La Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de Manuel Adorni, tiene previsto utilizar fondos públicos para contratar encuestas y estudios de opinión por un monto que podría alcanzar los $229 millones.

De acuerdo con la información publicada por El Destape, la contratación fue planteada como un servicio de monitoreo de gestión y opinión pública, con vigencia por un año y posibilidad de prórroga por otro período similar. El procedimiento fue realizado mediante la modalidad de Acuerdo Marco, lo que habilita a solicitar trabajos a las firmas seleccionadas a través de órdenes de compra dentro del presupuesto aprobado.

El esquema incluye a 14 consultoras habilitadas para realizar distintos tipos de mediciones, entre ellas encuestas telefónicas, presenciales, online, grupos focales y relevamientos en comunidades de WhatsApp. Sin embargo, uno de los puntos que despierta críticas es que la licitación no precisa qué temas serán consultados ni cuál será el uso final de esos datos.

La decisión se conoce en un escenario marcado por reclamos de financiamiento en áreas sensibles y por el impacto del ajuste sobre universidades, jubilaciones, salud y programas sociales. En ese contexto, el gasto proyectado vuelve a instalar una discusión central: mientras el Gobierno sostiene que “no hay plata”, sí aparecen recursos para medir opinión pública e imagen de gestión.

Desde el oficialismo, ante la consulta del medio que reveló la información, señalaron que este tipo de encuestas se realizan habitualmente y que no se tratan únicamente de mediciones electorales, sino de estudios de opinión pública.

Aun así, la falta de precisiones sobre las preguntas, los objetivos y el destino político de los resultados deja abierto el debate sobre la transparencia en el uso del dinero del Estado. En tiempos de recortes, cada peso público exige explicación.

La deuda pública argentina volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtiera que el stock total superó los 483.830 millones de dólares a marzo de 2026. Según el organismo, el incremento ronda el 30% en comparación con diciembre de 2023, pese al discurso oficial que sostiene que el endeudamiento no aumentó.

De acuerdo con el análisis difundido, durante la actual gestión ingresaron divisas provenientes de deuda externa, incluyendo desembolsos de organismos internacionales y préstamos financieros. Sin embargo, desde la Defensoría remarcaron que esos fondos no permitieron una acumulación sostenida de reservas ni impulsaron la actividad económica, sino que fueron destinados principalmente a cubrir compromisos financieros.

El informe también menciona que desde diciembre de 2023 habrían ingresado alrededor de 47.000 millones de dólares netos por deuda externa. En ese marco, se señala el aumento de compromisos con organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que genera preocupación por el peso de los vencimientos de corto plazo.

Desde el organismo provincial consideraron que el esquema actual profundiza la dependencia financiera del país. Plantearon que el endeudamiento no aparece como una herramienta para promover el desarrollo, sino como un mecanismo para sostener pagos, contener desequilibrios y financiar la salida de divisas.

La advertencia también alcanza al sector privado. El reporte sostiene que empresas y hogares enfrentan mayores dificultades financieras en un contexto de caída del consumo, menor demanda interna y pérdida de poder adquisitivo. En el caso de las firmas, la presión se refleja en el aumento de la morosidad y en problemas dentro de la cadena de pagos.

En los hogares, la situación también genera preocupación. Según el informe citado, muchas familias recurren al crédito para afrontar gastos básicos, mientras crecen las dificultades para cumplir con sus obligaciones. Esta dinámica muestra un cambio en el uso del endeudamiento, que ya no se vincula únicamente al consumo, sino también a la necesidad de cubrir la subsistencia diaria.

De esta manera, la Defensoría del Pueblo de Formosa planteó que el crecimiento de la deuda, sumado a los vencimientos próximos y al deterioro de la economía cotidiana, configura un escenario de alta fragilidad para los próximos meses.

En el marco del Día del Trabajador, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, expresó su saludo y reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras formoseñas, destacando especialmente la labor cotidiana del personal municipal.

El jefe comunal remarcó la importancia del trabajo como parte fundamental de la dignidad de las personas. En ese sentido, sostuvo que la actividad laboral no solo permite cubrir necesidades materiales, sino que también fortalece la autoestima, la autonomía y la integración de cada ciudadano dentro de la comunidad.

