La inflación de abril fue del 2,6%, de acuerdo con los datos difundidos este jueves, y mostró una desaceleración frente al mes anterior. Con este resultado, la variación acumulada en los últimos doce meses llegó al 32,4%.

El nuevo registro confirma una moderación en el ritmo mensual de aumentos, aunque los precios continúan presionando sobre los ingresos de los hogares. La evolución del costo de vida sigue siendo uno de los principales indicadores económicos observados por consumidores, trabajadores, comercios y sectores productivos.

El dato de abril se conoce luego de un período de subas que impactaron especialmente en rubros sensibles para la economía familiar, como alimentos, transporte, servicios y vivienda. En ese escenario, cada variación mensual repercute de manera directa en el poder de compra, sobre todo en los sectores de ingresos fijos.

La medición también será tomada como referencia para negociaciones salariales, actualización de contratos, alquileres y decisiones de consumo. Aunque el porcentaje mensual muestra una baja respecto de meses previos, la inflación interanual todavía refleja un nivel elevado de incremento acumulado.

En el plano económico, el Gobierno nacional sostiene que la desaceleración de precios es uno de los ejes centrales de su programa. Sin embargo, el desafío continúa puesto en consolidar una baja sostenida y lograr que esa mejora se traslade al bolsillo de la población.

De esta manera, el índice de abril vuelve a marcar una señal de moderación, pero mantiene abierta la preocupación por el impacto real de los precios en la vida cotidiana.

La universidad pública volvió a salir a la calle para reclamar respuestas concretas frente a una política nacional que, bajo el gobierno de Javier Milei, mantiene en tensión al sistema educativo superior. Este martes, organizaciones estudiantiles, gremios docentes, investigadores y trabajadores universitarios protagonizaron una nueva marcha federal en distintos puntos del país.

La convocatoria tuvo como eje principal el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en 2025, pero aún reclamada por las instituciones del sector ante el deterioro presupuestario que atraviesan las universidades nacionales.

La movilización central se realizó en Plaza de Mayo y fue acompañada por concentraciones en varias ciudades argentinas. Allí, los manifestantes advirtieron que el ajuste aplicado por la administración libertaria no solo afecta el funcionamiento cotidiano de las casas de estudio, sino también el salario de docentes y nodocentes, los programas de becas y las condiciones de permanencia de miles de estudiantes.

Durante el acto principal, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de gremios del sector leyeron un documento conjunto en el que solicitaron la intervención de la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la ley. El planteo refleja la gravedad del conflicto: las universidades reclaman que el financiamiento no quede sujeto a la decisión política del Ejecutivo, sino que se respete una norma aprobada por el Congreso.

El malestar también apunta al impacto social del recorte. En un contexto de caída del poder adquisitivo y dificultades económicas, la reducción de recursos golpea especialmente a quienes dependen de becas, comedores, investigación, extensión y programas de acompañamiento para sostener sus trayectorias educativas.

La marcha dejó nuevamente en evidencia el rechazo de amplios sectores de la comunidad educativa a la orientación del gobierno nacional. Para estudiantes, docentes y trabajadores, el desfinanciamiento universitario no es solo una discusión presupuestaria: representa un ataque directo a la educación pública, al desarrollo científico y a la posibilidad de ascenso social.

Con una convocatoria considerada una de las más importantes de los últimos meses, el reclamo universitario volvió a instalarse en la agenda nacional y profundizó la presión sobre el gobierno de Milei, acusado por el sector de avanzar con un ajuste que pone en riesgo el presente y el futuro de la universidad pública argentina.

El apoyo social al gobierno de Javier Milei muestra una nueva señal de desgaste. Según un informe de la consultora Sentimientos Públicos, siete de cada diez personas consultadas consideran poco probable volver a votar al Presidente en una eventual búsqueda de reelección en 2027.

El estudio, realizado a nivel nacional sobre 1500 casos, también señala que el 60% de los encuestados afirma no tener “esperanzas” en la actual administración. En ese escenario, el oficialismo conserva un respaldo del 27%, concentrado principalmente en su núcleo más fiel.

De acuerdo con el informe, la base de apoyo libertaria sigue teniendo fuerte presencia entre los jóvenes de 18 a 28 años, donde alcanza el 36%. También aparece por encima del promedio en sectores de mayores ingresos y en algunas provincias vinculadas a la denominada zona minera norte.

