El respaldo social al modelo económico del Gobierno nacional comienza a mostrar signos de desgaste. A más de un año del inicio de la gestión de Javier Milei, distintos relevamientos reflejan un deterioro en el humor social y un creciente cuestionamiento a las políticas de ajuste impulsadas desde la Casa Rosada.

Según un estudio reciente, una porción significativa de la población ya no respalda uno de los pilares centrales del plan económico: el equilibrio fiscal a cualquier costo. En ese sentido, el 45% de los consultados considera que el Gobierno debería priorizar el bienestar social incluso si eso implica aumentar el déficit, mientras que solo un 32% sostiene que el orden fiscal debe mantenerse aun a costa del malestar social.

El dato expone un cambio de tendencia: la llamada “motosierra”, símbolo del ajuste estatal, empieza a perder legitimidad en sectores que inicialmente acompañaban las medidas. El impacto del recorte del gasto público ya se siente en la vida cotidiana, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y la falta de reactivación económica.

En paralelo, otros estudios también muestran que una parte importante de la sociedad percibe un empeoramiento en su situación económica personal, lo que alimenta el descontento y la incertidumbre sobre el rumbo del país.

El modelo impulsado por el Gobierno, basado en un fuerte ajuste del Estado y la reducción del gasto público, comienza así a enfrentar su mayor desafío: sostener el apoyo social en medio de un escenario económico adverso.

Mientras tanto, crece la presión sobre la gestión nacional para mostrar resultados concretos en materia de recuperación económica y alivio para los sectores más golpeados.

La paciencia de los formoseños que dependen del IASEP se ha agotado. Lo que debería funcionar como un sistema de contención para los trabajadores estatales y sus familias se ha transformado en un verdadero calvario burocrático, diseñado para desgastar y frustrar. En lo que va del 2026, las denuncias se han multiplicado, dejando al descubierto una crisis de gestión profunda y un "hacerse los distraídos" que ya es política institucionalizada.

El panorama que describen los usuarios es desolador. Las filas comienzan en la madrugada, bajo el sol o el frío, solo para intentar conseguir un turno o una autorización que muchas veces es negada. La situación se agrava por un receso administrativo que se extendió de manera inexplicable hasta finales de febrero, frenando trámites críticos, provisiones de medicamentos y autorizaciones urgentes. Para peor, se ha reportado la eliminación de ventanillas exclusivas para personas con discapacidad, violando derechos básicos y sumando una barrera más para los sectores vulnerables.

La degradación del servicio no se detiene en los mostradores. Los afiliados denuncian una disminución constante de los profesionales (médicos y odontólogos) que aceptan trabajar con la obra social, lo que obliga a las familias a pagar cobros extras o coseguros exorbitantes para recibir atención. En el interior, localidades como Laguna Naineck sufren un descontento creciente por las constantes trabas administrativas y la falta de cobertura local, forzando a los vecinos a trasladarse kilómetros por una simple firma.

Sin embargo, el punto culminante de este maltrato es la deshumanización del personal de atención. La urgencia del paciente es recibida con una barrera de frialdad y maltrato. Un testimonio desgarrador expone esta realidad sin filtros: una mujer acudió a las oficinas para pedir la firma del alta médica de su marido, a quien recientemente le habían amputado una pierna. La respuesta que recibió del empleado fue tan absurda como cruel: el trámite debía ser realizado presencialmente por el paciente.

Frente a semejante barbaridad, surge la pregunta lógica y dolorosa: ¿Qué clase de sistema exige la presencia física de una persona a la que le acaban de amputar una extremidad? Es evidente que si va un familiar es porque el paciente no puede por problemas graves de salud. Esta situación ya no es solo burocracia; es una falta total de empatía y humanidad. ¿Cómo se llegó a este nivel de insensibilidad?

La indignación nos lleva a cuestionar la raíz del problema: ¿Está el personal de atención realmente preparado y capacitado para contener a personas que atraviesan situaciones de salud críticas, o simplemente están allí "puestos a dedo" como devolución de un favor político? Mientras la obra social sigue funcionando como una caja de empleo para la militancia en lugar de un centro de servicios profesionales, los formoseños pagan con su salud y su dignidad las consecuencias de un sistema que, hoy más que nunca, parece diseñado para ignorarlos y abandonarlos.

