La Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni, tiene previsto utilizar fondos públicos para contratar encuestas y estudios de opinión por un monto que podría alcanzar los $229 millones.

De acuerdo con la información publicada por El Destape, la contratación fue planteada como un servicio de monitoreo de gestión y opinión pública, con vigencia por un año y posibilidad de prórroga por otro período similar. El procedimiento fue realizado mediante la modalidad de Acuerdo Marco, lo que habilita a solicitar trabajos a las firmas seleccionadas a través de órdenes de compra dentro del presupuesto aprobado.

El esquema incluye a 14 consultoras habilitadas para realizar distintos tipos de mediciones, entre ellas encuestas telefónicas, presenciales, online, grupos focales y relevamientos en comunidades de WhatsApp. Sin embargo, uno de los puntos que despierta críticas es que la licitación no precisa qué temas serán consultados ni cuál será el uso final de esos datos.

La decisión se conoce en un escenario marcado por reclamos de financiamiento en áreas sensibles y por el impacto del ajuste sobre universidades, jubilaciones, salud y programas sociales. En ese contexto, el gasto proyectado vuelve a instalar una discusión central: mientras el Gobierno sostiene que “no hay plata”, sí aparecen recursos para medir opinión pública e imagen de gestión.

Desde el oficialismo, ante la consulta del medio que reveló la información, señalaron que este tipo de encuestas se realizan habitualmente y que no se tratan únicamente de mediciones electorales, sino de estudios de opinión pública.

Aun así, la falta de precisiones sobre las preguntas, los objetivos y el destino político de los resultados deja abierto el debate sobre la transparencia en el uso del dinero del Estado. En tiempos de recortes, cada peso público exige explicación.

La deuda pública argentina volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtiera que el stock total superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026. Según el organismo, el incremento ronda el 30% en comparación con diciembre de 2023, pese al discurso oficial que sostiene que el endeudamiento no aumentó.

De acuerdo con el análisis difundido, durante la actual gestión ingresaron divisas provenientes de deuda externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales y préstamos financieros. Sin embargo, desde la Defensoría remarcaron que esos fondos no permitieron una acumulación sostenida de reservas ni impulsaron la actividad económica, sino que fueron destinados principalmente a cubrir compromisos financieros.

El informe también menciona que desde diciembre de 2023 habrían ingresado alrededor de 47.000 millones de dólares netos por deuda externa. En ese marco, se señala el aumento de compromisos con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que genera preocupación por el peso de los vencimientos de corto plazo.

Desde el organismo provincial consideraron que el esquema actual profundiza la dependencia financiera del país. Plantearon que el endeudamiento no aparece como una herramienta para promover el desarrollo, sino como un mecanismo para sostener pagos, contener desequilibrios y financiar la salida de divisas.

La advertencia también alcanza al sector privado. El reporte sostiene que empresas y hogares enfrentan mayores dificultades financieras en un contexto de caída del consumo, menor demanda interna y pérdida de poder adquisitivo. En el caso de las firmas, la presión se refleja en el aumento de la morosidad y en problemas dentro de la cadena de pagos.

En los hogares, la situación también genera preocupación. Según el informe citado, muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos básicos, mientras crecen las dificultades para cumplir con sus obligaciones. Esta dinámica muestra un cambio en el uso del endeudamiento, que ya no se vincula únicamente al consumo, sino también a la necesidad de cubrir la subsistencia diaria.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo de Formosa planteó que el crecimiento de la deuda, sumado a los vencimientos próximos y al deterioro de la economía cotidiana, configura un escenario de alta fragilidad para los próximos meses.

En los últimos días, el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete hicieron referencia a la situación del empleo y los salarios en la Argentina, con el objetivo de mostrar una mejora en el mercado laboral durante la actual gestión.

Uno de los puntos señalados por el mandatario fue que los salarios que más se desplomaron fueron los del sector público. De acuerdo con los datos oficiales, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los ingresos estatales tuvieron una caída real del 18,3%, descontando el efecto de la inflación. Sin embargo, ese no fue el único sector afectado: los salarios del sector privado también retrocedieron, aunque en menor medida, con una baja del 3,5% real. En conjunto, el salario formal acumuló una caída del 8,9% en el período analizado.

