El juicio por el crimen de Jonathan Lezcano, el adolescente de 16 años asesinado en 2018 y hallado en un terreno baldío de Formosa, continúa avanzando con testimonios claves para reconstruir lo ocurrido.

Durante la última audiencia, el tribunal escuchó la declaración de profesionales vinculados a la etapa pericial del caso. Entre ellos expuso el médico forense que realizó el examen cadavérico y la autopsia el mismo día en que fue encontrado el cuerpo, el 25 de agosto de 2018. Su intervención fue considerada central para precisar aspectos técnicos relacionados con la mecánica de la muerte.

También fueron convocados integrantes del área de Criminalística, quienes participaron en la reconstrucción del hecho y en el relevamiento de evidencias en el lugar donde apareció Jonathan. Las exposiciones demandaron un desarrollo extenso, debido a las preguntas formuladas por el tribunal, la fiscalía, la querella y las defensas.

Uno de los puntos que volvió a instalarse en la audiencia fue la declaración del imputado Marcelo Díaz, padre, el único de los tres acusados que decidió declarar en esta instancia. Desde la querella consideraron que su testimonio no alivió su situación judicial y que, por el contrario, terminó reforzando la hipótesis acusatoria sostenida durante el proceso.

La jornada también estuvo atravesada por el fuerte impacto emocional de los familiares de Jonathan. Su madre, Susana, ya había declarado ante los jueces y relató el profundo dolor que significó volver a repasar los días previos y posteriores a la desaparición de su hijo.

En su testimonio, la mujer recordó detalles sobre la personalidad del adolescente y rechazó planteos de la defensa vinculados al hallazgo de elementos escolares en la escena. Señaló que Jonathan era cuidadoso con sus pertenencias y que algunas hojas encontradas en el baldío llevaban su nombre y firma.

El debate oral continuará con nuevas declaraciones y el análisis de informes pendientes, entre ellos pericias psicológicas y testimonios vecinales. Además, resta la declaración del padre de Jonathan, en una etapa considerada relevante para el avance del juicio.

Los primeros días de junio llegaron con nuevos aumentos en productos alimenticios de consumo cotidiano. En distintos comercios ya se observaron subas que van del 2% al 6%, con impacto en rubros sensibles para la economía familiar.

Entre los productos que más variaciones presentaron aparecen el café, algunas harinas, panificados, chocolates, galletitas y otros artículos de temporada. En el caso de los lácteos, los incrementos se ubicaron en torno al 2% y 3%.

El movimiento de precios vuelve a golpear sobre un consumo que continúa muy medido. Las compras grandes son cada vez menos frecuentes y muchos vecinos optan por llevar solo lo necesario para el día, evitando gastos mayores ante la incertidumbre económica.

También preocupa el comportamiento de productos esenciales como el aceite, que viene mostrando aumentos sostenidos. A esto se suman los mayores costos de producción, transporte, combustibles y gas, factores que terminan presionando sobre el precio final en góndola.

En este escenario, los comercios de cercanía ganan protagonismo frente a las grandes superficies. La gente prioriza la rapidez, la proximidad y las compras puntuales antes que trasladarse para hacer adquisiciones de mayor volumen.

El panorama refleja una economía todavía ajustada, con precios que siguen moviéndose, consumidores cautelosos y comerciantes que intentan sostener la actividad en medio de un bolsillo cada vez más limitado.

El costo de la electricidad en el mercado mayorista registró una fuerte suba durante mayo y encendió señales de alerta de cara al invierno. El valor de la energía en el mercado spot superó los US$105 por megawatt hora, muy por encima de los US$58 registrados en abril.

El salto responde principalmente al encarecimiento de los combustibles utilizados para abastecer a las centrales de generación eléctrica. En los meses fríos, una parte importante del gas natural producido en el país se destina al consumo residencial, por lo que las usinas deben recurrir a alternativas más caras, como gas natural licuado importado, gasoil y fueloil.

La situación internacional también presiona sobre los precios. La tensión en Medio Oriente y la incertidumbre en los mercados energéticos elevaron el valor de los combustibles, lo que terminó impactando directamente en los costos de generación.

