Una encuesta realizada por las consultoras Alaska y Trespuntozero reveló que solo el 20,6% de los argentinos considera que su situación económica mejoró desde la asunción del presidente Javier Milei.

En contraste, más de la mitad de los encuestados (56%) aseguró que su realidad económica es peor, mientras que un 21,6% indicó que su situación se mantiene sin cambios, ya sea en un nivel positivo o negativo.

De esta manera, el bloque de percepciones negativas —que incluye a quienes afirman estar peor o igual de mal— alcanza el 66,4%, superando ampliamente a las valoraciones positivas.

El estudio también muestra diferencias según región y perfil social. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el nivel de percepción negativa asciende al 75,6%, mientras que en el interior del país el porcentaje es menor, aunque igualmente mayoritario.

Además, el impacto de la situación económica es más marcado en determinados sectores: mujeres, personas de entre 30 y 49 años y quienes poseen menor nivel educativo presentan los niveles más altos de insatisfacción.

Los datos reflejan un escenario donde la percepción social de la economía continúa siendo un factor central en la evaluación del contexto actual, en medio de un proceso de ajuste y cambios estructurales.

Una joven argentina de 16 años se destacó en el ámbito de la tecnología al desarrollar un robot pensado para intervenir en zonas de desastre, con el objetivo de optimizar las tareas de rescate y reducir riesgos para los equipos humanos.

El proyecto forma parte de competencias de robótica educativa, donde estudiantes deben diseñar soluciones tecnológicas aplicadas a escenarios reales. En este caso, se trata de un robot simulado capaz de operar en entornos peligrosos, como derrumbes, incendios o zonas contaminadas.

La iniciativa apunta a que estos sistemas puedan detectar víctimas, identificar áreas de riesgo y generar información clave antes de que los rescatistas ingresen al lugar. De esta manera, se busca mejorar la planificación y aumentar la seguridad en operativos de emergencia.

Además, el desarrollo se realiza en entornos virtuales, lo que permite probar distintas situaciones sin los costos y limitaciones de los robots físicos, ampliando las posibilidades de aprendizaje y experimentación.

La joven fue seleccionada para representar a la Argentina en una competencia internacional de robótica, donde se evalúan este tipo de proyectos enfocados en el rescate simulado.

Su trabajo se enmarca en el crecimiento de la robótica educativa en el país y refleja el potencial de las nuevas generaciones en el desarrollo de soluciones tecnológicas con impacto social.

La investigación por la muerte de un niño de cuatro años sumó en las últimas horas un dato clave: los estudios médicos confirmaron la existencia de una lesión cerebral.

El hecho ocurrió en Comodoro Rivadavia y es analizado por la fiscalía, que intenta determinar en qué circunstancias se produjo el fallecimiento del menor.

De acuerdo a lo informado, en una primera instancia no se habían detectado signos evidentes de violencia externa. Sin embargo, las pericias posteriores permitieron establecer la lesión, lo que abrió nuevas líneas de investigación.

En este contexto, los investigadores pusieron el foco en la madre del niño y su pareja, quienes estaban a cargo de su cuidado en las horas previas al hecho.

Ambos fueron notificados de la causa, aunque por el momento no se adoptaron medidas definitivas, ya que la investigación continúa en curso.

Mientras tanto, la fiscalía trabaja en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los últimos movimientos del menor, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Un niño de 4 años murió en las últimas horas en Comodoro Rivadavia y el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde ingresó en estado crítico y, pese a los intentos de reanimación, no logró sobrevivir.

Tras el hecho, la Justicia ordenó allanamientos en la vivienda donde el niño se encontraba bajo el cuidado de su madre y su pareja, en el marco de una investigación que busca determinar las circunstancias del fallecimiento.

Según indicaron fuentes médicas, el menor llegó con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y no presentaba antecedentes de enfermedades relevantes, por lo que los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer qué ocurrió.

En paralelo, el entorno familiar paterno manifestó sospechas y denunció posibles situaciones de maltrato previas, lo que sumó tensión al caso y profundizó el reclamo de esclarecimiento.

El hecho también reavivó el debate sobre los sistemas de cuidado y revinculación familiar en casos judicializados, en un contexto donde distintos sectores exigen respuestas claras y medidas preventivas.

