Según el informe elaborado por la consultora Zuban Córdoba, el 66,3% de los argentinos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo que confirma que, pese al desgaste, el sistema mantiene un fuerte respaldo simbólico.

Sin embargo, ese apoyo convive con una mirada crítica sobre su desempeño actual. Casi la mitad de los encuestados, un 48,6%, evalúa como inadecuado el funcionamiento de la democracia, frente a un 42% que lo considera adecuado.

El estudio, realizado sobre 1500 casos en todo el país, también refleja que la memoria sobre la última dictadura sigue presente, aunque con matices. Un 68,6% coincide en que el período entre 1976 y 1983 implicó violaciones a los derechos humanos, crisis económica y pérdida de libertades, mientras que aún persisten sectores que relativizan esa visión.

En esa línea, el 57,4% considera “muy importante” mantener viva la memoria, lo que muestra que, pese a las tensiones políticas actuales, existe un consenso mayoritario sobre la necesidad de recordar lo ocurrido.

Otro dato que enciende alertas es la percepción sobre la formación democrática: solo un 15,8% cree que la educación prepara suficientemente a los jóvenes para la vida democrática, mientras que la mayoría sostiene que lo hace de manera insuficiente o directamente no los prepara.

El informe plantea un escenario claro: la democracia no está en discusión como concepto, pero sí como experiencia real. La sociedad argentina sigue eligiendo este sistema, aunque con niveles crecientes de desconfianza, frustración y desgaste institucional.

En un contexto donde también resurgen discursos negacionistas y visiones contrapuestas sobre el pasado reciente, los datos muestran que el consenso social existe, pero ya no es homogéneo ni incuestionable.

A 50 años del quiebre institucional más grave de la historia argentina, el mensaje es contundente: la democracia aún conserva legitimidad, pero ese capital no es infinito.

Un país más solo en materia de salud

La OMS, creada para coordinar respuestas ante emergencias sanitarias globales, es un organismo clave en la provisión de asistencia técnica, cooperación científica y acceso a programas internacionales.

Salir de ese esquema implica, en términos concretos, perder herramientas, financiamiento indirecto y coordinación frente a futuras crisis.

Mientras el gobierno argumenta diferencias ideológicas y cuestiona el rol del organismo durante la pandemia, especialistas advierten que el costo real lo puede terminar pagando la población.

Una decisión política alineada con el aislamiento internacional

La salida de Argentina se inscribe en una línea ideológica clara del gobierno de Milei, que ya había criticado duramente a la OMS y su rol durante el COVID-19, al punto de calificar algunas medidas sanitarias como “catástrofes económicas”.

No es casual: la decisión sigue el mismo camino que adoptaron otros gobiernos con posiciones similares, priorizando una lógica de “soberanía” por sobre la cooperación internacional.

El riesgo: menos herramientas, más incertidumbre

En medio de un sistema de salud que ya viene golpeado por recortes, falta de insumos y creciente demanda, la salida de la OMS abre un interrogante inevitable:

¿Está Argentina en condiciones de enfrentar sola futuras crisis sanitarias?

La decisión no es menor. Porque mientras el gobierno celebra independencia, lo que muchos ven es otra señal de aislamiento en un área tan sensible como la salud pública.

En medio del debate por la reforma política que impulsa el presidente Javier Milei, algunos gobernadores que hasta ahora venían acompañando varias iniciativas del Gobierno nacional comenzaron a mostrar diferencias al rechazar la eliminación de las PASO, una de las principales propuestas dentro del paquete de cambios electorales.

La postura generó cuestionamientos dentro del escenario político, ya que muchos de esos mandatarios habían respaldado previamente proyectos del oficialismo en el Congreso, incluso aquellos que impactaron directamente en la economía y el bolsillo de la población.

Sin embargo, cuando la discusión comenzó a afectar el funcionamiento interno de los partidos y las estrategias electorales provinciales, varios de esos gobernadores decidieron marcar un límite.

Según trascendió en el debate político, los mandatarios provinciales consideran que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias cumplen un rol importante dentro del sistema electoral, ya que permiten ordenar las candidaturas y dirimir internas dentro de los espacios políticos.

El rechazo a la eliminación de las PASO generó así una señal de alerta dentro del propio esquema de apoyos que el Gobierno venía construyendo para avanzar con su agenda legislativa.