Otro dato difundido por el Gobierno indica que desde el inicio de la gestión se crearon 113 mil puestos de trabajo. La cifra coincide con las estadísticas del INDEC, pero el detalle muestra que ese crecimiento se explica por el aumento del empleo informal y del trabajo no asalariado. Mientras se sumaron puestos por cuenta propia y empleos no registrados, se redujo la cantidad de puestos formales y estatales.

Además, el incremento del empleo fue menor al crecimiento de la población en edad de trabajar. Según el análisis citado por Chequeado, los puestos laborales subieron 0,6%, mientras que la población en edad laboral creció 2% en el mismo período.

El Gobierno también destacó una mejora en los ingresos de los trabajadores no registrados. Los datos del INDEC muestran una suba del 31,3% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. No obstante, distintos especialistas plantean dudas sobre la forma en que se captan esos ingresos en las encuestas, especialmente en contextos de alta inflación, donde puede haber subdeclaración o distorsiones en la comparación con períodos anteriores.

De esta manera, aunque algunas cifras difundidas por el Gobierno tienen respaldo en estadísticas oficiales, el análisis completo muestra un escenario más complejo: caída del salario real, retroceso del empleo formal y crecimiento de ocupaciones informales o de menor remuneración.

La exposición de Manuel Adorni en el Congreso estuvo lejos de llevar tranquilidad. El jefe de Gabinete llegó a Diputados para defender la gestión libertaria, pero terminó envuelto en fuertes críticas de la oposición, que apuntó tanto contra su situación patrimonial como contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Una de las voces más duras fue la de la diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, quien cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y aseguró que el oficialismo intenta construir un relato alejado de la vida cotidiana de los argentinos. “Adorni está demasiado complicado, lo mejor que puede hacer es renunciar”, afirmó la legisladora, en referencia a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete.

De la Rosa también rechazó el diagnóstico presentado por Adorni sobre la situación del país. Según la diputada, el funcionario describió una “realidad paralela” que no coincide con lo que ocurre en la calle, donde se profundizan los problemas de empleo, consumo y producción. En ese sentido, advirtió sobre la caída de la actividad en comercios, construcción e industria, sectores especialmente golpeados por el modelo de ajuste aplicado por la administración libertaria.

La crítica se centró además en el impacto federal de las medidas del Gobierno nacional. La legisladora formoseña denunció la reducción de recursos a las provincias, el freno de obras públicas, los recortes en programas sociales y la preocupación por las cajas previsionales. Para De la Rosa, el Gobierno de Milei traslada el costo del ajuste a las jurisdicciones, que deben responder a una crisis social creciente con menos herramientas y menos financiamiento.

La presentación de Adorni también estuvo marcada por un clima de tensión política en el recinto. Legisladores opositores lo recibieron con carteles, chicanas y cuestionamientos, mientras el oficialismo intentó respaldar a uno de los funcionarios más visibles del Gobierno. Sin embargo, lejos de despejar dudas, la jornada dejó expuesta la fragilidad de un discurso oficial que insiste en mostrar orden y éxito, mientras aumentan los reclamos por la falta de respuestas frente al deterioro económico y social.

Una nueva denuncia golpea al Gobierno nacional y pone en el centro de la escena el manejo de fondos públicos. Según distintos reclamos políticos y técnicos, más de un billón de pesos que debían destinarse a la reparación de rutas nunca fue transferido, lo que habría afectado directamente la infraestructura vial en todo el país.

El eje del conflicto se encuentra en los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben financiar el sistema vial. Sin embargo, legisladores y gobernadores sostienen que esos fondos fueron retenidos por la administración nacional, generando un fuerte impacto en las provincias y en la ejecución de obras clave.

