La crisis económica empieza a mostrar un nuevo frente de preocupación: la morosidad ya no solo afecta a las familias, sino también a las empresas.

Según datos recientes, una de cada ocho firmas presenta atrasos en el pago de sus créditos, reflejando el impacto de un contexto cada vez más complejo para la actividad económica.

El fenómeno marca un cambio de escenario. Durante meses, el problema estuvo concentrado en los hogares, pero ahora la falta de liquidez y la caída del consumo comienzan a golpear directamente al sector productivo.

Efecto dominó en la economía

El aumento de la morosidad empresarial no es un dato aislado. Se vincula con una cadena de factores que se retroalimentan:

✔️ Menor consumo
✔️ Caída de ventas
✔️ Dificultades para afrontar créditos
✔️ Atrasos en pagos

Este “efecto dominó” pone en riesgo la cadena de pagos y puede trasladar el problema a proveedores, trabajadores y otras empresas.

Las pymes, las más golpeadas

El impacto es especialmente fuerte en pequeñas y medianas empresas, que tienen menos margen financiero y dependen directamente del nivel de actividad.

En este contexto, especialistas advierten que el aumento de la morosidad es una señal clara de enfriamiento económico, que podría profundizarse si no mejora el consumo en los próximos meses.

Un problema que se expande

Si bien el nivel de mora en empresas todavía es menor que en familias, viene creciendo de forma sostenida.

De hecho, en el último año el atraso en pagos corporativos aumentó, aunque de manera más moderada que en los hogares, donde el deterioro fue más acelerado.

El dato enciende alertas: cuando las empresas empiezan a tener dificultades para pagar, el problema deja de ser solo social y pasa a ser estructural en la economía.

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en el arranque de 2026. Según datos oficiales, las ventas en supermercados registraron una caída del 1,2% interanual en enero, mientras que en la comparación mensual también se evidenció un retroceso del 1,5% respecto a diciembre.

Este nuevo descenso confirma una tendencia que preocupa: el consumo no logra recuperarse y refleja el impacto directo de la pérdida del poder adquisitivo en los hogares argentinos.

En paralelo, el comportamiento de compra muestra cambios claros. Muchos consumidores migran hacia mayoristas o buscan alternativas más económicas, en un intento por sostener el gasto diario.

Más deuda para sostener el consumo

El deterioro del ingreso también se traduce en una mayor dependencia del crédito. Según informes económicos, el endeudamiento de los hogares sigue siendo elevado, especialmente en el sistema no bancario, donde se concentra gran parte del financiamiento al consumo.

Incluso, la morosidad en este tipo de créditos muestra niveles altos, lo que enciende alertas sobre la capacidad de pago de muchas familias.

Menos consumo, más ajuste

El escenario actual muestra un patrón claro:
✔️ Menos compras en supermercados
✔️ Cambios en hábitos de consumo
✔️ Mayor uso del crédito para gastos básicos

En este contexto, los analistas coinciden en que el consumo sigue condicionado por la inflación, la caída del salario real y la incertidumbre económica.

Según datos del sector, hoy cada argentino consume apenas 47,3 kilos de carne por año, muy lejos de los niveles históricos y casi 15 kilos menos que hace dos décadas.

Pero el dato no es solo estadístico. Es social. Y es político.

La caída no responde a un cambio cultural, sino a una realidad económica cada vez más dura: precios que suben por encima de la inflación, menor producción y un mercado interno cada vez más debilitado.

Mientras tanto, las exportaciones crecen y la carne se vuelve cada vez más inaccesible para los propios argentinos. Es decir, el producto estrella del país… cada vez está más lejos de la mesa de su propia gente.

El resultado es evidente: menos consumo, menos acceso y una transformación forzada en los hábitos alimentarios. Lo que antes era cotidiano, hoy se convierte en un lujo.

A esto se suma otro dato preocupante: el consumo interno perdió protagonismo dentro del total de la producción nacional, en un escenario donde el mercado externo gana terreno y el consumo local retrocede.