Críticas por “doble discurso”

En medio de la discusión, distintos sectores comenzaron a cuestionar la postura de los gobernadores que ahora buscan frenar la reforma electoral.

Las críticas apuntan a lo que consideran un doble discurso político: acompañar medidas nacionales que afectan a la población, pero marcar distancia cuando las decisiones impactan directamente en los intereses de la dirigencia política o en las estructuras partidarias.

El debate por las PASO vuelve a poner en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, en un escenario político donde las alianzas aparecen cada vez más frágiles.

Mientras tanto, la discusión por la reforma electoral promete seguir escalando en el Congreso, donde el oficialismo necesitará nuevamente negociar apoyos para avanzar con uno de los proyectos que considera clave dentro de su agenda política.

El Gobierno nacional llegó al poder con una promesa clara: bajar la inflación y estabilizar la economía argentina. Sin embargo, a más de un año de gestión, la discusión sobre los precios sigue instalada en la vida cotidiana de millones de argentinos.

En los últimos días, el ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que el país atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, una explicación técnica que desde el oficialismo utilizan para justificar la reconfiguración de los valores en distintos sectores de la economía.

Según esta mirada, durante años algunos precios —como tarifas, combustibles o servicios— habrían estado artificialmente atrasados y ahora se estarían acomodando a valores más “reales”.

Pero esa explicación no termina de convencer a gran parte de la sociedad. En supermercados, almacenes y comercios de barrio, muchos consumidores siguen percibiendo que los precios continúan subiendo, especialmente en productos de consumo básico.

Alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales muestran variaciones frecuentes, lo que genera una sensación extendida de que el costo de vida sigue siendo alto, más allá de las estadísticas oficiales.

En ese contexto, también aparecen dudas sobre cómo se reflejan realmente los precios en los índices de inflación, ya que muchas familias aseguran que el dinero rinde cada vez menos a la hora de llenar el changuito.

Economistas advierten que la llamada “corrección de precios relativos” puede ser un proceso necesario en términos macroeconómicos, pero también reconocen que su impacto en el bolsillo de la gente suele sentirse de manera directa y muchas veces dolorosa.

Mientras el Gobierno defiende su estrategia económica y asegura que la inflación continuará bajando, en la calle el debate sigue abierto: ¿los números reflejan realmente lo que ocurre en las góndolas?

La respuesta, para muchos argentinos, parece estar menos en los informes económicos y más en la experiencia cotidiana de cada compra.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, una cifra que se mantiene prácticamente sin cambios respecto al mes anterior y que lleva el aumento de precios al 33,1% interanual.

Desde el Gobierno nacional destacaron el dato como parte del proceso de desaceleración inflacionaria que aseguran haber iniciado desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, en la vida cotidiana el panorama parece más complejo: en supermercados, comercios de barrio y servicios básicos, muchos consumidores siguen encontrando subas permanentes en los precios.

De acuerdo con los informes económicos, algunos de los rubros que más presionaron sobre el índice fueron vivienda, tarifas y alimentos, con aumentos por encima del promedio general.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la economía atraviesa una etapa de “corrección de precios relativos”, una explicación que desde el oficialismo utilizan para justificar el reacomodamiento de tarifas y otros valores de la economía.

No obstante, esa explicación técnica choca con la percepción de muchos argentinos. Para gran parte de la población, la inflación puede mostrar una desaceleración en las estadísticas, pero el costo de vida sigue siendo alto y el dinero cada vez alcanza menos en las góndolas.

Economistas advierten que, aunque el índice inflacionario se redujo en comparación con los niveles extremos registrados en 2023, la inflación mensual todavía se mantiene cerca del 3%, un nivel que sigue siendo elevado para una economía que busca estabilizarse.

En ese contexto, el debate vuelve a instalarse en la calle: ¿la inflación realmente está bajando o simplemente cambió la forma en que se explica el aumento de los precios?

Mientras el Gobierno insiste en que el proceso económico está encaminado, la sensación en muchos hogares argentinos continúa siendo la misma: llenar el changuito del supermercado sigue siendo cada vez más difícil.

Una reciente encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados muestra un amplio rechazo de la sociedad argentina ante la posibilidad de una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con el relevamiento, el 72,7% de los consultados se manifestó en contra del conflicto, mientras que solo el 14,2% se mostró a favor y un 13,1% respondió que no sabe o no tiene una posición definida. 