El rechazo más elevado se registra en el AMBA, donde llega al 76%, y entre los adultos de 29 a 44 años, segmento en el que ocho de cada diez no ven probable acompañar nuevamente a Milei en las urnas.

Otro dato relevante del relevamiento es la pérdida de apoyo entre quienes lo votaron en 2023. Según la consultora, el Presidente habría perdido el respaldo de casi la mitad de sus votantes de primera vuelta, mientras que entre quienes acompañaron a Patricia Bullrich en aquella elección, la mitad afirma que no lo votaría.

El informe también vincula el deterioro político con la situación económica cotidiana. Más del 45% de los consultados aseguró haber reducido gastos durante el último año, el 40% dijo haberse endeudado y un 15% afirmó haber comenzado a tomar medicación vinculada a la salud mental.

Desde Sentimientos Públicos aclararon que el escenario electoral aún está abierto, pero advirtieron que la promesa libertaria aparece debilitada frente a una sociedad atravesada por la incertidumbre y la pérdida de expectativas.

La preocupación internacional por el hantavirus volvió a crecer luego de un brote detectado en un crucero de lujo, donde se registraron al menos tres muertes. En ese contexto, científicos y especialistas sanitarios advirtieron que, si bien hay investigaciones en marcha para lograr una vacuna, su aprobación y disponibilidad masiva todavía podrían tardar varios años.

Uno de los desarrollos más avanzados es impulsado por investigadores de la Universidad de Bath, en Reino Unido. Según indicaron, la vacuna experimental mostró resultados alentadores en estudios de laboratorio y en modelos animales, por lo que el próximo objetivo será avanzar hacia ensayos en humanos.

Sin embargo, los especialistas remarcan que el proceso no será inmediato. Además de las etapas científicas y regulatorias necesarias para garantizar seguridad y eficacia, uno de los principales obstáculos es la falta de financiamiento para el desarrollo avanzado de vacunas contra este virus.

El hantavirus se transmite principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores infectados. En algunos casos, la enfermedad puede derivar en cuadros respiratorios severos y potencialmente mortales, por lo que las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevención.

Aunque no se trata de un virus nuevo, el reciente episodio reactivó las alertas y abrió interrogantes sobre la preparación de los sistemas sanitarios ante posibles nuevos casos. Por el momento, no existe una vacuna aprobada a nivel global para prevenir la infección, y los expertos consideran que aún podría pasar un tiempo considerable antes de contar con una herramienta disponible para la población.

Una nueva polémica se abrió en torno al otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios públicos. En esta ocasión, el caso involucra a Carolina Olivera, actual titular de la Unidad de Gestión Técnico Operativa del PAMI, quien accedió a un préstamo superior a los 500 millones de pesos.

El crédito habría sido otorgado en octubre de 2025 y, con la actualización de intereses, la deuda actual ya superaría los 565 millones de pesos. El dato fue difundido por el periodista Beto Valdez.

La situación generó repercusión porque Olivera ocupa un cargo dentro del PAMI y, además, está casada con Ezequiel Cabrera, jefe de administración y finanzas de MED-EL Latinoamérica, empresa que mantiene vínculos comerciales con el organismo como proveedora de implantes cocleares. Este punto abrió interrogantes sobre eventuales conflictos de interés.

El caso se suma a la controversia conocida semanas atrás, cuando trascendió que funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas también habían accedido a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos elevados. Desde la entidad bancaria habían señalado que los préstamos fueron otorgados bajo las condiciones habituales, sin excepciones ni trato preferencial.

En ese contexto, sectores de la oposición reclamaron mayor transparencia y solicitaron información sobre las condiciones en las que fueron aprobados estos financiamientos, especialmente cuando involucran a dirigentes o funcionarios vinculados al oficialismo.

Olivera es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires e ingresó al PAMI en 2012. Desde entonces ocupó distintos cargos en áreas vinculadas a Recursos Humanos, hasta ser designada en febrero de 2026 al frente de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.

La situación vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de acceso al crédito estatal, los controles internos y la necesidad de garantizar transparencia cuando los beneficiarios son funcionarios públicos.

El médico y especialista en Salud Pública, Óscar Atienza, expresó su preocupación por el incremento de casos de hantavirus en el país y advirtió sobre la circulación de la denominada variante Andes, detectada principalmente en la región patagónica.