La pregunta es inevitable:
¿cómo puede ser que en uno de los principales países productores de carne del mundo, cada vez menos argentinos puedan consumirla?

La respuesta parece estar en una combinación de factores que incluyen precios desbordados, caída del poder adquisitivo y decisiones económicas que, una vez más, dejan al ciudadano común en segundo plano.

Porque mientras los números cierran para algunos sectores…
en la mesa de los argentinos, cada vez falta más.

El fenómeno no es aislado ni coyuntural. Según distintos relevamientos privados, el crédito no bancario —principalmente el que ofrecen fintechs y billeteras digitales— atraviesa un deterioro acelerado, con niveles de incumplimiento que superan ampliamente al sistema financiero tradicional.

Detrás de estos números hay una realidad mucho más profunda: salarios que no alcanzan, consumo sostenido con deuda y tasas que asfixian. En muchos casos, los préstamos en este circuito tienen intereses hasta un 90% más altos que los bancos, lo que convierte a estas herramientas en una trampa difícil de abandonar.

La situación se vuelve aún más preocupante al analizar la evolución: en poco más de un año, la proporción de créditos en situación normal cayó drásticamente, mientras crecen los casos considerados directamente “irrecuperables”.

Lejos de ser una solución, el acceso fácil al crédito digital parece haber profundizado el problema. Plataformas que prometían inclusión financiera hoy son señaladas por alimentar un sistema donde cada vez más personas se endeudan para cubrir gastos básicos, entrando en un círculo del que resulta casi imposible salir.

El dato es contundente y deja una pregunta incómoda:
👉 ¿Se está sosteniendo el consumo con deuda mientras se deteriora el ingreso real?

Lo cierto es que el crecimiento de la mora no solo refleja dificultades individuales, sino un problema estructural que atraviesa a toda la economía. Analistas advierten que este escenario podría tener efectos en cadena, impactando también en el sistema financiero en su conjunto.

Mientras tanto, la realidad golpea en silencio: cada vez más argentinos dependen del crédito para vivir, pero ya no pueden pagarlo.

Según el informe elaborado por la consultora Zuban Córdoba, el 66,3% de los argentinos considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, lo que confirma que, pese al desgaste, el sistema mantiene un fuerte respaldo simbólico.

Sin embargo, ese apoyo convive con una mirada crítica sobre su desempeño actual. Casi la mitad de los encuestados, un 48,6%, evalúa como inadecuado el funcionamiento de la democracia, frente a un 42% que lo considera adecuado.

El estudio, realizado sobre 1500 casos en todo el país, también refleja que la memoria sobre la última dictadura sigue presente, aunque con matices. Un 68,6% coincide en que el período entre 1976 y 1983 implicó violaciones a los derechos humanos, crisis económica y pérdida de libertades, mientras que aún persisten sectores que relativizan esa visión.

En esa línea, el 57,4% considera “muy importante” mantener viva la memoria, lo que muestra que, pese a las tensiones políticas actuales, existe un consenso mayoritario sobre la necesidad de recordar lo ocurrido.

Otro dato que enciende alertas es la percepción sobre la formación democrática: solo un 15,8% cree que la educación prepara suficientemente a los jóvenes para la vida democrática, mientras que la mayoría sostiene que lo hace de manera insuficiente o directamente no los prepara.

El informe plantea un escenario claro: la democracia no está en discusión como concepto, pero sí como experiencia real. La sociedad argentina sigue eligiendo este sistema, aunque con niveles crecientes de desconfianza, frustración y desgaste institucional.

En un contexto donde también resurgen discursos negacionistas y visiones contrapuestas sobre el pasado reciente, los datos muestran que el consenso social existe, pero ya no es homogéneo ni incuestionable.

A 50 años del quiebre institucional más grave de la historia argentina, el mensaje es contundente: la democracia aún conserva legitimidad, pero ese capital no es infinito.

