El Gobierno nacional llegó al poder con una promesa clara: bajar la inflación y estabilizar la economía argentina. Sin embargo, a más de un año de gestión, la discusión sobre los precios sigue instalada en la vida cotidiana de millones de argentinos.

En los últimos días, el ministro de Economía Luis Caputo sostuvo que el país atraviesa un proceso de “corrección de precios relativos”, una explicación técnica que desde el oficialismo utilizan para justificar la reconfiguración de los valores en distintos sectores de la economía.

Según esta mirada, durante años algunos precios —como tarifas, combustibles o servicios— habrían estado artificialmente atrasados y ahora se estarían acomodando a valores más “reales”.

Pero esa explicación no termina de convencer a gran parte de la sociedad. En supermercados, almacenes y comercios de barrio, muchos consumidores siguen percibiendo que los precios continúan subiendo, especialmente en productos de consumo básico.

Alimentos, artículos de limpieza y productos esenciales muestran variaciones frecuentes, lo que genera una sensación extendida de que el costo de vida sigue siendo alto, más allá de las estadísticas oficiales.

En ese contexto, también aparecen dudas sobre cómo se reflejan realmente los precios en los índices de inflación, ya que muchas familias aseguran que el dinero rinde cada vez menos a la hora de llenar el changuito.

Economistas advierten que la llamada “corrección de precios relativos” puede ser un proceso necesario en términos macroeconómicos, pero también reconocen que su impacto en el bolsillo de la gente suele sentirse de manera directa y muchas veces dolorosa.

Mientras el Gobierno defiende su estrategia económica y asegura que la inflación continuará bajando, en la calle el debate sigue abierto: ¿los números reflejan realmente lo que ocurre en las góndolas?

La respuesta, para muchos argentinos, parece estar menos en los informes económicos y más en la experiencia cotidiana de cada compra.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, una cifra que se mantiene prácticamente sin cambios respecto al mes anterior y que lleva el aumento de precios al 33,1% interanual.

Desde el Gobierno nacional destacaron el dato como parte del proceso de desaceleración inflacionaria que aseguran haber iniciado desde el comienzo de la gestión. Sin embargo, en la vida cotidiana el panorama parece más complejo: en supermercados, comercios de barrio y servicios básicos, muchos consumidores siguen encontrando subas permanentes en los precios.

De acuerdo con los informes económicos, algunos de los rubros que más presionaron sobre el índice fueron vivienda, tarifas y alimentos, con aumentos por encima del promedio general.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la economía atraviesa una etapa de “corrección de precios relativos”, una explicación que desde el oficialismo utilizan para justificar el reacomodamiento de tarifas y otros valores de la economía.

No obstante, esa explicación técnica choca con la percepción de muchos argentinos. Para gran parte de la población, la inflación puede mostrar una desaceleración en las estadísticas, pero el costo de vida sigue siendo alto y el dinero cada vez alcanza menos en las góndolas.

Economistas advierten que, aunque el índice inflacionario se redujo en comparación con los niveles extremos registrados en 2023, la inflación mensual todavía se mantiene cerca del 3%, un nivel que sigue siendo elevado para una economía que busca estabilizarse.

En ese contexto, el debate vuelve a instalarse en la calle: ¿la inflación realmente está bajando o simplemente cambió la forma en que se explica el aumento de los precios?

Mientras el Gobierno insiste en que el proceso económico está encaminado, la sensación en muchos hogares argentinos continúa siendo la misma: llenar el changuito del supermercado sigue siendo cada vez más difícil.

Una reciente encuesta nacional realizada por la consultora Zuban Córdoba y Asociados muestra un amplio rechazo de la sociedad argentina ante la posibilidad de una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con el relevamiento, el 72,7% de los consultados se manifestó en contra del conflicto, mientras que solo el 14,2% se mostró a favor y un 13,1% respondió que no sabe o no tiene una posición definida. 

El estudio también analizó las respuestas según el voto en el balotaje presidencial. Entre quienes votaron a Sergio Massa, el rechazo al conflicto alcanza el 91,9%, mientras que entre los votantes de Javier Milei el 53,4% también se pronuncia en contra, aunque existe un 29,2% que sí apoya la guerra. 

Otro dato relevante del informe está vinculado a la política exterior argentina. Ante la pregunta sobre si la postura del presidente Javier Milei en este conflicto representa a todos los argentinos, el 66,4% respondió que no, mientras que el 20,7% considera que sí y el 12,9% no tiene una opinión formada. 

La encuesta se realizó entre el 10 y el 11 de marzo de 2026, sobre 1200 casos en todo el país, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 2,83%. 

Los resultados reflejan una clara inclinación de la opinión pública argentina en contra de la escalada bélica, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y debates sobre el posicionamiento del gobierno argentino frente a los conflictos globales.

a advertencia fue realizada por el concejal Alberto Coronel, quien explicó que el hospital distrital de Alberdi reportó personas lesionadas por estos peces en los últimos días. Según detalló, el fenómeno estaría relacionado con la pronunciada bajante del río, que suele provocar que las pirañas —también conocidas como palometas— se vuelvan más agresivas.