Según explicó, el hantavirus es una enfermedad viral que se transmite originalmente por el contacto con roedores, especialmente el “ratón cola larga”. Sin embargo, algunas variantes pueden generar contagios entre personas, lo que obliga a reforzar la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención.

Atienza señaló que la enfermedad puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe común, como fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza y malestar general. En los casos más graves, puede derivar en complicaciones pulmonares severas.

El especialista indicó que en Argentina ya se reportaron más de 100 casos, aunque no descartó que la cifra real sea mayor por posibles demoras o subregistros en las notificaciones sanitarias. También advirtió que el período de incubación puede extenderse hasta 40 días, lo que dificulta el rastreo de contactos.

Las zonas endémicas mencionadas incluyen sectores de la Patagonia, el norte argentino y algunas áreas de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, Atienza recomendó evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados, mantener la limpieza de viviendas, depósitos y galpones, y extremar los cuidados en ambientes rurales o con malezas.

Finalmente, remarcó la necesidad de actuar a tiempo para impedir una mayor circulación del virus y fortalecer los controles sanitarios.

El tribunal pidió que el expediente sea enviado en el plazo de un día para poder resolver sobre el caso. La decisión se da luego de que se definiera que la causa debe tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal y no en la Justicia laboral.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal le dio un plazo de 24 horas al juez laboral Raúl Ojeda para que remita el expediente correspondiente al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra distintos artículos de la reforma laboral.

La decisión se conoció luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones resolviera que sea la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la que intervenga en el caso, en línea con el planteo realizado por el Gobierno nacional. Según el fallo, el conflicto de competencia ya se encuentra definitivamente resuelto, por lo que se requirió el envío de la causa en el plazo establecido.

El expediente corresponde a la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa”, vinculada al planteo judicial que había dejado sin efecto más de 80 artículos de la reforma laboral. La resolución lleva las firmas de los jueces de la Sala IV Rogelio Vicenti, Marcelo Duffy y Jorge Eduardo Morán.

Los magistrados ya habían definido la semana pasada que la causa debía salir del ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo y pasar al fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se tramitan los procesos contra el Estado.

El amparo impulsado por la CGT cuestiona distintos puntos de la reforma laboral al considerar que implican una regresión en derechos laborales, afectan la libertad sindical y vulneran principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional.

Entre los aspectos señalados por la central obrera se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.

De esta manera, el expediente queda en el centro de una disputa judicial clave para el futuro de la reforma laboral, mientras el Gobierno busca que el caso sea tratado en el fuero Contencioso Administrativo Federal y la CGT sostiene sus cuestionamientos sobre el impacto de las modificaciones en los derechos de los trabajadores.

El estudio, realizado sobre 2.000 casos entre el 25 de abril y el 1 de mayo, también muestra una marcada brecha de género en la evaluación del Gobierno y un escenario electoral abierto de cara a 2027.

El informe “Domingo de Datos” de mayo 2026, elaborado por la consultora Zuban Córdoba, expone un escenario político complejo para el Gobierno nacional, con altos niveles de desaprobación, desgaste en la imagen de dirigentes oficialistas y una fuerte demanda social de cambio de cara al próximo proceso electoral.

Según el relevamiento, la aprobación del Gobierno nacional se ubica en 34,3%, mientras que la desaprobación alcanza el 64,5%. Apenas un 1,2% de los encuestados respondió “no sabe”. En la comparación mensual, el estudio señala que la desaprobación se mantiene en niveles elevados, luego de haber marcado un 65% en abril y un 64,5% en mayo.

Uno de los datos destacados del informe es la brecha de género. Entre los hombres, la desaprobación llega al 59,4%, mientras que entre las mujeres asciende al 69,5%. En tanto, la aprobación es del 38,5% en el segmento masculino y del 30,1% en el femenino.

El trabajo también indaga sobre el clima político general y plantea una cifra significativa: el 71,2% de los argentinos considera que “hace falta un cambio de gobierno en Argentina”. Frente a esa afirmación, un 21% se manifestó en desacuerdo y un 7,8% respondió que no sabe. Entre las mujeres, el nivel de acuerdo con la necesidad de un cambio trepa al 76,9%, mientras que entre los hombres alcanza el 65,1%.