Un país más solo en materia de salud

La OMS, creada para coordinar respuestas ante emergencias sanitarias globales, es un organismo clave en la provisión de asistencia técnica, cooperación científica y acceso a programas internacionales.

Salir de ese esquema implica, en términos concretos, perder herramientas, financiamiento indirecto y coordinación frente a futuras crisis.

Mientras el gobierno argumenta diferencias ideológicas y cuestiona el rol del organismo durante la pandemia, especialistas advierten que el costo real lo puede terminar pagando la población.

Una decisión política alineada con el aislamiento internacional

La salida de Argentina se inscribe en una línea ideológica clara del gobierno de Milei, que ya había criticado duramente a la OMS y su rol durante el COVID-19, al punto de calificar algunas medidas sanitarias como “catástrofes económicas”.

No es casual: la decisión sigue el mismo camino que adoptaron otros gobiernos con posiciones similares, priorizando una lógica de “soberanía” por sobre la cooperación internacional.

El riesgo: menos herramientas, más incertidumbre

En medio de un sistema de salud que ya viene golpeado por recortes, falta de insumos y creciente demanda, la salida de la OMS abre un interrogante inevitable:

¿Está Argentina en condiciones de enfrentar sola futuras crisis sanitarias?

La decisión no es menor. Porque mientras el gobierno celebra independencia, lo que muchos ven es otra señal de aislamiento en un área tan sensible como la salud pública.

En medio del debate por la reforma política que impulsa el presidente Javier Milei, algunos gobernadores que hasta ahora venían acompañando varias iniciativas del Gobierno nacional comenzaron a mostrar diferencias al rechazar la eliminación de las PASO, una de las principales propuestas dentro del paquete de cambios electorales.

La postura generó cuestionamientos dentro del escenario político, ya que muchos de esos mandatarios habían respaldado previamente proyectos del oficialismo en el Congreso, incluso aquellos que impactaron directamente en la economía y el bolsillo de la población.

Sin embargo, cuando la discusión comenzó a afectar el funcionamiento interno de los partidos y las estrategias electorales provinciales, varios de esos gobernadores decidieron marcar un límite.

Según trascendió en el debate político, los mandatarios provinciales consideran que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias cumplen un rol importante dentro del sistema electoral, ya que permiten ordenar las candidaturas y dirimir internas dentro de los espacios políticos.

El rechazo a la eliminación de las PASO generó así una señal de alerta dentro del propio esquema de apoyos que el Gobierno venía construyendo para avanzar con su agenda legislativa.

Críticas por “doble discurso”

En medio de la discusión, distintos sectores comenzaron a cuestionar la postura de los gobernadores que ahora buscan frenar la reforma electoral.

Las críticas apuntan a lo que consideran un doble discurso político: acompañar medidas nacionales que afectan a la población, pero marcar distancia cuando las decisiones impactan directamente en los intereses de la dirigencia política o en las estructuras partidarias.

El debate por las PASO vuelve a poner en evidencia las tensiones entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, en un escenario político donde las alianzas aparecen cada vez más frágiles.

Mientras tanto, la discusión por la reforma electoral promete seguir escalando en el Congreso, donde el oficialismo necesitará nuevamente negociar apoyos para avanzar con uno de los proyectos que considera clave dentro de su agenda política.

El Gobierno nacional llegó al poder con una promesa clara: bajar la inflación y estabilizar la economía argentina. Sin embargo, a más de un año de gestión, la discusión sobre los precios sigue instalada en la vida cotidiana de millones de argentinos.

En los últimos días, el ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que el país atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, una explicación técnica que desde el oficialismo utilizan para justificar la reconfiguración de los valores en distintos sectores de la economía.

Según esta mirada, durante años algunos precios —como tarifas, combustibles o servicios— habrían estado artificialmente atrasados y ahora se estarían acomodando a valores más “reales”.

