Desde el organismo provincial denunciaron que la obsesión por el "Déficit Cero" se está traduciendo en una crisis vial sin precedentes. El Puente Blanco, ubicado sobre el riacho Formosa, no es solo una muestra de desidia administrativa, sino una trampa mortal para los miles de vecinos que lo transitan a diario entre vehículos de carga, transporte público y motocicletas.

Lo más grave es la burla a los ciudadanos: a mediados de 2025, Vialidad Nacional había anunciado con bombos y platillos la refacción del puente y la construcción de una estructura complementaria. Sin embargo, al día de hoy, las obras brillan por su ausencia. Mientras tanto, el Gobierno nacional retiene los fondos provenientes del impuesto a los combustibles que pagan todos los usuarios, pero se niega a invertir un solo peso en la seguridad de las rutas federales.

Ante la falta de respuestas, la Defensoría advirtió que llevará el reclamo ante la Justicia Federal. El abandono de la infraestructura básica de conectividad ya no es solo un problema logístico, es una emergencia que compromete la seguridad de los ciudadanos y rompe el equilibrio federal, obligando a las provincias a cubrir con recursos propios el vacío que deja un Estado nacional ausente.

Desde las primeras horas del temporal, el Comando de Prevención y Emergencia, junto con la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, activó sus protocolos de asistencia. Los equipos técnicos se distribuyeron estratégicamente en sectores como el barrio 12 de Octubre, Don Joaquín, San Andrés y la zona de Urbanización Maradona, realizando tareas de limpieza de bocas de tormenta, desobstrucción de canales y cuneteo mecanizado.

Gracias a las labores preventivas realizadas en los días previos, el sistema de drenaje pudo procesar el gran volumen de agua de manera más fluida. Aunque la intensidad de la lluvia generó algunos anegamientos temporales en barrios puntuales, la situación comenzó a normalizarse durante el transcurso de la mañana.

Además de las intervenciones en el sector sur, se trabajó con cooperativas en los barrios Eva Perón, República Argentina y 20 de Julio, reforzando el mantenimiento integral. Actualmente, las autoridades mantienen un monitoreo constante de los puntos clave para asegurar que la ciudad se encuentre preparada ante la posibilidad de nuevas inestabilidades climáticas pronosticadas.

El regreso de los créditos hipotecarios en la Argentina llega con una fuerte contradicción: mientras se promocionan como una oportunidad para acceder a la vivienda propia, en la práctica quedan cada vez más lejos del bolsillo promedio.

Según los últimos cálculos, para acceder a un crédito hipotecario de alrededor de USD 75.000 en el Banco Nación, se necesita demostrar ingresos mensuales elevados, en un contexto donde los salarios vienen perdiendo frente a la inflación y el empleo muestra señales de fragilidad.

El sistema vigente, basado en créditos UVA —que ajustan por inflación— implica cuotas que pueden variar con el tiempo, lo que suma incertidumbre a quienes buscan financiar su casa.

A esto se suma que las condiciones se endurecieron: hoy no solo se exige estabilidad laboral, sino también un perfil crediticio prácticamente impecable para calificar.

En paralelo, aunque el Banco Nación mantiene una de las tasas más bajas del mercado (alrededor del 6%), el acceso sigue siendo restrictivo frente a otras entidades que directamente requieren ingresos superiores al millón o incluso varios millones de pesos mensuales.

El resultado es claro: el crédito hipotecario vuelve, pero no para todos. En un escenario donde las propiedades siguen valuadas en dólares y los salarios corren detrás de los precios, la posibilidad de comprar una vivienda propia se convierte, otra vez, en un privilegio más que en un derecho.

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevos capítulos y cada vez más interrogantes. En las últimas horas, la Justicia ordenó ampliar los informes sobre los contratos firmados entre la TV Pública y la productora de Marcelo Grandío, un periodista señalado como amigo del funcionario.

El foco ya no está solo en los polémicos vuelos privados a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, sino también en el entramado de relaciones comerciales dentro del Estado. El juzgado a cargo del caso solicitó acceso a los expedientes completos de contratación, documentación contable, circuitos administrativos y la identificación de todos los funcionarios que intervinieron en el proceso.

La causa busca determinar si existieron irregularidades en estos acuerdos y, especialmente, qué ingresos generaron para la productora vinculada al entorno del poder. Todo esto se da en paralelo a una investigación por presuntas dádivas, luego de que testigos aseguraran que el propio Grandío habría financiado los viajes en avión privado del funcionario y su familia.

Las declaraciones judiciales encendieron aún más la polémica. Una testigo clave sostuvo que el viaje habría sido una “invitación”, lo que contradice versiones oficiales que indicaban que los pasajes habían sido abonados por el propio Adorni.

