La Universidad Nacional de Formosa (UNaF) informó que continúa vigente el período de inscripción para acceder al comedor universitario, un beneficio clave para estudiantes que buscan sostener su cursada con una alternativa alimentaria accesible.

El plazo se extiende hasta el 31 de marzo, por lo que quienes aún no se registraron tienen los últimos días para sumarse al sistema de viandas que ofrece la institución.

El servicio contempla distintas modalidades de pago adaptadas a las necesidades de los alumnos. Entre las opciones disponibles, se encuentra un plan de medio mes con 10 viandas por $20.000, y otro mensual que incluye 20 viandas por $35.000.

Además, la gestión del servicio se realiza a través de una plataforma digital específica, implementada para agilizar el proceso de inscripción y la compra de las comidas.

Desde la universidad remarcan que este programa forma parte de las políticas de acompañamiento estudiantil, con el objetivo de garantizar condiciones básicas que favorezcan la permanencia y el rendimiento académico.

Con el objetivo de acompañar el consumo en una de las fechas clave del calendario comercial, en Formosa se pondrá en marcha un nuevo esquema de precios acordados que apunta a ofrecer productos esenciales a valores accesibles.

La iniciativa incluye una canasta compuesta por alimentos básicos y artículos de alto consumo durante Semana Santa, entre ellos pescado y cortes de carne, con precios de referencia en comercios adheridos de la provincia.

El programa estará vigente durante los días previos y el fin de semana largo, concentrando su alcance entre el 30 de marzo y el 5 de abril, período en el que suele incrementarse la demanda.

Además del acuerdo de precios, el esquema incorpora herramientas para facilitar las compras: habrá promociones con tarjetas del Banco Formosa, que contemplan cuotas sin interés y reintegros, buscando aliviar el impacto en el bolsillo de las familias.

Desde el ámbito oficial señalaron que este tipo de acciones se sostienen a partir del trabajo conjunto con el sector privado, con la intención de generar previsibilidad en los precios y garantizar el acceso a productos básicos en un contexto económico desafiante.

La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia para sostener el consumo local y brindar alivio en fechas donde el gasto familiar suele incrementarse.

En ese marco, en diálogo con “Formosa Mi Ciudad” (FM Espacios 92.5), la abogada penalista Viviana Taboada analizó las implicancias del caso y puso el foco en los errores mediáticos que pueden afectar una estrategia legal.

La especialista explicó que en situaciones de alto impacto, como este tipo de denuncias en Brasil —donde los delitos vinculados a discriminación tienen un fuerte peso legal y social—, es fundamental actuar con cautela. “Hablar públicamente antes de tiempo puede ser un error tanto desde lo procesal como desde lo comunicacional”, señaló.

Uno de los puntos más críticos, según indicó, es la exposición temprana ante los medios. En ese sentido, advirtió que anticipar posibles condenas o dar declaraciones sin una estrategia clara puede perjudicar la posición del acusado frente al tribunal.

Además, remarcó que existen alternativas legales que podrían evitar una pena efectiva, como mecanismos de suspensión de juicio o medidas alternativas, aunque todo dependerá del avance de la causa y la valoración de las pruebas.

Por último, Taboada subrayó la importancia de la comunicación profesional en estos casos: el uso del lenguaje, el momento de hablar y la forma de transmitir un mensaje pueden influir directamente en el desarrollo del proceso judicial.

Mientras tanto, el caso continúa en evolución y mantiene abierto el debate sobre racismo, responsabilidad legal y el rol de los medios en situaciones judiciales de alta exposición.

El planteo había sido impulsado por la exdiputada provincial Gabriela Neme junto a un abogado constitucionalista, quienes buscaban que la causa fuera tratada en el fuero federal, argumentando presuntas vulneraciones a derechos constitucionales y tratados internacionales.

Sin embargo, tanto el fiscal como el juez coincidieron en que la cuestión planteada debe ser abordada por la Justicia provincial, al tratarse de un tema vinculado al derecho público local. En ese sentido, el fallo remarcó la importancia de respetar el sistema federal y la autonomía de las provincias en la resolución de este tipo de conflictos.

Desde el ámbito judicial se sostuvo que existen canales institucionales dentro de la provincia para avanzar con este tipo de reclamos, incluyendo instancias de apelación hasta llegar, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación judicial había generado fuerte repercusión política en las últimas semanas, en medio de denuncias y cuestionamientos sobre el rol del Estado en el ámbito educativo. No obstante, con esta resolución, la Justicia Federal dejó en claro que no corresponde su intervención y que el debate deberá continuar en la órbita local.

El precio de los combustibles volvió a encender la alarma en Formosa, donde la nafta ya superó la barrera de los $2000 por litro, en un contexto marcado por el incremento sostenido de impuestos nacionales que terminan trasladándose directamente al consumidor.

El aumento no solo impacta en quienes cargan combustible, sino que se extiende a toda la economía. El encarecimiento del transporte genera subas en alimentos, servicios y productos básicos, profundizando la presión sobre el bolsillo de las familias.

Detrás de esta escalada, uno de los factores clave es la actualización de impuestos aplicada por el Gobierno nacional, que sigue utilizando el combustible como una fuente de recaudación, aun en un escenario de fuerte pérdida de poder adquisitivo.

En Formosa, como en gran parte del país, el efecto es inmediato: mayores costos para trabajadores, comerciantes y sectores productivos que dependen del traslado diario para sostener su actividad.

Mientras desde Nación se sostiene la necesidad de ordenar las cuentas públicas, en la práctica el ajuste se siente en la calle, donde cada aumento en la nafta se traduce en un nuevo golpe a la economía cotidiana.

