Bancarios se movilizan en Formosa por el posible cierre de tesorerías y advierten por pérdida de empleos
Trabajadores bancarios se movilizaron en Formosa en defensa de las Tesorerías Regionales, frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con el cierre de al menos 12 dependencias en todo el país. La medida, impulsada en el marco de una convocatoria nacional de la Asociación Bancaria, busca visibilizar el impacto directo que tendría esta decisión sobre el empleo y el funcionamiento del sistema.
El secretario de prensa del gremio en la provincia, Cristian Pérez, confirmó que la protesta responde a la preocupación creciente entre los trabajadores. En el caso local, advirtió que al menos 32 familias podrían quedarse sin su fuente de ingresos, lo que agrava el clima de incertidumbre en un contexto económico ya complejo.
Desde el sindicato remarcaron que la movilización tiene como eje central la defensa de los puestos de trabajo. “Si tocan a uno, nos tocan a todos”, señalaron, marcando una postura de unidad frente a lo que consideran un avance sobre derechos laborales. Además, aclararon que el reclamo no está dirigido al gobierno provincial, sino que se enmarca en el rechazo a las políticas nacionales.
En ese sentido, el gremio cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, al sostener que el ajuste fiscal se traduce en recortes que impactan directamente sobre los trabajadores. Para los bancarios, el posible cierre de estas dependencias no solo implica despidos, sino también una reducción en la presencia del Estado en áreas estratégicas.
La protesta incluyó permanencia en la vía pública y medidas de visibilización, aunque desde el sector aclararon que la actividad bancaria continuó con normalidad. No obstante, el conflicto permanece abierto: el sindicato se declaró en estado de alerta y no descarta nuevas acciones en caso de que la medida avance.
El escenario vuelve a poner en discusión el costo social del ajuste. Mientras el Gobierno nacional sostiene la necesidad de reducir el gasto, desde los sectores afectados advierten que esas decisiones tienen consecuencias concretas en el empleo y en la estabilidad de miles de familias.