En ese contexto, la Justicia también pidió registros de comunicaciones y detalles sobre los vínculos entre los involucrados, en un intento por reconstruir toda la trama detrás de los contratos y los beneficios otorgados.

El caso pone bajo la lupa no solo la conducta del funcionario, sino también el manejo de recursos públicos y posibles conflictos de intereses dentro de la estructura estatal. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y amenaza con escalar políticamente.

Las maniobras conocidas como “willy” —circular en una sola rueda— volvieron a encender las alarmas en Formosa, tras registrarse nuevos siniestros viales vinculados a esta práctica imprudente que, lejos de ser un “juego”, ya dejó heridos de gravedad.

Durante el último fin de semana largo, marcado por una alta circulación vehicular, la Policía intensificó los controles en distintos puntos de la ciudad, en un contexto donde este tipo de conductas se repite con mayor frecuencia, especialmente entre jóvenes motociclistas.

Desde la fuerza advirtieron que estas maniobras no solo ponen en riesgo la vida de quienes las realizan, sino también la de terceros que nada tienen que ver con estas acciones irresponsables. En varios casos recientes, los siniestros estuvieron directamente relacionados con movimientos bruscos, zigzagueos y pérdida de control de los vehículos.

El dato es preocupante: en lo que va del año ya se registraron múltiples intervenciones por este tipo de prácticas, incluso con participación de menores, lo que también abre el debate sobre la responsabilidad familiar y el control sobre el uso de motocicletas.

Pero más allá de los números, el problema de fondo es cultural. El “willy” se naturaliza en redes sociales y en la vía pública como una muestra de destreza o diversión, cuando en realidad se trata de una infracción grave que puede terminar en tragedia.

En ese sentido, especialistas y autoridades coinciden en que no alcanza solo con controles: también es necesario un cambio de conducta. El respeto por las normas de tránsito, el uso del casco y la responsabilidad al conducir siguen siendo claves para evitar que estas prácticas sigan cobrando víctimas.

Mientras tanto, los operativos continuarán en zonas críticas de la ciudad, con el objetivo de frenar una modalidad que, lejos de ser inofensiva, ya dejó consecuencias concretas en las calles formoseñas.

La Municipalidad de Formosa continúa avanzando con un esquema de mantenimiento urbano en diferentes barrios, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y atender las demandas de los vecinos.

Según detalló el jefe de Gabinete municipal, Mauricio Nadalich, actualmente se están ejecutando trabajos en el barrio Evita, donde se realizaron tareas de relleno y compactación en una zona baja, para luego avanzar con el enripiado de las calles.

El funcionario explicó que estas intervenciones no se limitan a un solo sector, ya que también se desarrollan acciones similares en el barrio Virgen del Rosario y en otros puntos del ejido urbano, en el marco de una planificación general.

En ese sentido, señaló que la extensión de la ciudad y el contexto económico actual representan desafíos para sostener el ritmo de trabajo, debido al incremento en los costos de los materiales. No obstante, afirmó que se mantiene una presencia activa en los barrios, siguiendo lineamientos establecidos por la gestión municipal.

Asimismo, Nadalich destacó el rol del personal municipal, remarcando que las tareas se desarrollan de manera continua en toda la ciudad, a pesar de las dificultades operativas.

Por otra parte, hizo un llamado a la colaboración de la comunidad, especialmente en lo que respecta al cuidado del espacio público y la correcta disposición de residuos, al considerar que el mantenimiento de la ciudad es una responsabilidad compartida.

Finalmente, indicó que los trabajos se organizan en función de los reclamos vecinales y que, pese a las complicaciones derivadas de las lluvias y la amplitud del área urbana, el Municipio continúa interviniendo de manera progresiva en distintos barrios.

La Municipalidad de Formosa anunció la implementación de nuevas medidas orientadas a mejorar el cuidado del ambiente y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos, en el marco de una política integral de ordenamiento urbano.

Las acciones apuntan principalmente a reforzar la limpieza en distintos sectores de la ciudad, promover la correcta disposición de residuos y generar mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de preservar el entorno.

Además, se prevé un mayor control en plazas, paseos y espacios verdes, con el objetivo de evitar prácticas que puedan afectar su mantenimiento y conservación. Desde el municipio señalaron que estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y fomentar el uso responsable de los espacios compartidos.

En paralelo, se continuará trabajando en campañas de concientización para incentivar hábitos sostenibles y el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente.

Las autoridades destacaron que estas medidas forman parte de un plan más amplio que combina acciones de prevención, control y educación ambiental, con el objetivo de sostener en el tiempo mejoras en el espacio urbano.