“Cuando el río baja, estos peces se vuelven más activos y aumenta el riesgo de ataques”, explicó el funcionario durante una entrevista en el programa “Formosa Mi Ciudad” de FM Espacios 92.5.

Frente a esta situación, desde el municipio de Alberdi anunciaron que se prevé colocar cartelería preventiva en la zona de playa para advertir a vecinos y visitantes sobre el riesgo, especialmente durante este período de bajante del río Paraguay.

Además, indicaron que se trabaja de manera coordinada con la Prefectura Naval paraguaya para reforzar las medidas de prevención y monitorear la evolución del nivel del río.

Las autoridades recordaron que las pirañas poseen una dentadura muy fuerte que puede causar lesiones importantes, por lo que insistieron en evitar ingresar al agua hasta que se normalice la situación. 

El fallo de primera instancia fue favorable al Estado provincial, luego de que el legislador no cumpliera con el pago de una sanción administrativa que había sido aplicada por el Ministerio de la Producción y Ambiente tras detectarse una infracción vinculada a la normativa ambiental.

Durante el proceso judicial, la defensa del senador intentó evitar la sanción con distintos argumentos, entre ellos la invocación de inmunidad parlamentaria, además de planteos sobre la legitimidad del proceso y la constitucionalidad de la norma aplicada. Sin embargo, todos esos recursos fueron rechazados por la Justicia.

Desde la Fiscalía de Estado explicaron que los fueros parlamentarios no pueden utilizarse para evitar el pago de deudas o multas, ya que solo protegen la libertad de expresión de los legisladores en el ejercicio de sus funciones.

La causa se originó cuando el legislador, también productor agropecuario, no abonó la multa administrativa que le había sido impuesta tras comprobarse el desmonte irregular. Ante esa situación, el Estado provincial inició la ejecución judicial para exigir el cumplimiento de la sanción.

El fallo todavía podría ser apelado por la defensa del senador, aunque desde la provincia aseguraron que defenderán la decisión judicial en las próximas instancias del proceso.

La resolución vuelve a poner en debate el discurso público de algunos dirigentes políticos que se presentan como defensores de la transparencia y la legalidad, pero que terminan enfrentando condenas judiciales por infracciones graves vinculadas al ambiente y al uso de los recursos naturales.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la Policía demoró a un menor y a su padre luego de que se produjeran ataques con piedras durante un momento de tensión que se registraba en el barrio.

Según el parte policial, los incidentes se habrían originado cuando algunas personas comenzaron a arrojar piedras en medio de una situación conflictiva que estaba siendo presenciada por varios vecinos.

Sin embargo, tras el episodio comenzaron a circular diferentes versiones que ponen en duda algunos aspectos del relato oficial.

Por un lado, vecinos del barrio aseguran que el clima de tensión se generó en medio de discusiones y acusaciones cruzadas entre distintos grupos del lugar. Algunos sostienen que las agresiones fueron reales y que hubo momentos de violencia que justificaron la intervención policial.

Pero otros plantean que lo ocurrido fue exagerado o que el contexto del conflicto no fue explicado de manera completa, lo que deja interrogantes sobre cómo se desarrollaron realmente los hechos.

A esto se suma otra cuestión que genera debate: la rapidez y el alcance de la intervención policial. Mientras algunos vecinos consideran que la presencia de los efectivos fue necesaria para evitar que la situación se agravara, otros se preguntan si el procedimiento fue proporcional o si se actuó basándose en una versión parcial de lo ocurrido.

El resultado final fue la demora de un menor y de su padre, señalados como presuntos responsables de arrojar piedras durante el episodio.

Pero más allá de las detenciones, el caso deja una discusión abierta en el barrio:

¿Se trató de un hecho de violencia aislado protagonizado por algunos vecinos o de un conflicto mayor que no fue explicado del todo?

Y otra pregunta que empieza a circular entre quienes siguieron el episodio:

¿Qué pasó realmente en el Lote 111 y quién está diciendo toda la verdad?

En el centro-oeste de la provincia de Formosa, miles de vecinos enfrentan diariamente una dificultad que afecta su vida cotidiana: la falta de un sistema de transporte público que conecte de manera regular y segura a las localidades de la región.

Las ciudades de Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo e Ibarreta, ubicadas sobre la Ruta Nacional 81, junto con los pueblos de Zalazar, Lugones y San Martín 2, sobre la Ruta Nacional 86, funcionan en la práctica como una misma región social, económica y administrativa.

En este territorio viven aproximadamente 50.000 personas, muchas de las cuales necesitan trasladarse con frecuencia entre estas localidades para realizar trámites en ANSES, PAMI, bancos, tribunales, hospitales, escuelas o lugares de trabajo.

Sin embargo, actualmente no existe un servicio de transporte público regional que garantice esos traslados.

Ante esta situación, muchas personas deben recurrir a autos particulares o remises informales, en algunos casos sin habilitación ni controles, pagando costos que oscilan entre 20.000 y 60.000 pesos por viaje, una cifra elevada para jubilados, trabajadores y familias de la zona.

