Formosa registró una caída de empresas empleadoras y perdió 80 firmas en un año
Formosa volvió a mostrar señales de deterioro en el empleo privado registrado. De acuerdo con los últimos datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la provincia cerró febrero de 2026 con 2.279 empresas empleadoras activas, lo que representa 80 firmas menos que en el mismo mes del año anterior. La contracción interanual fue del 3,4%.
El retroceso se profundiza al ampliar el período de análisis. Desde noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión nacional, Formosa acumula una pérdida de 221 empleadores registrados, equivalente al 8,8% del total. En otras palabras, casi una de cada diez firmas que declaraban al menos un trabajador bajo cobertura del sistema de riesgos del trabajo dejó de figurar en el registro.
La situación provincial se enmarca en un escenario nacional también negativo. En todo el país se perdieron 13.571 empresas durante el último año, una baja del 2,5%, mientras que desde el comienzo de la actual gestión nacional la caída alcanza a 24.046 firmas, lo que representa un retroceso del 4,4%.
En el ranking de jurisdicciones, Formosa aparece en una posición intermedia. Su caída interanual supera a distritos como La Pampa, San Juan, CABA y Santiago del Estero, aunque se mantiene por debajo de los descensos registrados en provincias como La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Misiones. Neuquén fue la única jurisdicción con crecimiento neto, con 48 empresas más y una suba del 0,5%.
El dato resulta relevante por el tamaño del entramado productivo local. Con una base de poco más de dos mil empleadores registrados y una economía con fuerte peso del sector público, cada cierre o salida del sistema formal implica un impacto sensible sobre la actividad privada, la generación de empleo y la dinámica comercial.
El indicador de empresas empleadoras contempla a personas humanas o jurídicas que declaran al menos un trabajador cubierto por el sistema de riesgos del trabajo. Por eso, su evolución suele ser leída como una señal temprana sobre la salud del empleo privado formal y la capacidad del sector productivo para sostener puestos registrados.