El estudio también analizó las respuestas según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Sergio Massa, el rechazo al conflicto alcanza el 91,9%, mientras que entre los votantes de Javier Milei el 53,4% también se pronuncia en contra, aunque existe un 29,2% que sí apoya la guerra. 

Otro dato relevante del informe está vinculado a la política exterior argentina. Ante la pregunta sobre si la postura del presidente Javier Milei en este conflicto representa a todos los argentinos, el 66,4% respondió que no, mientras que el 20,7% considera que sí y el 12,9% no tiene una opinión formada. 

La encuesta se realizó entre el 10 y el 11 de marzo de 2026, sobre 1200 casos en todo el país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,83%. 

Los resultados reflejan una clara inclinación de la opinión pública argentina en contra de la escalada bélica, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y debates sobre el posicionamiento del gobierno argentino frente a los conflictos globales.

El dato refleja que, pese a los discursos oficiales sobre una desaceleración de precios difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la dinámica inflacionaria en productos básicos continúa golpeando el bolsillo de las familias.

De acuerdo con el relevamiento, el incremento se produjo luego de una semana sin variaciones en el rubro, lo que marcó un cambio de tendencia. Solo la primera semana de febrero, con un 2,6%, registró un salto mayor.

La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 4%, apenas 0,2 puntos por debajo de la medición anterior, pero todavía por encima del promedio de meses previos.

Los alimentos que más aumentaron en la semana

El informe señala que más de dos tercios de la inflación semanal estuvieron explicados por las subas en carnes y bebidas.

Entre los principales incrementos se destacan:

·         Bebidas: 3,6%

·         Aceites: 3,2%

·         Azúcar y dulces: 2,1%

·         Carnes: 1,8%

·         Lácteos: 1,6%

Además, el reporte marcó un fuerte aumento en la cantidad de productos con subas de precios, alcanzando el 20% de la canasta relevada, lo que evidencia una mayor dispersión de incrementos respecto a la semana anterior.

Subas que también se reflejan en el mes

En el acumulado mensual, los rubros que más aumentaron fueron:

·         Bebidas: 5,9%

·         Carnes: 5,5%

·         Panificados y pastas: 5,1%

·         Lácteos y huevos: 3,4%

Estos números reflejan que la presión inflacionaria se mantiene especialmente en los productos de consumo cotidiano.

El cierre de febrero ya anticipaba la tendencia

La última semana de febrero también había mostrado aumentos en alimentos. Según la consultora EcoGo, el rubro registró una suba del 0,5% semanal, consolidando un escenario de incrementos sostenidos en la canasta básica.

El informe indicó que la variación mensual promedio fue del 2,9%, mientras que en términos interanuales el aumento alcanza el 38,3%, un indicador que sigue impactando con fuerza en el poder de compra de los hogares.

Dentro de ese escenario, el rubro carnes fue uno de los más presionados, con un incremento mensual del 5,2% y un alza interanual del 45,5%, lo que explica parte del deterioro en el consumo.

También los aceites y grasas mostraron fuertes aumentos en febrero, con una suba del 6,8%, acumulando 12,2% en lo que va del año.

Mientras tanto, algunos productos mostraron variaciones más moderadas. Las frutas registraron una leve baja del 0,4%, impulsada por la caída en el precio de la manzana, mientras que las verduras subieron 3,2%, aunque con menor intensidad que en enero.

Con estos números, el arranque de marzo vuelve a mostrar señales de presión inflacionaria en los alimentos, uno de los componentes más sensibles del gasto familiar.

Las provincias argentinas dejaron de recibir casi $1 billón en fondos de coparticipación durante el primer bimestre de 2026, producto de la fuerte caída en la recaudación de impuestos nacionales. El dato refleja el impacto directo que la desaceleración económica está teniendo sobre las finanzas provinciales.

De acuerdo con informes económicos difundidos en medios nacionales, la recaudación cayó en términos reales 7,6% en enero y 9,7% en febrero, lo que redujo significativamente la masa de recursos que el Gobierno nacional distribuye automáticamente entre las provincias.

En total, los distritos perdieron $964.619 millones en apenas dos meses, principalmente por la menor recaudación de impuestos vinculados al consumo y la actividad económica, como el IVA y Ganancias.