Las previsiones iniciales ubicaban el precio de la energía para mayo cerca de los US$65 por MWh. Sin embargo, el aumento de los insumos llevó el valor final por encima de los US$105, muy por encima de lo esperado.

El escenario podría complicarse aún más durante junio y julio, cuando crece la demanda eléctrica por las bajas temperaturas. En el sector estiman que el precio podría moverse entre US$130 y US$150 por MWh si se mantiene la presión sobre los combustibles.

Aunque el aumento ya se produjo en el mercado mayorista, su traslado pleno no será inmediato. Por el esquema de facturación, el impacto suele reflejarse con un retraso cercano a los 75 días, por lo que los mayores costos podrían sentirse con más fuerza entre fines de julio y agosto.

Las pequeñas y medianas empresas volvieron a plantear su preocupación por la presión fiscal y pidieron que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero suspenda la aplicación de embargos, ejecuciones fiscales y multas durante el período de transición vinculado a los cambios que el Gobierno busca impulsar en la Ley de Inocencia Fiscal.

El reclamo fue elevado al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de generar un margen de alivio para comercios, industrias y emprendimientos que atraviesan dificultades financieras en un contexto marcado por la caída del consumo, el aumento de costos y la necesidad de sostener puestos de trabajo.

Entre los puntos solicitados, se pidió que no se apliquen multas a las pymes mientras se define el nuevo esquema normativo. Además, se propuso que aquellas empresas que regularicen su situación dentro de los 15 días posteriores al plazo establecido puedan acceder a una reducción del 50% en la sanción correspondiente.

El planteo también incluye la suspensión de embargos y ejecuciones fiscales, medidas que suelen afectar directamente el funcionamiento diario de las empresas, especialmente cuando comprometen cuentas bancarias, capital de trabajo o fondos necesarios para pagar salarios, proveedores y servicios.

Otro de los pedidos centrales es la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente a la mitad de la tasa pasiva del Banco Nación. La propuesta alcanzaría deudas vencidas hasta el 31 de mayo, planes vigentes y también aquellos que hayan caducado.

Desde el sector pyme remarcan que el objetivo no es desconocer obligaciones tributarias, sino evitar que las sanciones profundicen la crisis de empresas que intentan mantenerse activas. La preocupación principal pasa por preservar el entramado productivo, sostener la competitividad y evitar nuevos cierres en un escenario económico todavía complejo.

El pedido llega en medio del debate por una eventual reforma tributaria y en un momento en el que miles de pequeñas y medianas empresas buscan señales concretas de alivio para continuar operando.

Formosa aparece entre las jurisdicciones con menor avance en la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal 2026. Los datos cargados hasta el 1 de junio marcan una cobertura del 32,18% en mayores de 65 años, 35,16% en embarazadas y apenas 28,78% en niños menores de dos años.

El dato preocupa porque la provincia queda ubicada en el grupo de distritos con indicadores más bajos en los principales sectores de riesgo, exceptuando al personal de salud. Estos grupos son considerados prioritarios porque tienen mayores posibilidades de desarrollar cuadros graves, requerir internación o sufrir complicaciones respiratorias.

A nivel nacional, la campaña avanza con fuertes diferencias entre provincias. Mientras jurisdicciones como Jujuy, Salta, Entre Ríos, La Rioja y Neuquén muestran mejores niveles de cobertura en distintos grupos, Formosa se mantiene lejos de esos porcentajes y necesita reforzar la llegada de la vacuna a la población objetivo.

El escenario se da en pleno aumento de circulación de influenza en Argentina. La actividad gripal comenzó a crecer desde la semana epidemiológica 10 y se espera que continúe en ascenso durante las próximas semanas, especialmente con la llegada de las temperaturas más bajas.

Para acompañar la campaña, Nación distribuyó 553.948 dosis adicionales de vacuna antigripal para adultos en todo el país. Desde el inicio de la estrategia ya se enviaron más de 7,4 millones de dosis, incluyendo vacunas para adultos, mayores de 65 años y población pediátrica.

La vacunación antigripal forma parte de las principales herramientas de prevención para reducir cuadros graves, hospitalizaciones y presión sobre el sistema de salud. En este contexto, el desafío para Formosa será mejorar la cobertura en los sectores más vulnerables antes del pico de enfermedades respiratorias del invierno.