El reclamo ya escaló al plano judicial. Intendentes y referentes provinciales avanzan con denuncias formales contra el Ministerio de Economía, al considerar que la falta de envío de estos recursos compromete no solo la infraestructura, sino también la seguridad vial y la actividad económica.

El trasfondo del conflicto revela una tensión cada vez más marcada entre el Gobierno nacional y las provincias. Mientras la Casa Rosada sostiene su política de ajuste fiscal como eje central de su gestión, desde los territorios advierten que ese ordenamiento de las cuentas públicas se traduce en paralización de obras y deterioro de servicios esenciales.

Las cifras son contundentes: el monto retenido habría alcanzado para intervenir gran parte de la red vial nacional, hoy deteriorada y con consecuencias directas en la seguridad y la competitividad logística del país.

En este contexto, la discusión excede lo técnico y se vuelve política. ¿Se trata de una administración eficiente de recursos o de un ajuste que recae sobre las provincias? La respuesta, por ahora, se dirime en tribunales, pero sus efectos ya se sienten en las rutas que siguen esperando inversiones que nunca llegan.

El fenómeno, que impacta con fuerza en regiones históricamente postergadas como el NEA, expone un deterioro estructural del mercado laboral. Más de la mitad de la población admite que no llega a fin de mes y otro amplio sector apenas logra sostenerse “con lo justo”, configurando un escenario donde la estabilidad económica dejó de ser la norma para convertirse en una excepción.

Lejos de tratarse de un problema aislado, los datos reflejan un modelo económico que no logra traducir el ajuste macroeconómico en mejoras concretas para la población. Mientras el Gobierno nacional sostiene su estrategia de ordenamiento fiscal y reducción del gasto, el costo social se manifiesta en la vida cotidiana: más horas de trabajo, menor calidad de vida y una creciente dependencia de redes informales para subsistir.

Incluso sectores tradicionalmente más estables —como empleados formales y jubilados— se ven obligados a buscar ingresos complementarios, lo que evidencia que el problema ya no está vinculado únicamente al desempleo, sino a la insuficiencia del ingreso.

En provincias del norte argentino, donde los niveles de informalidad y vulnerabilidad son históricamente más altos, esta tendencia se agrava. La necesidad de “rebuscarse” se convierte en regla, mientras el consumo cae y las economías regionales pierden dinamismo.

El dato es contundente: solo una minoría logra ahorrar, mientras una amplia mayoría vive al límite o directamente en déficit. Esto plantea un interrogante central sobre la efectividad de la política económica actual: ¿puede considerarse exitosa una estrategia que ordena variables macro, pero deteriora las condiciones de vida de la mayoría?

En este contexto, el crecimiento del pluriempleo deja de ser una opción y pasa a ser una señal de alarma. No se trata de más oportunidades, sino de la evidencia de que un solo trabajo ya no alcanza.

El senador nacional por Formosa, José Mayans, redobló sus críticas hacia el Gobierno nacional con declaraciones que profundizan el clima de confrontación política. En un tono marcadamente duro, el legislador cuestionó el discurso inicial de austeridad del oficialismo y lo contrastó con lo que, según afirmó, es una nueva etapa de concentración de poder y privilegios.

Mayans —con una extensa trayectoria dentro del peronismo y actual referente del bloque opositor en el Senado— viene sosteniendo una línea crítica constante hacia la administración nacional, a la que ya había acusado de perjudicar a las provincias y de carecer de previsibilidad económica.

En este nuevo planteo, el foco estuvo puesto en lo que considera una contradicción central: el contraste entre la narrativa de ajuste y transparencia que impulsó el Gobierno y la aparición de sectores vinculados al poder que, según denunció, hoy exhiben un crecimiento patrimonial o político acelerado.

El planteo no es aislado. Desde hace meses, el senador insiste en que existe un deterioro institucional vinculado a la falta de presupuesto, el aumento de la deuda y la tensión entre Nación y provincias, lo que —a su entender— configura un escenario de incertidumbre económica y política.