El escenario genera preocupación en las administraciones provinciales, ya que gran parte de sus presupuestos dependen de los fondos que envía la Nación. En provincias del norte argentino, como Formosa, donde la coparticipación representa un componente central de los ingresos públicos, cualquier caída en estas transferencias puede traducirse en mayores dificultades para sostener gastos, obras o programas estatales.

Al mismo tiempo, el deterioro de los ingresos fiscales abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, especialmente en medio del debate por una eventual reforma tributaria que podría modificar impuestos clave para las provincias.

Con menos recursos en las arcas provinciales y una economía que todavía no muestra signos firmes de recuperación, las provincias enfrentan un año fiscal más complejo y con menor margen para sostener sus cuentas públicas.

El presidente de la compañía, Horacio Marín, explicó que YPF utiliza una política de precios basada en promedios y no reacciona diariamente a las fluctuaciones del crudo, por lo que un aumento temporal del petróleo a raíz de tensiones globales no se trasladaría automáticamente a las estaciones de servicio.

La realidad en Formosa: precios altos y preocupación por el bolsillo

Sin embargo, en Formosa la realidad en los surtidores preocupa a conductores y comerciantes. La provincia registró durante los últimos meses alguno de los precios de combustibles más altos del país, tanto en nafta como en gasoil, situándose por encima del promedio nacional.

Según datos de relevamientos provinciales, la nafta premium y el gasoil premium en Formosa estuvieron entre los valores más elevados a nivel nacional, con diferencias de hasta más de $100 por litro frente a otras jurisdicciones.

Especialistas y consumidores locales advierten que, aunque YPF no proyecta subas inmediatas por el conflicto internacional, otros factores como actualizaciones impositivas nacionales y la estructura de costos local pueden seguir presionando los precios en las estaciones de servicio de la provincia.

Los formoseños ya vienen experimentando el impacto de estos valores más altos del combustible en el bolsillo, lo que se traduce en costos mayores para transporte, logística y productos de la canasta básica, en un contexto donde el combustible representa una porción significativa del gasto familiar y empresarial.

Por ahora, la tranquilidad anunciada por YPF contrasta con la percepción local, donde los valores en surtidores y el efecto acumulado de aumentos anteriores generan preocupación sobre cómo se seguirá trasladando cualquier presión internacional al mercado doméstico de Formosa.

La reciente designación de Luis Naidenoff al frente de la Agencia marca un giro en la trayectoria de uno de los dirigentes más conocidos de la oposición formoseña. Después de varios períodos como senador nacional —donde ocupó roles de peso en el interbloque radical— su paso al ámbito ejecutivo plantea un interrogante central: ¿estamos ante una apuesta técnica o ante un reacomodamiento político?

Naidenoff desarrolló su carrera principalmente en el plano legislativo. Durante años fue una de las voces más visibles del radicalismo formoseño y del espacio opositor a nivel nacional. Sin embargo, el ejercicio parlamentario difiere sustancialmente de la conducción de un organismo ejecutivo.

El Senado implica debate, construcción política y posicionamiento institucional. Una Agencia, en cambio, exige gestión diaria, administración presupuestaria, planificación estratégica y resultados medibles. Son lógicas distintas.

En los últimos procesos electorales provinciales y nacionales, el radicalismo formoseño no logró consolidar un crecimiento significativo en términos de representación territorial. En ese contexto, la llegada de Naidenoff a un cargo ejecutivo podría leerse como parte de una reconfiguración interna dentro del esquema político nacional.

El punto clave es la idoneidad técnica. En un escenario económico complejo, con restricciones presupuestarias y creciente demanda de eficiencia estatal, los organismos públicos requieren perfiles especializados y experiencia en administración. La sociedad reclama profesionalización y reducción de la lógica partidaria en la ocupación de cargos estratégicos.

No se trata de cuestionar la trayectoria política de Naidenoff, sino de analizar si esa trayectoria se traduce en capacidades ejecutivas concretas para el área que ahora deberá conducir.

El desafío será demostrar, con gestión y resultados, que el paso del recinto parlamentario al escritorio ejecutivo no responde a la lógica tradicional del reciclaje político, sino a una decisión basada en capacidad operativa.

En tiempos donde la confianza en la dirigencia atraviesa niveles bajos a nivel nacional, cada nombramiento público se convierte en un mensaje. Y el mensaje que hoy espera la ciudadanía no es político: es eficiencia.