La Escuela de Conductores de la Municipalidad de Formosa llevó adelante una nueva jornada de exámenes prácticos de manejo en el playón municipal, donde aspirantes a obtener su licencia completaron las pruebas bajo la supervisión de agentes de Tránsito.

Durante la actividad, tanto motociclistas como conductores de vehículos pusieron a prueba sus habilidades en un circuito especialmente diseñado con conos, donde se evalúan maniobras básicas, control del vehículo y, en el caso de las motos, el equilibrio y la destreza.

Cronograma regular de prácticas

Desde el área informaron que los exámenes prácticos se desarrollan de manera continua dos veces por semana:
✔️ Miércoles en el Paseo de las Aves
✔️ Sábados en el playón municipal

Este esquema permite que más vecinos accedan a las evaluaciones y se preparen adecuadamente antes de salir a la vía pública.

Formación clave para prevenir siniestros

La implementación sostenida de la Escuela de Conductores forma parte de la política de seguridad vial impulsada por el intendente Jorge Jofré, con el objetivo de garantizar que quienes obtengan su licencia cuenten con las condiciones necesarias para circular.

En ese sentido, cada instancia de evaluación representa un paso fundamental en la formación de conductores responsables, especialmente en una ciudad donde la motocicleta es uno de los medios de transporte más utilizados.

Desde el municipio remarcaron que estas prácticas no solo cumplen un rol administrativo, sino que también constituyen una herramienta clave para reducir riesgos y mejorar la convivencia en el tránsito, promoviendo conductas seguras en la vía pública.

La crisis económica empieza a mostrar un nuevo frente de preocupación: la morosidad ya no solo afecta a las familias, sino también a las empresas.

Según datos recientes, una de cada ocho firmas presenta atrasos en el pago de sus créditos, reflejando el impacto de un contexto cada vez más complejo para la actividad económica.

El fenómeno marca un cambio de escenario. Durante meses, el problema estuvo concentrado en los hogares, pero ahora la falta de liquidez y la caída del consumo comienzan a golpear directamente al sector productivo.

Efecto dominó en la economía

El aumento de la morosidad empresarial no es un dato aislado. Se vincula con una cadena de factores que se retroalimentan:

✔️ Menor consumo
✔️ Caída de ventas
✔️ Dificultades para afrontar créditos
✔️ Atrasos en pagos

Este “efecto dominó” pone en riesgo la cadena de pagos y puede trasladar el problema a proveedores, trabajadores y otras empresas.

Las pymes, las más golpeadas

El impacto es especialmente fuerte en pequeñas y medianas empresas, que tienen menos margen financiero y dependen directamente del nivel de actividad.

En este contexto, especialistas advierten que el aumento de la morosidad es una señal clara de enfriamiento económico, que podría profundizarse si no mejora el consumo en los próximos meses.

Un problema que se expande

Si bien el nivel de mora en empresas todavía es menor que en familias, viene creciendo de forma sostenida.

De hecho, en el último año el atraso en pagos corporativos aumentó, aunque de manera más moderada que en los hogares, donde el deterioro fue más acelerado.

El dato enciende alertas: cuando las empresas empiezan a tener dificultades para pagar, el problema deja de ser solo social y pasa a ser estructural en la economía.

El consumo masivo volvió a mostrar señales de debilidad en el arranque de 2026. Según datos oficiales, las ventas en supermercados registraron una caída del 1,2% interanual en enero, mientras que en la comparación mensual también se evidenció un retroceso del 1,5% respecto a diciembre.

Este nuevo descenso confirma una tendencia que preocupa: el consumo no logra recuperarse y refleja el impacto directo de la pérdida del poder adquisitivo en los hogares argentinos.

En paralelo, el comportamiento de compra muestra cambios claros. Muchos consumidores migran hacia mayoristas o buscan alternativas más económicas, en un intento por sostener el gasto diario.

Más deuda para sostener el consumo

El deterioro del ingreso también se traduce en una mayor dependencia del crédito. Según informes económicos, el endeudamiento de los hogares sigue siendo elevado, especialmente en el sistema no bancario, donde se concentra gran parte del financiamiento al consumo.

Incluso, la morosidad en este tipo de créditos muestra niveles altos, lo que enciende alertas sobre la capacidad de pago de muchas familias.