Jofré puso en valor el rol de quienes, desde distintas áreas municipales, contribuyen todos los días al funcionamiento de la ciudad, la prestación de servicios, el desarrollo de obras y el acompañamiento a los vecinos en los barrios.

Además, el intendente hizo referencia al escenario nacional y advirtió sobre las dificultades que enfrentan muchos trabajadores y familias, especialmente ante la pérdida de fuentes laborales y la incertidumbre económica. Frente a esa realidad, convocó a sostener la unidad y a no abandonar la esperanza.

“Vaya para todos los trabajadores y trabajadoras de Formosa un fraternal abrazo en este Día del Trabajador, y en especial para los municipales, que día tras día suman su esfuerzo para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad”, expresó Jofré en su mensaje.

Finalmente, el intendente extendió su reconocimiento también a quienes actualmente se encuentran sin empleo, al remarcar que la condición de trabajador forma parte de una identidad construida a partir del esfuerzo, la dignidad y la esperanza colectiva.

En los últimos días, el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete hicieron referencia a la situación del empleo y los salarios en la Argentina, con el objetivo de mostrar una mejora en el mercado laboral durante la actual gestión.

Uno de los puntos señalados por el mandatario fue que los salarios que más se desplomaron fueron los del sector público. De acuerdo con los datos oficiales, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 los ingresos estatales tuvieron una caída real del 18,3%, descontando el efecto de la inflación. Sin embargo, ese no fue el único sector afectado: los salarios del sector privado también retrocedieron, aunque en menor medida, con una baja del 3,5% real. En conjunto, el salario formal acumuló una caída del 8,9% en el período analizado.

Otro dato difundido por el Gobierno indica que desde el inicio de la gestión se crearon 113 mil puestos de trabajo. La cifra coincide con las estadísticas del INDEC, pero el detalle muestra que ese crecimiento se explica por el aumento del empleo informal y del trabajo no asalariado. Mientras se sumaron puestos por cuenta propia y empleos no registrados, se redujo la cantidad de puestos formales y estatales.

Además, el incremento del empleo fue menor al crecimiento de la población en edad de trabajar. Según el análisis citado por Chequeado, los puestos laborales subieron 0,6%, mientras que la población en edad laboral creció 2% en el mismo período.

El Gobierno también destacó una mejora en los ingresos de los trabajadores no registrados. Los datos del INDEC muestran una suba del 31,3% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025. No obstante, distintos especialistas plantean dudas sobre la forma en que se captan esos ingresos en las encuestas, especialmente en contextos de alta inflación, donde puede haber subdeclaración o distorsiones en la comparación con períodos anteriores.

De esta manera, aunque algunas cifras difundidas por el Gobierno tienen respaldo en estadísticas oficiales, el análisis completo muestra un escenario más complejo: caída del salario real, retroceso del empleo formal y crecimiento de ocupaciones informales o de menor remuneración.

El servicio de transporte urbano de pasajeros no funcionará este viernes 1 de mayo en la ciudad de Formosa, con motivo del Día del Trabajador.

La información fue confirmada por el director de Transporte de la Municipalidad, Fabián Olivera, quien explicó que la decisión fue adoptada de manera anticipada entre la empresa y el municipio para que los usuarios puedan organizar sus traslados.

Según precisó el funcionario, los colectivos dejarán de circular desde la medianoche y retomarán el servicio durante la madrugada del sábado.

Olivera también se refirió a la próxima incorporación de diez nuevas unidades para ampliar la capacidad operativa de la empresa Fermoza. Indicó que los colectivos ya fueron señados y que se aguarda el envío desde Buenos Aires. 

El intento de Francisco Paoltroni de promover una intervención federal en Formosa sumó un nuevo rechazo y dejó al senador en una posición cada vez más debilitada. Organismos judiciales y jurídicos de la provincia salieron a marcarle el límite al planteo, al sostener que no hay fundamentos constitucionales que justifiquen semejante medida.

Desde el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Formosa remarcaron que la intervención federal es un recurso excepcional previsto por la Constitución Nacional y que solo puede aplicarse ante situaciones de gravedad institucional. En ese sentido, señalaron que en la provincia no se verifican las condiciones exigidas por el artículo 6 de la Carta Magna, ya que los poderes del Estado funcionan con normalidad.