En el módulo de imágenes, el informe muestra que varios referentes del oficialismo presentan altos niveles de imagen negativa. Javier Milei registra una imagen negativa del 60,6%, mientras que Patricia Bullrich alcanza el 55,5%, Karina Milei el 66,3% y Manuel Adorni el 72,1%. En el caso de Adorni, la serie comparada muestra una caída de su imagen positiva, que pasó del 42,7% en una medición anterior al 16,5% en mayo.

De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el relevamiento presenta distintos escenarios. En uno de ellos, PJ-Fuerza Patria aparece con 28,4%, seguido por La Libertad Avanza con 22,1%, mientras que un 27,2% aún no sabe por qué espacio votaría. En un segundo escenario, el PJ-Fuerza Patria sube al 31,7%, La Libertad Avanza alcanza el 23,9% y el nivel de indecisos se ubica en 30,5%.

El informe también mide potencialidades de voto de diferentes dirigentes. Axel Kicillof aparece con 44,1% de votabilidad, seguido por Sergio Massa con 34,6%, Patricia Bullrich con 32,4%, Victoria Villarruel con 31,7% y Javier Milei con 31,4%. En contrapartida, Milei registra un 57,2% de rechazo ante una eventual candidatura, mientras que Bullrich alcanza el 56,4% y Mauricio Macri el 56,8%.

La ficha técnica indica que el estudio se realizó sobre población general mayor de 16 años, con una muestra de 2.000 casos, un error de muestreo de +/- 2,19% y un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se desarrolló entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, mediante una técnica mixta compuesta por 20% mailing y 80% CAWI.

En su análisis, la consultora sostiene que el escenario de mayo refleja una tendencia consolidada más que una variación coyuntural. El informe concluye que la sociedad argentina parece tener mayor claridad sobre lo que rechaza que sobre la alternativa que desea respaldar, en un contexto donde el Gobierno pierde iniciativa política y la oposición aún no logra ordenar una oferta de representación ampliamente confiable.

El Gobierno nacional atraviesa un escenario de creciente desgaste político, según el último informe DDD Mayo 2026 elaborado por Zuban Córdoba y Asociados. El relevamiento muestra que apenas el 34,3% de los consultados aprueba la gestión, mientras que el 64,5% la desaprueba.

La encuesta fue realizada entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2026, sobre una muestra de 2.000 casos de población mayor de 16 años, con un margen de error de ±2,19% y un nivel de confianza del 95%.

Uno de los datos más sensibles para el oficialismo aparece en la comparación por género. Entre los hombres, la desaprobación alcanza el 59,4%, pero entre las mujeres sube al 69,5%. La diferencia confirma una brecha que el Gobierno no logra revertir y que podría transformarse en un límite electoral hacia 2027.

El informe también registra un deterioro en la imagen de los principales dirigentes del espacio oficialista. Javier Milei alcanza un 60,6% de imagen negativa, mientras que Manuel Adorni llega al 72,1%. Karina Milei también aparece con niveles superiores al 65% de rechazo.

La señal más fuerte del relevamiento está en la pregunta sobre el futuro político del país: el 71,2% considera que hace falta un cambio de gobierno en Argentina. Solo el 21% se manifiesta en desacuerdo. Entre las mujeres, la demanda de cambio asciende al 76,9%.

El estudio también marca una advertencia dentro del propio electorado libertario. Entre quienes votaron a Milei en el ballotage, el 40,1% está de acuerdo con la frase “Voté a Milei y me defraudó”. Aunque el núcleo duro conserva una porción importante de respaldo, el dato expone fisuras en la base electoral que llevó al Presidente al poder.

De cara a 2027, los escenarios electorales muestran un panorama abierto y fragmentado. En una de las simulaciones, La Libertad Avanza aparece con 28,4%, seguida por PJ-Fuerza Patria con 22,1%, mientras que el 27,2% aún no define su voto. En otro escenario, PJ-Fuerza Patria alcanza el 31,7%, La Libertad Avanza queda en 23,9% y los indecisos llegan al 30,5%.

El informe deja una conclusión política de fondo: el rechazo al Gobierno es mayoritario, pero la oposición todavía no capitaliza plenamente ese descontento. La sociedad parece tener más claro lo que no quiere que la alternativa que está dispuesta a acompañar.