Menos consumo, más ajuste

El escenario actual muestra un patrón claro:
✔️ Menos compras en supermercados
✔️ Cambios en hábitos de consumo
✔️ Mayor uso del crédito para gastos básicos

En este contexto, los analistas coinciden en que el consumo sigue condicionado por la inflación, la caída del salario real y la incertidumbre económica.

Un fuerte conflicto laboral sacude a distintas localidades del interior de Formosa, donde gremios estatales denuncian una ola de despidos ilegales, persecución y vulneración de derechos laborales en el ámbito municipal.

Desde la CTA Autónoma Formosa alertaron sobre un escenario preocupante que se extiende desde Villa Escolar hasta Misión Laishí, donde trabajadores fueron desvinculados pese a contar, en muchos casos, con estabilidad laboral.

Las protestas se hicieron visibles en los Concejos Deliberantes, donde sindicatos como ATE reclamaron la reincorporación inmediata de los despedidos y advirtieron que acudirán a la Justicia ante la falta de respuestas políticas.

Despidos y polémica en Villa Escolar

Uno de los focos del conflicto se encuentra en Villa Escolar, donde se cuestionaron cesantías que, según denuncian los gremios, responderían a decisiones políticas más que a cuestiones económicas.

Dirigentes sindicales sostienen que los recursos existen, pero que se estarían utilizando para incrementar los ingresos de la planta política, generando un fuerte malestar entre los trabajadores.

Laishí: denuncian despidos a empleados con estabilidad

En Misión Laishí, la situación también genera preocupación. Allí se registraron más de diez despidos, incluso de trabajadores de planta permanente, lo que encendió alarmas por la posible ilegalidad de las medidas.

Desde ATE advierten que estos casos vulneran derechos básicos y aseguran que se trata de decisiones arbitrarias que desconocen la normativa vigente.

Precarización extrema en otras localidades

El panorama se agrava en localidades como Subteniente Perín, donde se denunciaron situaciones de trabajo informal durante años, sin recibos ni garantías laborales, y despidos tras reclamos públicos.

Según los gremios, esto evidencia un escenario de alta precarización y falta de controles, que deja a muchas familias en una situación de extrema vulnerabilidad.

Fuerte advertencia sindical

Desde el sector gremial calificaron el contexto como un “atropello” a los trabajadores y cuestionaron a algunos funcionarios por actuar con discrecionalidad, ignorando las normas que rigen la administración pública.

En ese marco, anticiparon que agotarán todas las vías legales para lograr la reincorporación de los despedidos y frenar lo que consideran una avanzada contra los derechos laborales.

La fiscal de Estado de Formosa, Stella Maris Zabala, salió a desmentir de manera contundente las versiones que indicaban que la Justicia había frenado la ejecución de la condena contra el senador nacional Francisco Paoltroni por desmontes ilegales.

Según explicó la funcionaria, la información que circuló en los últimos días es “totalmente falsa” y genera confusión en la opinión pública. En ese sentido, aclaró que el fallo judicial continúa vigente y que no hubo ningún retroceso en la causa.

Zabala precisó que lo único que ocurrió fue la concesión de un recurso de apelación, un procedimiento habitual dentro de cualquier proceso judicial. Sin embargo, remarcó que esto no implica que la condena haya sido anulada ni suspendida.

De esta manera, la multa superior a los 101 millones de pesos impuesta en primera instancia, junto con el embargo preventivo sobre los haberes del legislador, siguen firmes mientras se avanza en las instancias judiciales correspondientes.

La funcionaria también fue enfática al señalar que el uso de herramientas legales como la apelación no cambia el estado actual del fallo, y subrayó que hasta el momento la provincia obtuvo un resultado favorable en la causa.

En ese marco, cuestionó las interpretaciones erróneas que circularon públicamente y advirtió que este tipo de versiones distorsionan el proceso judicial y generan desinformación.

Además, se refirió al intento del senador de ampararse en los fueros parlamentarios para evitar el cumplimiento de la sanción económica. Sobre este punto, sostuvo que la inmunidad legislativa no puede ser utilizada para eludir responsabilidades civiles o ambientales, ya que está destinada exclusivamente a proteger la actividad parlamentaria.