La crítica apunta directamente al uso político de una herramienta extrema. Lejos de aparecer como una salida institucional seria, la propuesta de Paoltroni fue leída por distintos sectores como una maniobra forzada, más vinculada a la confrontación partidaria que a una verdadera preocupación por el funcionamiento democrático. Incluso desde el ámbito judicial advirtieron que avanzar sin sustento suficiente implicaría un riesgo para el federalismo y para la autonomía provincial.

El Consejo de la Abogacía de Formosa también rechazó el pedido y recordó que una intervención federal no puede ser utilizada como mecanismo ordinario de control político. Para ese organismo, los desacuerdos o disputas sectoriales deben resolverse dentro de los canales institucionales previstos, no mediante atajos que desconozcan el orden constitucional vigente.

El revés expone la debilidad del planteo de Paoltroni, que aparece cada vez más aislado frente al rechazo de instituciones locales. Su iniciativa, lejos de reunir respaldo jurídico, abrió cuestionamientos sobre la irresponsabilidad de impulsar una medida de semejante impacto sin pruebas concretas de ruptura institucional. En un contexto de fuerte tensión política, el senador vuelve a quedar bajo la lupa por insistir con una propuesta que amenaza con convertir una diferencia política en un conflicto federal innecesario.

La exposición de Manuel Adorni en el Congreso estuvo lejos de llevar tranquilidad. El jefe de Gabinete llegó a Diputados para defender la gestión libertaria, pero terminó envuelto en fuertes críticas de la oposición, que apuntó tanto contra su situación patrimonial como contra el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Una de las voces más duras fue la de la diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa, quien cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y aseguró que el oficialismo intenta construir un relato alejado de la vida cotidiana de los argentinos. “Adorni está demasiado complicado, lo mejor que puede hacer es renunciar”, afirmó la legisladora, en referencia a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete.

De la Rosa también rechazó el diagnóstico presentado por Adorni sobre la situación del país. Según la diputada, el funcionario describió una “realidad paralela” que no coincide con lo que ocurre en la calle, donde se profundizan los problemas de empleo, consumo y producción. En ese sentido, advirtió sobre la caída de la actividad en comercios, construcción e industria, sectores especialmente golpeados por el modelo de ajuste aplicado por la administración libertaria.

La crítica se centró además en el impacto federal de las medidas del Gobierno nacional. La legisladora formoseña denunció la reducción de recursos a las provincias, el freno de obras públicas, los recortes en programas sociales y la preocupación por las cajas previsionales. Para De la Rosa, el Gobierno de Milei traslada el costo del ajuste a las jurisdicciones, que deben responder a una crisis social creciente con menos herramientas y menos financiamiento.

La presentación de Adorni también estuvo marcada por un clima de tensión política en el recinto. Legisladores opositores lo recibieron con carteles, chicanas y cuestionamientos, mientras el oficialismo intentó respaldar a uno de los funcionarios más visibles del Gobierno. Sin embargo, lejos de despejar dudas, la jornada dejó expuesta la fragilidad de un discurso oficial que insiste en mostrar orden y éxito, mientras aumentan los reclamos por la falta de respuestas frente al deterioro económico y social.

Trabajadores bancarios se movilizaron en Formosa en defensa de las Tesorerías Regionales, frente a la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con el cierre de al menos 12 dependencias en todo el país. La medida, impulsada en el marco de una convocatoria nacional de la Asociación Bancaria, busca visibilizar el impacto directo que tendría esta decisión sobre el empleo y el funcionamiento del sistema.

El secretario de prensa del gremio en la provincia, Cristian Pérez, confirmó que la protesta responde a la preocupación creciente entre los trabajadores. En el caso local, advirtió que al menos 32 familias podrían quedarse sin su fuente de ingresos, lo que agrava el clima de incertidumbre en un contexto económico ya complejo.

Desde el sindicato remarcaron que la movilización tiene como eje central la defensa de los puestos de trabajo. “Si tocan a uno, nos tocan a todos”, señalaron, marcando una postura de unidad frente a lo que consideran un avance sobre derechos laborales. Además, aclararon que el reclamo no está dirigido al gobierno provincial, sino que se enmarca en el rechazo a las políticas nacionales.