La investigación continúa en curso y se espera que en las próximas horas se conozcan avances clave a partir de las pericias forenses.

Un nuevo relevamiento nacional encendió señales de alerta para el Gobierno de Javier Milei: el 65% de los argentinos desaprueba su gestión, mientras que solo el 33,9% la aprueba.

El dato no solo marca un alto nivel de rechazo, sino que además confirma una tendencia en ascenso de la imagen negativa, que viene creciendo de manera sostenida en los últimos meses, según la evolución presentada en el informe.

El malestar social también se refleja en la percepción sobre el rumbo del país: el 63,6% considera que Argentina va en la dirección incorrecta, frente a apenas un 28,3% que cree que el camino es el adecuado.

Pero uno de los datos más sensibles aparece en el plano económico personal. Más de la mitad de los encuestados, el 55,2%, asegura que su situación empeoró en el último año, mientras que solo un 7,6% afirma haber mejorado.

En ese contexto, las principales preocupaciones de la sociedad están directamente vinculadas al bolsillo: llegar a fin de mes y las deudas encabezan la lista con un 22%, seguido por la inflación y el deterioro de los ingresos.

El informe dibuja así un escenario de creciente tensión social, donde la caída del poder adquisitivo y la incertidumbre económica impactan de lleno en la percepción sobre la gestión nacional.

El regreso de los créditos hipotecarios en la Argentina llega con una fuerte contradicción: mientras se promocionan como una oportunidad para acceder a la vivienda propia, en la práctica quedan cada vez más lejos del bolsillo promedio.

Según los últimos cálculos, para acceder a un crédito hipotecario de alrededor de USD 75.000 en el Banco Nación, se necesita demostrar ingresos mensuales elevados, en un contexto donde los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y el empleo muestra señales de fragilidad.

El sistema vigente, basado en créditos UVA —que ajustan por inflación— implica cuotas que pueden variar con el tiempo, lo que suma incertidumbre a quienes buscan financiar su casa.

A esto se suma que las condiciones se endurecieron: hoy no solo se exige estabilidad laboral, sino también un perfil crediticio prácticamente impecable para calificar.

En paralelo, aunque el Banco Nación mantiene una de las tasas más bajas del mercado (alrededor del 6%), el acceso sigue siendo restrictivo frente a otras entidades que directamente requieren ingresos superiores al millón o incluso varios millones de pesos mensuales.

El resultado es claro: el crédito hipotecario vuelve, pero no para todos. En un escenario donde las propiedades siguen valuadas en dólares y los salarios corren detrás de los precios, la posibilidad de comprar una vivienda propia se convierte, otra vez, en un privilegio más que en un derecho.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos y cada vez más interrogantes. En las últimas horas, la Justicia ordenó ampliar los informes sobre los contratos firmados entre la TV Pública y la productora de Marcelo Grandío, un periodista señalado como amigo del funcionario.

El foco ya no está solo en los polémicos vuelos privados a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, sino también en el entramado de relaciones comerciales dentro del Estado. El juzgado a cargo del caso solicitó acceso a los expedientes completos de contratación, documentación contable, circuitos administrativos y la identificación de todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en estos acuerdos y, especialmente, qué ingresos generaron para la productora vinculada al entorno del poder. Todo esto se da en paralelo a una investigación por presuntas dádivas, luego de que testigos aseguraran que el propio Grandío habría financiado los viajes en avión privado del funcionario y su familia.

Las declaraciones judiciales encendieron aún más la polémica. Una testigo clave sostuvo que el viaje habría sido una “invitación”, lo que contradice versiones oficiales que indicaban que los pasajes habían sido abonados por el propio Adorni.

En ese contexto, la Justicia también pidió registros de comunicaciones y detalles sobre los vínculos entre los involucrados, en un intento por reconstruir toda la trama detrás de los contratos y los beneficios otorgados.

El caso pone bajo la lupa no solo la conducta del funcionario, sino también el manejo de recursos públicos y posibles conflictos de intereses dentro de la estructura estatal. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y amenaza con escalar políticamente.

En un contexto donde el ajuste económico golpea de lleno a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes, un dato generó fuerte ruido político en Formosa: el diputado nacional Gerardo González habría recibido un crédito de 206 millones de pesos por parte del Banco Nación.