El escenario político nacional sumó un nuevo capítulo de altísima tensión institucional. En plena sesión del Senado, el legislador formoseño por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, intentó acelerar a fondo con su proyecto para intervenir la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán. Sin embargo, la jugada terminó de la peor manera para el parlamentario: no consiguió el respaldo de ningún sector, incluido su propio espacio político, y la iniciativa naufragó de forma estrepitosa en el recinto.

Paoltroni solicitó la votación sobre tablas de la propuesta, una maniobra que requiere una mayoría especial y un consenso que claramente no existía. La encargada de ponerle un freno público y tajante fue la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, quien argumentó que una intervención provincial reviste una gravedad institucional que impide cualquier tipo de tratamiento exprés. A pesar de manifestar cierta solidaridad con la situación que el senador denuncia vivir en su provincia, la postura del bloque fue unánime a la hora de restarle apoyo político a la moción.

"La intervención de una provincia es una consideración de gravedad institucional y no se puede votar sobre tablas", sentenció la conducción del bloque libertario, dejando expuesto el aislamiento del senador en su reclamo.

El panorama se volvió aún más adverso para el legislador cuando, ante la falta de oxígeno político, decidió retirar el pedido e intentar, sin éxito, que el proyecto regresara a comisión. Fue en ese momento de debilidad cuando la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó la palabra para dar el golpe de gracia y marcar una distancia definitiva con el formoseño.

Villarruel le recordó con frialdad que la falta de acompañamiento era total y absoluta en toda la cámara, exigiéndole que deje de dirigir sus frustraciones hacia la presidencia del cuerpo. La fuerte recriminación desató la furia de Paoltroni, quien comenzó a gritar desde su banca con el micrófono apagado, forzando una escena de extrema tensión que obligó a las autoridades a exigirle calma antes de otorgarle una cuestión de privilegio.

Con un fuerte planteo de la defensa en el arranque del proceso judicial, comenzó este martes el juicio oral por el crimen de Jonathan Lezcano, el adolescente formoseño que desapareció en agosto de 2018 y fue hallado sin vida días después en un terreno baldío del barrio San Miguel.

Durante la audiencia inicial, uno de los abogados defensores solicitó la nulidad de un allanamiento realizado durante la etapa investigativa, argumentando presuntas irregularidades en el procedimiento. El planteo fue incorporado a las cuestiones preliminares que deberá analizar el tribunal antes de avanzar con el desarrollo pleno del debate.

Desde la querella rechazaron la solicitud y remarcaron que ese mismo cuestionamiento ya había sido tratado durante la instrucción de la causa, donde tanto el juez interviniente como instancias superiores habían validado la legalidad de la medida.

El juicio se desarrolla en la Cámara Segunda en lo Criminal y tiene en el banquillo a tres imputados: Marcelo Javier Díaz, quien permanece detenido, además de Marcelo Ezequiel Díaz Arce y Abigail Ivonne Samaniego. Los tres llegan acusados por distintos grados de participación en el homicidio del joven estudiante.

La familia de Lezcano sigue de cerca cada instancia del proceso con la expectativa de obtener una condena luego de casi ocho años de espera. Durante el debate está prevista la declaración de decenas de testigos y peritos, por lo que no se descarta que las audiencias se extiendan durante varias semanas.

El caso conmocionó a la sociedad formoseña en 2018. Jonathan tenía 16 años cuando desapareció mientras se dirigía a clases. Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado 16 días después en un terreno baldío de la ciudad. Desde entonces, la causa atravesó numerosas etapas judiciales hasta llegar finalmente al juicio oral que busca esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de los acusados.

En un contexto donde miles de perros y gatos esperan una segunda oportunidad, una nueva plataforma digital apuesta a transformar la manera en que se articulan las adopciones, los rescates y la solidaridad animal. La propuesta busca convertirse en un punto de encuentro entre quienes necesitan ayuda para un animal y quienes están dispuestos a brindarla.

La herramienta permite vincular a refugios, organizaciones protectoras, rescatistas independientes y familias interesadas en adoptar, simplificando procesos que muchas veces resultan complejos o dispersos. Además, ofrece espacios para difundir campañas solidarias, promover hogares de tránsito y fortalecer las redes de colaboración entre distintos actores del mundo animal.