En ese sentido, el gremio cuestionó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, al sostener que el ajuste fiscal se traduce en recortes que impactan directamente sobre los trabajadores. Para los bancarios, el posible cierre de estas dependencias no solo implica despidos, sino también una reducción en la presencia del Estado en áreas estratégicas.

La protesta incluyó permanencia en la vía pública y medidas de visibilización, aunque desde el sector aclararon que la actividad bancaria continuó con normalidad. No obstante, el conflicto permanece abierto: el sindicato se declaró en estado de alerta y no descarta nuevas acciones en caso de que la medida avance.

El escenario vuelve a poner en discusión el costo social del ajuste. Mientras el Gobierno nacional sostiene la necesidad de reducir el gasto, desde los sectores afectados advierten que esas decisiones tienen consecuencias concretas en el empleo y en la estabilidad de miles de familias.

Una nueva denuncia golpea al Gobierno nacional y pone en el centro de la escena el manejo de fondos públicos. Según distintos reclamos políticos y técnicos, más de un billón de pesos que debían destinarse a la reparación de rutas nunca fue transferido, lo que habría afectado directamente la infraestructura vial en todo el país.

El eje del conflicto se encuentra en los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben financiar el sistema vial. Sin embargo, legisladores y gobernadores sostienen que esos fondos fueron retenidos por la administración nacional, generando un fuerte impacto en las provincias y en la ejecución de obras clave.

El reclamo ya escaló al plano judicial. Intendentes y referentes provinciales avanzan con denuncias formales contra el Ministerio de Economía, al considerar que la falta de envío de estos recursos compromete no solo la infraestructura, sino también la seguridad vial y la actividad económica.

El trasfondo del conflicto revela una tensión cada vez más marcada entre el Gobierno nacional y las provincias. Mientras la Casa Rosada sostiene su política de ajuste fiscal como eje central de su gestión, desde los territorios advierten que ese ordenamiento de las cuentas públicas se traduce en paralización de obras y deterioro de servicios esenciales.

Las cifras son contundentes: el monto retenido habría alcanzado para intervenir gran parte de la red vial nacional, hoy deteriorada y con consecuencias directas en la seguridad y la competitividad logística del país.

En este contexto, la discusión excede lo técnico y se vuelve política. ¿Se trata de una administración eficiente de recursos o de un ajuste que recae sobre las provincias? La respuesta, por ahora, se dirime en tribunales, pero sus efectos ya se sienten en las rutas que siguen esperando inversiones que nunca llegan.

El fenómeno, que impacta con fuerza en regiones históricamente postergadas como el NEA, expone un deterioro estructural del mercado laboral. Más de la mitad de la población admite que no llega a fin de mes y otro amplio sector apenas logra sostenerse “con lo justo”, configurando un escenario donde la estabilidad económica dejó de ser la norma para convertirse en una excepción.

Lejos de tratarse de un problema aislado, los datos reflejan un modelo económico que no logra traducir el ajuste macroeconómico en mejoras concretas para la población. Mientras el Gobierno nacional sostiene su estrategia de ordenamiento fiscal y reducción del gasto, el costo social se manifiesta en la vida cotidiana: más horas de trabajo, menor calidad de vida y una creciente dependencia de redes informales para subsistir.

Incluso sectores tradicionalmente más estables —como empleados formales y jubilados— se ven obligados a buscar ingresos complementarios, lo que evidencia que el problema ya no está vinculado únicamente al desempleo, sino a la insuficiencia del ingreso.

En provincias del norte argentino, donde los niveles de informalidad y vulnerabilidad son históricamente más altos, esta tendencia se agrava. La necesidad de “rebuscarse” se convierte en regla, mientras el consumo cae y las economías regionales pierden dinamismo.

El dato es contundente: solo una minoría logra ahorrar, mientras una amplia mayoría vive al límite o directamente en déficit. Esto plantea un interrogante central sobre la efectividad de la política económica actual: ¿puede considerarse exitosa una estrategia que ordena variables macro, pero deteriora las condiciones de vida de la mayoría?

En este contexto, el crecimiento del pluriempleo deja de ser una opción y pasa a ser una señal de alarma. No se trata de más oportunidades, sino de la evidencia de que un solo trabajo ya no alcanza.