La situación vuelve a abrir el debate sobre el impacto de la política fiscal en los precios y sobre quién termina absorbiendo realmente el costo de las medidas económicas.

Más impuestos, más aumentos… y un bolsillo que cada vez resiste menos.

La falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de la escena tras un fuerte reclamo de provincias del NEA, que denuncian el incumplimiento en la transferencia de fondos destinados a combatir el narcomenudeo.

Durante un encuentro regional realizado en Resistencia, magistrados y funcionarios de Chaco, Corrientes y Formosa coincidieron en un punto clave: la Nación no está cumpliendo con el envío de recursos previstos por ley para sostener la lucha contra el narcotráfico a pequeña escala.

El planteo no es menor. La desfederalización del narcomenudeo trasladó a las provincias la responsabilidad de investigar y juzgar estos delitos, pero con la condición de recibir financiamiento nacional para sostener el sistema. Sin embargo, ese compromiso nunca se concretó.

“Las provincias están absorbiendo una carga cada vez mayor sin el respaldo económico necesario”, fue una de las advertencias que surgieron del encuentro, donde también se remarcó que la falta de presupuesto impacta directamente en la capacidad operativa de la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El reclamo expone una contradicción evidente: mientras el Gobierno nacional exige resultados en materia de seguridad, recorta o demora los recursos que deberían garantizar esa misma lucha en el territorio.

En este contexto, las provincias del norte argentino enfrentan un escenario complejo, donde el avance del narcotráfico exige mayor presencia estatal, pero sin el acompañamiento financiero correspondiente.

La situación abre un nuevo foco de tensión entre Nación y las provincias, que advierten que sin fondos no hay estrategia posible para frenar un delito que crece y se vuelve cada vez más difícil de controlar.

Más responsabilidades, menos recursos: la ecuación que pone en jaque la lucha contra el narcotráfico en el interior del país.

En declaraciones recientes, el dirigente radical sostuvo que la administración nacional enfrenta un contexto difícil, con dificultades para consolidar un rumbo claro y sostener el respaldo político necesario para avanzar con sus principales iniciativas.

Naidenoff también hizo referencia a la situación económica, señalando que los indicadores actuales reflejan un escenario de incertidumbre que impacta directamente en la vida cotidiana de la población. En ese sentido, remarcó la necesidad de generar consensos y acuerdos que permitan estabilizar el panorama.

Además, el auditor general planteó la importancia de fortalecer las instituciones y garantizar mayor previsibilidad, tanto en lo político como en lo económico, como condición clave para recuperar la confianza.

Sus declaraciones se dan en un contexto de creciente debate sobre el rumbo del país, donde distintos sectores analizan el presente del Gobierno y las perspectivas a corto y mediano plazo.

El hecho ocurrió durante una sesión reciente en la que se debatía un documento impulsado por distintas naciones con el objetivo de reforzar el compromiso internacional en la lucha contra prácticas vinculadas a la esclavitud moderna, el trabajo forzado y la trata de personas.

Sin embargo, el rechazo de algunos Estados a acompañar la iniciativa despertó un fuerte repudio por parte de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y distintos sectores políticos, que calificaron la postura como un retroceso en materia de derechos fundamentales.

Desde diversos espacios advirtieron que, en un contexto global donde millones de personas aún son víctimas de explotación laboral y redes de trata, resulta clave fortalecer los consensos internacionales para combatir estas problemáticas.

La controversia también reavivó el debate sobre el rol de los países dentro de la comunidad internacional y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, especialmente en temas considerados universales como la erradicación de la esclavitud.

El episodio, que rápidamente tomó repercusión mundial, deja al descubierto tensiones políticas dentro del organismo y pone nuevamente en agenda la necesidad de avanzar en acuerdos globales más firmes frente a estas prácticas.

El fallo confirma la pena máxima para el exagente policial, declarado culpable del delito de homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de un arma de fuego.

El crimen ocurrió el 18 de septiembre de 2023 en un centro de estética ubicado en pleno centro de la ciudad de Formosa, donde la víctima trabajaba. Según se probó en el juicio, Galván llegó al lugar armado, protagonizó una discusión y le disparó en la cabeza, provocándole la muerte en el acto.

Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida con la misma arma, aunque sobrevivió y posteriormente fue detenido.

Durante el proceso judicial, se acreditó que la víctima venía sufriendo situaciones de violencia y hostigamiento por parte de su expareja, e incluso tenía previsto denunciarlo el mismo día del hecho.

La sentencia, ahora ratificada, representa un nuevo paso en la búsqueda de justicia para la familia de Teresita y vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia de género en la provincia.

El tribunal confirmó la decisión de primera instancia y respaldó la continuidad de las prestaciones, en un contexto marcado por revisiones y recortes que generaron fuerte preocupación en sectores vulnerables.

Desde la Defensoría del Pueblo señalaron que el fallo es contundente, ya que impide que se suspendan derechos adquiridos y garantiza que los beneficiarios continúen percibiendo sus ingresos, incluso mientras se completan los procesos administrativos pendientes.

Además, la Cámara rechazó el planteo del Estado que buscaba modificar el curso de la causa y remitirla a otra jurisdicción, marcando una postura firme en defensa del acceso a derechos básicos y la vía del amparo como herramienta válida para su protección.

El fallo también deja en evidencia una fuerte contradicción entre distintas cámaras federales del país sobre el mismo tema, lo que podría escalar el conflicto hasta la Corte Suprema.

En medio de un escenario de ajuste y revisión de políticas sociales, la decisión judicial vuelve a poner en debate el alcance de las medidas del Gobierno y el impacto real sobre los sectores más vulnerables.