto en la normativa, el sistema comenzará a funcionar a partir de noviembre y estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de controlar la administración de los fondos y su operatoria financiera.

El esquema contempla la conformación de fondos específicos alimentados por aportes patronales, que serán utilizados para afrontar las indemnizaciones correspondientes a trabajadores registrados en caso de despido. Además, se establecieron los mecanismos de recaudación, administración e inversión de esos recursos, así como los procedimientos para efectuar los pagos cuando corresponda.

La reglamentación también define el alcance del régimen, que estará destinado a empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales excluidas expresamente por la legislación vigente y de los trabajadores del sector público.

Desde el Ejecutivo sostienen que la implementación del FAL busca brindar mayor previsibilidad a las empresas frente a los costos derivados de desvinculaciones laborales, al tiempo que procura garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

La puesta en marcha del nuevo sistema se enmarca dentro de una serie de modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno, orientadas a redefinir distintos aspectos de las relaciones de trabajo, la registración laboral y los mecanismos de contratación en el país.

El discurso del “no hay plata” vuelve a mostrar sus límites cuando se trata de construir poder político. Mientras las provincias enfrentan recortes millonarios, caída de recursos y crecientes dificultades para sostener servicios básicos, el Gobierno nacional acelera la negociación de vacantes judiciales como herramienta para ordenar respaldos legislativos.

La decisión administrativa 20/2026 implicó un fuerte ajuste sobre partidas destinadas a las provincias, con un recorte superior a los $320 mil millones en programas vinculados a la relación con los distritos y al desarrollo regional. Ese golpe se suma a la baja de la coparticipación y a la reducción de transferencias nacionales, un combo que deja a muchos gobernadores contra las cuerdas.

En ese contexto, los Aportes del Tesoro Nacional aparecen como una de las pocas herramientas de auxilio para las provincias. Sin embargo, el ajuste también alcanza esos fondos, que en varios distritos resultan determinantes para cumplir con obligaciones salariales, aguinaldos y gastos corrientes. El mensaje político es claro: el Gobierno ajusta, pero al mismo tiempo administra los recursos restantes como mecanismo de presión.

La contradicción se vuelve más evidente cuando, en paralelo, la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Con más de 200 lugares disponibles y más del 35% de los juzgados del país sin cubrir, el oficialismo encontró una caja de negociación que no pasa por la obra pública, la salud, la educación ni la asistencia financiera directa, sino por cargos de enorme peso institucional.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pasó a ocupar un rol central en ese tablero. El Gobierno ya envió una tanda importante de pliegos y promete avanzar con más designaciones en los próximos meses. Entre los expedientes aparecen vacantes en distintas provincias, varias de ellas gobernadas por dirigentes que el oficialismo necesita cerca para sostener su frágil equilibrio parlamentario.

La maniobra deja expuesta una doble vara. Para las universidades, las obras públicas, la infraestructura escolar, la salud o los programas sociales, la respuesta suele ser el recorte. Para la negociación política, en cambio, aparecen cargos, pliegos y acuerdos de poder.

El problema no es solamente presupuestario. También es institucional. Utilizar vacantes judiciales como herramienta de negociación con gobernadores y senadores instala una señal preocupante sobre la independencia del Poder Judicial y sobre el modo en que el Gobierno entiende la construcción de mayorías.

Mientras las provincias reclaman fondos para funcionar, Nación ofrece lugares en tribunales. La frase “no hay plata” parece aplicarse solo cuando se trata de derechos, salarios, servicios públicos o asistencia al interior. Cuando el objetivo es garantizar gobernabilidad, el ajuste encuentra rápidamente sus excepciones.

El calendario electoral empieza a moverse en las provincias y varios gobernadores ya trabajan en una estrategia común: separar sus elecciones locales de la contienda nacional. La decisión busca que las discusiones propias de cada distrito no queden absorbidas por la pelea entre el Gobierno nacional, La Libertad Avanza y los principales espacios opositores.

De acuerdo con la información publicada por El Comercial, distintos mandatarios provinciales comenzaron a coordinar fechas para desdoblar las elecciones y llevar sus comicios a un terreno más favorable. La intención es que los votantes definan legisladores, intendentes o cargos provinciales con una agenda local, sin el peso directo de la campaña nacional.

El movimiento tiene una explicación política clara. En muchas provincias, los oficialismos locales intentan evitar que la elección se transforme en un plebiscito sobre la gestión de Javier Milei o en una pulseada nacionalizada entre libertarios, peronistas y fuerzas provinciales. Por eso, adelantar los comicios aparece como una forma de ordenar alianzas, preservar representación legislativa y fortalecer el control territorial.

Entre los distritos que ya habían avanzado con calendarios propios aparecen Santa Fe, Chaco, Salta, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires. También se mencionan otras provincias que evaluaron alternativas similares, como Buenos Aires, Jujuy, Río Negro, Formosa, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero, según distintos relevamientos sobre el escenario electoral.

El cambio en el sistema de votación nacional, con la implementación de la Boleta Única de Papel, también influyó en las decisiones provinciales. Algunos gobiernos prefieren evitar una elección simultánea con mecanismos distintos para cargos nacionales y locales, ya que eso podría generar confusión en los votantes, demoras en las mesas y una campaña más difícil de ordenar.

En Formosa, el debate electoral también queda bajo la lupa. Aunque cada provincia define su propio calendario de acuerdo con sus normas y conveniencias políticas, el eventual desdoblamiento permitiría que la discusión local se concentre en temas propios, como la representación legislativa, la gestión provincial y el peso de los distintos espacios en el territorio.

La tendencia muestra que los gobernadores buscan recuperar margen de maniobra frente a una elección nacional que promete fuerte polarización. En ese contexto, desdoblar no es solo una cuestión de fechas: también es una herramienta política para disputar poder con reglas más cercanas al escenario provincial.

Una familia tipo necesitó $1.469.768 por mes para no ser considerada pobre, según la actualización de la Canasta Básica Total correspondiente a abril. El dato vuelve a poner en primer plano la distancia entre el costo de vida y los ingresos de millones de hogares argentinos.

La medición contempla a un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores, y toma como referencia el valor de la Canasta Básica Total, que incluye alimentos, indumentaria, transporte, salud, educación y otros bienes y servicios indispensables.

En paralelo, la Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, marca cuánto necesita ese mismo hogar solamente para cubrir los alimentos mínimos. Es decir, quienes no alcanzan ese umbral no logran cubrir siquiera una dieta básica.

Aunque la inflación mensual viene mostrando una desaceleración, el impacto sobre la economía familiar continúa siendo fuerte. La baja en el ritmo de aumentos no implica una reducción de precios, sino que los valores siguen subiendo, aunque a menor velocidad.

El dato también abre un nuevo debate sobre la capacidad real de los salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales para acompañar el costo de vida. En muchos casos, los ingresos formales quedan por debajo del monto necesario para cubrir la canasta total.

De esta manera, el informe refleja una situación sensible: mientras el Gobierno destaca la desaceleración inflacionaria, las familias necesitan cada vez más dinero para sostener gastos básicos y mantenerse por encima de la línea de pobreza.