Finalmente, Zabala recordó que el expediente aún debe transitar nuevas instancias judiciales, incluyendo la revisión por parte de la Cámara de Apelaciones e incluso una posible intervención del Superior Tribunal de Justicia.

Mientras tanto, remarcó que la causa sigue su curso normal y que la deuda continúa generando intereses, tal como ocurre en cualquier proceso de ejecución judicial.

El planteo surge en un contexto donde los incrementos en nafta y gasoil ya se hacen sentir en toda la cadena de precios, generando un efecto directo sobre el costo de vida. En lo que va de marzo, los combustibles registraron subas cercanas al 8%, lo que vuelve a presionar sobre la inflación mensual .

Desde distintos espacios advierten que el combustible no solo impacta en el transporte, sino que también influye en alimentos, servicios y productos básicos, profundizando el ajuste en los hogares. En ese sentido, remarcan la necesidad de implementar herramientas que amortigüen el traslado de estos aumentos a los precios finales.

Entre las propuestas que se analizan, se mencionan posibles esquemas de control, revisiones impositivas o medidas de alivio que permitan sostener el poder adquisitivo, especialmente en los sectores más afectados.

El debate se da además en un escenario internacional complejo, donde la suba del precio del petróleo sigue empujando los valores locales, con incrementos recientes que incluso superaron el 6% en algunas regiones .

Con este panorama, crece la preocupación por el impacto acumulativo de los aumentos y su efecto en la economía diaria, mientras se espera una respuesta concreta que logre equilibrar la situación y evitar que el ajuste recaiga nuevamente sobre los consumidores.

La propuesta apunta a regular el uso de los celulares durante la jornada escolar, con el objetivo de mejorar la concentración de los estudiantes, fortalecer el clima en el aula y proteger la salud integral de niños, niñas y adolescentes.

Según se adelantó, el proyecto contempla restricciones más estrictas en los niveles inicial y primario, donde se buscaría limitar fuertemente la presencia de estos dispositivos durante toda la jornada. En tanto, para el nivel secundario, se plantea un uso más flexible, aunque siempre condicionado a fines pedagógicos o situaciones específicas.

Desde el ámbito legislativo sostienen que el uso desmedido de los celulares puede afectar el rendimiento escolar, generar distracciones constantes y debilitar los procesos de aprendizaje. En ese sentido, remarcan la necesidad de establecer un marco que permita ordenar su utilización sin dejar de reconocer su potencial como herramienta educativa.

La iniciativa también contempla la posibilidad de que las instituciones educativas adopten mecanismos de control, como la guarda de los dispositivos durante el horario escolar o su uso restringido bajo supervisión docente.

El tratamiento del proyecto abrirá un nuevo capítulo en una discusión que ya se viene dando en distintas provincias y países, donde cada vez más sistemas educativos avanzan hacia modelos con mayores regulaciones sobre el uso de la tecnología en el aula.

La Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público de la Municipalidad de Formosa finalizó los trabajos de renovación del sistema de iluminación en la Plaza 5 de Octubre, donde se reemplazaron 20 luminarias tradicionales por modernos equipos LED.

La intervención permitió mejorar de manera significativa la calidad lumínica del espacio, gracias a la incorporación de tecnología más eficiente, con mayor potencia, menor consumo energético y una vida útil más prolongada.

Uno de los principales cambios se refleja en los sectores que anteriormente quedaban con escasa iluminación durante la noche, los cuales ahora cuentan con una cobertura uniforme que brinda mayor visibilidad y seguridad. Esto favorece que familias, jóvenes y adultos mayores puedan disfrutar del lugar también en horario nocturno, con mayor tranquilidad.

Esta acción se enmarca en el plan integral de mejora del alumbrado público en plazas y espacios verdes que lleva adelante el municipio, en línea con los objetivos de modernización urbana impulsados por el intendente Jorge Jofré.

Desde el área destacaron que una correcta iluminación no solo mejora la seguridad, sino que también incentiva el uso de los espacios comunes, fortaleciendo el sentido de pertenencia y cuidado por parte de los vecinos.

Cabe recordar que este tipo de intervenciones ya se concretaron en la Plaza Tiago Benjamín Retamozo del barrio 2 de Abril y continuarán desarrollándose durante 2026 y 2027, con el objetivo de alcanzar progresivamente todos los espacios públicos de la ciudad.