En un contexto donde el ajuste económico golpea de lleno a trabajadores, jubilados y pequeños comerciantes, un dato generó fuerte ruido político en Formosa: el diputado nacional Gerardo González habría recibido un crédito de 206 millones de pesos por parte del Banco Nación.

El caso expone una contradicción difícil de ignorar. Mientras desde el Gobierno nacional se promueve un modelo de recorte del gasto, restricción del crédito y “ordenamiento” económico, aparecen operaciones millonarias vinculadas a dirigentes políticos que generan serios cuestionamientos.

Según trascendió, el legislador —vinculado en su momento a La Libertad Avanza— figura entre los beneficiarios de financiamiento otorgado por la banca pública, en un escenario donde acceder a un crédito para el ciudadano común o una pyme se vuelve cada vez más complicado.

La situación no pasó desapercibida y reaviva el debate sobre el rol del Estado y la transparencia en el manejo de los recursos financieros. ¿Quiénes acceden realmente al crédito en la Argentina del ajuste?

Para comerciantes, emprendedores y familias que enfrentan tasas altas, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo, el contraste es evidente: mientras unos hacen malabares para sostenerse, otros acceden a cifras millonarias.

El caso ya genera repercusiones y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre privilegios, política y financiamiento estatal en tiempos de crisis.

La crisis del consumo ya no es una advertencia, es una realidad concreta en Formosa. Según datos de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas (CAPyMEF), durante febrero las ventas en autoservicios registraron una caída mensual superior al 8%, reflejando el fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Lejos de una recuperación, el escenario expone las consecuencias directas del rumbo económico nacional. Aunque en términos interanuales se registró una suba nominal, la inflación terminó licuando cualquier mejora: en términos reales, las ventas cayeron entre un 13% y un 15%, dejando en evidencia un consumo cada vez más debilitado.

El problema no se limita a los números. Desde el sector advierten que el consumo está “retraído” y que los clientes compran únicamente lo indispensable, dejando de lado marcas y reduciendo el volumen de compra.
Una postal clara de una economía donde el bolsillo no alcanza.

Mientras tanto, los precios siguen en alza. Productos básicos como lácteos registraron nuevos aumentos en abril, profundizando aún más la pérdida de poder adquisitivo y generando un círculo vicioso: suben los precios, cae el consumo y los comercios venden cada vez menos.

A esto se suma otro factor clave: los costos operativos. Desde CAPyMEF remarcan que los ingresos actuales no logran cubrir gastos básicos como energía, combustible y logística, lo que deja a muchos comercios al borde de la rentabilidad negativa.

El dato no es aislado. A nivel nacional, las ventas minoristas de las pymes también cayeron un 5,6% interanual en febrero, acumulando varios meses consecutivos en baja.
Una señal clara de que el freno al consumo no es coyuntural, sino parte de un proceso más profundo.

En este contexto, crecen las críticas al modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. La combinación de ajuste, caída del poder adquisitivo y suba de costos está impactando de lleno en el tejido comercial, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, que sostienen gran parte del empleo.

Hoy, la pregunta ya no es cuándo llegará la recuperación, sino cuánto más podrá resistir el comercio antes de que la crisis se profundice aún más.

La Justicia Federal volvió a intervenir ante falencias en el sistema de salud y ordenó al PAMI y a la obra social Unión Personal en Formosa garantizar la cobertura total de medicamentos, insumos y prestaciones médicas a afiliados que atraviesan situaciones críticas.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N° 2, luego de acciones de amparo impulsadas por la Defensoría del Pueblo provincial ante reiteradas demoras y negativas en la atención. El fallo establece que, en un plazo máximo de 48 horas, deben cumplirse las indicaciones médicas sin restricciones, incluyendo tratamientos complejos como intervenciones neuroquirúrgicas.

Además, la resolución judicial obliga a ambas entidades a autorizar, gestionar y garantizar de manera efectiva todas las prestaciones requeridas por los pacientes, dejando en claro que se trata de situaciones donde están en juego la salud y la vida, por lo que no se admiten dilaciones.

Desde la Defensoría remarcaron que este tipo de fallos expone problemas estructurales en el funcionamiento del sistema, con afiliados que deben recurrir a la Justicia para acceder a derechos básicos. En ese sentido, se cuestionó la capacidad de respuesta del PAMI y se advirtió sobre el nivel de disconformidad tanto de beneficiarios como de prestadores.

El caso se suma a una serie de decisiones judiciales recientes en el país que obligan a garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos, en un contexto donde las restricciones y cambios en la cobertura vienen generando fuerte impacto en jubilados y pacientes con enfermedades complejas.