Pero esa explicación no termina de convencer a gran parte de la sociedad. En supermercados, almacenes y comercios de barrio, muchos consumidores siguen percibiendo que los precios continúan subiendo, especialmente en productos de consumo básico.

Alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales muestran variaciones frecuentes, lo que genera una sensación extendida de que el costo de vida sigue siendo alto, más allá de las estadísticas oficiales.

En ese contexto, también aparecen dudas sobre cómo se reflejan realmente los precios en los índices de inflación, ya que muchas familias aseguran que el dinero rinde cada vez menos a la hora de llenar el changuito.

Economistas advierten que la llamada “corrección de precios relativos” puede ser un proceso necesario en términos macroeconómicos, pero también reconocen que su impacto en el bolsillo de la gente suele sentirse de manera directa y muchas veces dolorosa.

Mientras el Gobierno defiende su estrategia económica y asegura que la inflación continuará bajando, en la calle el debate sigue abierto: ¿los números reflejan realmente lo que ocurre en las góndolas?

La respuesta, para muchos argentinos, parece estar menos en los informes económicos y más en la experiencia cotidiana de cada compra.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, una cifra que se mantiene prácticamente sin cambios respecto al mes anterior y que lleva el aumento de precios al 33,1% interanual.

Desde el Gobierno nacional destacaron el dato como parte del proceso de desaceleración inflacionaria que aseguran haber iniciado desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, en la vida cotidiana el panorama parece más complejo: en supermercados, comercios de barrio y servicios básicos, muchos consumidores siguen encontrando subas permanentes en los precios.

De acuerdo con los informes económicos, algunos de los rubros que más presionaron sobre el índice fueron vivienda, tarifas y alimentos, con aumentos por encima del promedio general.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la economía atraviesa una etapa de “corrección de precios relativos”, una explicación que desde el oficialismo utilizan para justificar el reacomodamiento de tarifas y otros valores de la economía.

No obstante, esa explicación técnica choca con la percepción de muchos argentinos. Para gran parte de la población, la inflación puede mostrar una desaceleración en las estadísticas, pero el costo de vida sigue siendo alto y el dinero cada vez alcanza menos en las góndolas.

Economistas advierten que, aunque el índice inflacionario se redujo en comparación con los niveles extremos registrados en 2023, la inflación mensual todavía se mantiene cerca del 3%, un nivel que sigue siendo elevado para una economía que busca estabilizarse.

En ese contexto, el debate vuelve a instalarse en la calle: ¿la inflación realmente está bajando o simplemente cambió la forma en que se explica el aumento de los precios?

Mientras el Gobierno insiste en que el proceso económico está encaminado, la sensación en muchos hogares argentinos continúa siendo la misma: llenar el changuito del supermercado sigue siendo cada vez más difícil.

Una reciente encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados muestra un amplio rechazo de la sociedad argentina ante la posibilidad de una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con el relevamiento, el 72,7% de los consultados se manifestó en contra del conflicto, mientras que solo el 14,2% se mostró a favor y un 13,1% respondió que no sabe o no tiene una posición definida. 

El estudio también analizó las respuestas según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Sergio Massa, el rechazo al conflicto alcanza el 91,9%, mientras que entre los votantes de Javier Milei el 53,4% también se pronuncia en contra, aunque existe un 29,2% que sí apoya la guerra. 

Otro dato relevante del informe está vinculado a la política exterior argentina. Ante la pregunta sobre si la postura del presidente Javier Milei en este conflicto representa a todos los argentinos, el 66,4% respondió que no, mientras que el 20,7% considera que sí y el 12,9% no tiene una opinión formada. 

La encuesta se realizó entre el 10 y el 11 de marzo de 2026, sobre 1200 casos en todo el país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,83%. 

Los resultados reflejan una clara inclinación de la opinión pública argentina en contra de la escalada bélica, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y debates sobre el posicionamiento del gobierno argentino frente a los conflictos globales.