Uno de los principales objetivos es fomentar la adopción responsable mediante perfiles detallados de los animales, información sobre sus cuidados y mecanismos de contacto directo con quienes los resguardan. De esta manera, se busca garantizar que cada mascota encuentre un hogar acorde a sus necesidades y que las familias adopten con compromiso y conocimiento.

La plataforma también incorpora herramientas para visibilizar casos urgentes, coordinar ayuda comunitaria y canalizar donaciones destinadas a tratamientos veterinarios, alimentación o asistencia a refugios. La idea es que cualquier persona pueda colaborar, incluso si no está en condiciones de adoptar una mascota.

Quienes impulsan este tipo de iniciativas sostienen que la tecnología puede convertirse en una aliada clave para reducir el abandono y mejorar las oportunidades de los animales en situación de vulnerabilidad. Al conectar a miles de personas con una misma causa, se fortalecen las posibilidades de rescate, recuperación y adopción de mascotas que buscan una nueva familia.

Con el crecimiento de las comunidades animalistas y el compromiso cada vez mayor de la sociedad, estas herramientas digitales aparecen como una alternativa innovadora para seguir construyendo redes de cuidado, solidaridad y protección animal en todo el país.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un nuevo informe del Registro Nacional de Femicidios que refleja una leve baja en los casos registrados durante 2025. Sin embargo, los números continúan generando preocupación: se investigaron 200 víctimas directas de femicidio y otras 19 víctimas vinculadas en todo el país. Esto significa que, en promedio, una mujer fue asesinada por razones de género cada 44 horas.

Si bien la reducción respecto de años anteriores fue del 12,3%, desde distintos sectores remarcan que la problemática sigue teniendo una dimensión crítica y exige políticas públicas sostenidas para la prevención, asistencia y protección de las víctimas.

En paralelo, otros observatorios especializados señalaron que durante distintos períodos de 2025 continuaron registrándose cifras elevadas de violencia machista en todo el territorio nacional. Los informes advierten además sobre la cantidad de intentos de femicidio, denuncias previas y medidas de protección que, en muchos casos, no lograron evitar los crímenes.

Formosa y una problemática que también golpea a la provincia

En Formosa, los antecedentes reflejan que la violencia de género ha tenido episodios de extrema gravedad a lo largo de los últimos años. Los registros históricos de la Corte Suprema muestran que la provincia también formó parte de las estadísticas nacionales de femicidios, con causas investigadas por la Justicia y víctimas contabilizadas dentro de los informes oficiales.

La situación genera preocupación debido al impacto social que dejan estos crímenes, especialmente en familias y niños que quedan atravesados por las consecuencias de la violencia. Organizaciones sociales y especialistas coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar los sistemas de alerta temprana y garantizar una respuesta rápida ante denuncias por violencia de género.

El nuevo informe vuelve a encender las alarmas sobre una problemática que atraviesa a todo el país y que continúa cobrando vidas año tras año. Más allá de las variaciones estadísticas, el desafío sigue siendo evitar que nuevas mujeres se conviertan en víctimas de una violencia que aún persiste en Argentina.

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos constituidos por los empleadores del sector privado.

La medida fue establecida a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representa uno de los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración nacional.

Según lo dispuesto en la normativa, el sistema comenzará a funcionar a partir de noviembre y estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de controlar la administración de los fondos y su operatoria financiera.

El esquema contempla la conformación de fondos específicos alimentados por aportes patronales, que serán utilizados para afrontar las indemnizaciones correspondientes a trabajadores registrados en caso de despido. Además, se establecieron los mecanismos de recaudación, administración e inversión de esos recursos, así como los procedimientos para efectuar los pagos cuando corresponda.

La reglamentación también define el alcance del régimen, que estará destinado a empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales excluidas expresamente por la legislación vigente y de los trabajadores del sector público.

Desde el Ejecutivo sostienen que la implementación del FAL busca brindar mayor previsibilidad a las empresas frente a los costos derivados de desvinculaciones laborales, al tiempo que procura garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

La puesta en marcha del nuevo sistema se enmarca dentro de una serie de modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno, orientadas a redefinir distintos aspectos de las relaciones de trabajo, la registración laboral y los mecanismos de contratación en el país.