El caso expone una contradicción difícil de ignorar. Mientras desde el Gobierno nacional se promueve un modelo de recorte del gasto, restricción del crédito y “ordenamiento” económico, aparecen operaciones millonarias vinculadas a dirigentes políticos que generan serios cuestionamientos.

Según trascendió, el legislador —vinculado en su momento a La Libertad Avanza— figura entre los beneficiarios de financiamiento otorgado por la banca pública, en un escenario donde acceder a un crédito para el ciudadano común o una pyme se vuelve cada vez más complicado.

La situación no pasó desapercibida y reaviva el debate sobre el rol del Estado y la transparencia en el manejo de los recursos financieros. ¿Quiénes acceden realmente al crédito en la Argentina del ajuste?

Para comerciantes, emprendedores y familias que enfrentan tasas altas, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, el contraste es evidente: mientras unos hacen malabares para sostenerse, otros acceden a cifras millonarias.

El caso ya genera repercusiones y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre privilegios, política y financiamiento estatal en tiempos de crisis.

Lejos de retroceder ante el freno judicial, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con la reglamentación de la reforma laboral, aun cuando una medida cautelar dejó en suspenso buena parte de sus artículos más controvertidos.

La decisión implica un movimiento político fuerte: mientras la Justicia analiza la constitucionalidad de la norma, el Ejecutivo busca acelerar su aplicación mediante decretos reglamentarios en puntos sensibles como el Fondo de Asistencia Laboral, el banco de horas y nuevas limitaciones al derecho de huelga.

El fallo judicial, impulsado a partir de una presentación de la CGT, había suspendido más de 80 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar derechos laborales básicos y generar perjuicios irreparables.

Sin embargo, lejos de tomar la cautelar como un límite, el Gobierno eligió redoblar la apuesta y avanzar en paralelo, incluso evaluando llevar el conflicto directamente a la Corte Suprema mediante mecanismos extraordinarios.

La reforma laboral, presentada como uno de los pilares del modelo económico libertario, incluye cambios profundos como la flexibilización de condiciones de trabajo, modificaciones en indemnizaciones y restricciones a la actividad sindical, lo que ya había generado rechazo en amplios sectores.

En este contexto, la estrategia oficial abre un nuevo foco de tensión institucional: mientras la Justicia advierte sobre posibles inconstitucionalidades, el Gobierno insiste en avanzar, en una lógica que críticos interpretan como un intento de imponer reformas estructurales aún por encima de los límites legales vigentes.

El conflicto, lejos de resolverse, promete escalar en los tribunales y en la calle, con una disputa de fondo que no solo involucra el mercado laboral, sino también el equilibrio entre poderes en la Argentina actual.

En un nuevo 2 de abril marcado por la memoria y el homenaje a los caídos, el presidente Javier Milei volvió a ubicarse en el centro de la polémica tras su discurso en el acto oficial realizado en Plaza San Martín.

Si bien el mandatario reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, gran parte de su intervención estuvo enfocada en defender su modelo económico y cuestionar a gestiones anteriores, desviando el eje de una fecha históricamente asociada a la unidad nacional.

Durante su discurso, Milei insistió en su idea de que la soberanía no pasa por el rol del Estado, sino por el desarrollo económico del país, planteando que Argentina debe convertirse en una potencia para que los habitantes de las islas “prefieran ser argentinos”.

Esa definición no es nueva, pero vuelve a generar controversia porque implica un cambio de enfoque respecto a la postura histórica argentina, que rechaza la autodeterminación de los isleños por considerarlos una población implantada.

Además, el Presidente aprovechó el acto para apuntar contra lo que denomina “la casta política”, a la que responsabilizó por debilitar el reclamo soberano a lo largo de las últimas décadas, en una lectura que distintos sectores consideran simplificada y funcional a su narrativa política.

El discurso también incluyó una fuerte defensa de las Fuerzas Armadas y del rumbo económico del Gobierno, en un contexto donde la crítica principal apunta a la utilización de una fecha sensible para reforzar posicionamientos ideológicos, en lugar de promover un mensaje de consenso nacional.

En este escenario, el acto por Malvinas volvió a exponer tensiones políticas, con cuestionamientos que señalan que el Gobierno prioriza su agenda interna incluso en momentos que históricamente fueron de unidad y memoria colectiva.