Más allá del tono polémico de sus declaraciones, el trasfondo expone una disputa más amplia: la pelea por la legitimidad del rumbo económico y el control del relato político en un contexto de crisis. En ese marco, las críticas de Mayans no solo apuntan a medidas concretas, sino también a lo que define como un cambio en la identidad del oficialismo.

Así, el cruce vuelve a reflejar una dinámica que se repite en el escenario nacional: discursos cada vez más duros, acusaciones cruzadas y una grieta política que lejos de atenuarse, continúa profundizándose.

La iniciativa forma parte del esquema del Corredor Bioceánico, considerado estratégico para el transporte de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico. En ese marco, el gobierno paraguayo ya comenzó gestiones para asegurar el financiamiento necesario, con la mirada puesta en el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

El proyecto cobra especial relevancia en un contexto donde del lado argentino no se registran avances concretos ni definiciones claras en torno a la obra, lo que genera un contraste en la dinámica de gestión entre ambos países. Mientras Paraguay busca alternativas de financiamiento y acelera las gestiones, la infraestructura actual sigue presentando limitaciones para el tránsito, especialmente de cargas pesadas.

Actualmente, el cruce en esa zona resulta insuficiente para acompañar el crecimiento del intercambio comercial, lo que impacta directamente en la competitividad regional. En ese sentido, el nuevo puente aparece como una pieza fundamental para mejorar la circulación, reducir costos logísticos y favorecer la integración fronteriza.

Además del impacto económico, la obra también es vista como un factor clave para el desarrollo de las comunidades del Chaco paraguayo, que podrían beneficiarse con mayor conectividad, movimiento comercial y oportunidades de crecimiento.

En este escenario, la decisión de Paraguay de avanzar con el proyecto y buscar financiamiento internacional vuelve a poner en agenda el debate sobre la inversión en infraestructura estratégica en la región y el rol que juega cada país en los procesos de integración.

La discusión por la inflación vuelve a encenderse en la Argentina. Mientras el dato oficial marca una suba de precios sostenida en los últimos meses, distintos análisis ponen el foco en cómo se mide y qué impacto tiene eso en el resultado final.

Según evaluaciones recientes, si se aplicara una metodología distinta —con una canasta de consumo más actualizada— la inflación registrada sería considerablemente mayor. El cuestionamiento apunta a que el índice actual se basa en parámetros que no reflejan del todo los hábitos reales de consumo de la población.

En ese contexto, especialistas advierten que la medición podría estar dejando afuera aumentos clave, especialmente en rubros sensibles como alimentos, tarifas y servicios, lo que termina “suavizando” el impacto real en el bolsillo.

El debate no es menor: la forma en que se calcula la inflación incide directamente en salarios, jubilaciones y políticas económicas. Por eso, crece la presión para actualizar el sistema de medición y reflejar con mayor precisión el costo de vida actual.

La inflación volvió a encender alarmas en marzo: el índice de precios al consumidor alcanzó el 3,4% mensual, superando el 3% por primera vez en un año y marcando un freno en la tendencia de desaceleración que se venía registrando.

El dato, difundido por el INDEC, refleja una aceleración respecto a febrero, impulsada principalmente por los aumentos en tarifas de servicios, transporte y educación, en un contexto atravesado también por la suba internacional del petróleo.

Uno de los factores clave fue el impacto de los llamados “precios regulados”, que subieron más de 5%, arrastrados por ajustes en servicios públicos y el inicio del ciclo lectivo, que disparó el rubro educación con subas muy por encima del promedio.

Además, el aumento de los combustibles —en medio del conflicto en Medio Oriente— volvió a presionar sobre toda la cadena de precios, afectando especialmente al transporte y al costo de vida en general.

En el acumulado del año, la inflación ya alcanza el 9,4% en el primer trimestre, mientras que la variación interanual se ubica en torno al 32,6%, consolidando un escenario todavía complejo para el bolsillo de los argentinos.

Desde el Gobierno reconocieron el impacto del dato. El propio presidente Javier Milei lo calificó como “malo”, aunque insistió en que esperan retomar el camino descendente en los próximos meses.