La problemática resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que en la región funcionan cuatro intendencias, una comisión de fomento y una delegación vecinal, es decir, seis administraciones públicas, sin que hasta el momento se haya impulsado una solución integral al transporte regional.

Frente a este escenario, el doctor Mario Egidio Portillo propuso abrir el debate público e impulsar la creación de un Sistema Regional de Transporte del Centro-Oeste, que permita conectar de forma regular las localidades de Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo e Ibarreta, e integrar también a los pueblos de la Ruta Nacional 86: Zalazar, Lugones y San Martín 2.

La iniciativa contempla la implementación de un corredor regional de transporte con minibuses habilitados, horarios previsibles, tarifas accesibles y paradas señalizadas, con el objetivo de facilitar el traslado seguro y económico de los vecinos.

Según Portillo, “no se trata de una obra imposible ni de una inversión inalcanzable. Se trata de organización, decisión política y trabajo conjunto entre municipios y provincia”.

“El transporte regional no es un lujo. Es una herramienta básica para que la gente pueda trabajar, estudiar, atender su salud o cobrar una jubilación sin tener que gastar una fortuna en trasladarse”, señaló.

La propuesta busca instalar el tema en la agenda pública y promover un debate sobre la necesidad de integrar a los pueblos del centro-oeste formoseño mediante un sistema de transporte accesible, seguro y regular.

“Cuando una región no tiene transporte, también se limita su desarrollo. Conectar nuestros pueblos es una forma concreta de mejorar la vida de la gente”, concluyó Portillo.

La Asociación del Fútbol Argentino dio un paso hacia la digitalización del deporte con el lanzamiento de LPF Play, una plataforma de streaming que permitirá ver partidos y contenidos del fútbol argentino sin costo desde distintos dispositivos.

La iniciativa busca ampliar el acceso a torneos que históricamente tuvieron menor presencia en televisión, especialmente en las categorías del ascenso y en las divisiones formativas. A través del nuevo sistema, los usuarios podrán seguir encuentros en vivo, repeticiones y contenidos relacionados con el fútbol nacional.

Entre las competencias que se transmiten en la plataforma se encuentran la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, torneos juveniles, el fútbol femenino y el futsal, además de programas y material audiovisual vinculado al fútbol argentino.

El acceso es sencillo: la aplicación puede descargarse en teléfonos móviles desde las tiendas de Android o iOS, o también utilizarse desde computadoras y televisores inteligentes mediante internet. Una vez instalada, los usuarios solo deben registrarse con un correo electrónico para comenzar a ver los contenidos disponibles.

Con esta herramienta, el fútbol argentino apuesta a federalizar las transmisiones y dar mayor visibilidad a clubes y torneos de todo el país, permitiendo que más hinchas puedan seguir a sus equipos desde cualquier lugar.

La plataforma ya comenzó a sumar miles de usuarios y se espera que continúe ampliando su oferta de partidos y contenidos en los próximos meses, en un intento por modernizar la forma en que se consume el fútbol local. 

En Formosa, la motocicleta se consolidó en los últimos años como una de las principales alternativas de movilidad para miles de personas. Su menor costo frente a otros vehículos y las facilidades de financiación hicieron que su presencia en las calles crezca de manera sostenida.

Sin embargo, detrás de ese aumento también comenzó a aparecer un problema que preocupa al sector comercial: cada vez más compradores tienen dificultades para pagar las cuotas de los planes de financiación.

De acuerdo con referentes del rubro, la morosidad en el pago de motocicletas financiadas ya se ubica entre el 24% y el 25%, un indicador que refleja las dificultades económicas que atraviesan muchos hogares.

En diálogo con “Formosa Mi Ciudad” de FM Espacios 92.5, el secretario de la Cámara de Industria y Comercio de Formosa, Freddy Vera, explicó que el fenómeno no es exclusivo del rubro de las motos, sino que también comienza a observarse en otros sectores del consumo.

El dirigente señaló que históricamente la motocicleta era uno de los productos con menor nivel de mora dentro del comercio local.
“La moto siempre fue el producto que menos morosidad tenía. La gente compraba y pagaba sin problemas, pero hoy la situación cambió”, afirmó.

A pesar de este escenario, las ventas continúan siendo importantes. El modelo más elegido sigue siendo la motocicleta de 110 cc, que representa cerca del 90% del mercado, principalmente por su bajo consumo y su utilidad para el traslado diario.

Actualmente, el precio de estos vehículos ronda entre 1,9 y 2 millones de pesos, incluyendo patentamiento y casco, lo que los convierte en una opción más accesible frente a otros medios de transporte.

Desde el sector explican que el aumento de la morosidad no responde a una falta de voluntad de pago, sino a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. En un contexto de ajustes y pérdida del poder adquisitivo, muchos hogares priorizan gastos básicos antes que las cuotas del rodado.

Así, el mercado de motocicletas muestra una realidad contradictoria: hay cada vez más motos circulando en la provincia, pero también más compradores que no logran sostener los pagos.