Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Formosa registró una importante reducción de la pobreza en los últimos dos años, con casi 50 mil personas que dejaron de estar bajo esa condición.

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en el segundo semestre de 2023 había en la provincia unas 122.751 personas en situación de pobreza. Para el mismo período de 2025, esa cifra descendió a 74.409, lo que representa una baja de aproximadamente 48.000 personas.

En términos porcentuales, la pobreza pasó del 46,9% al 27,9%, evidenciando una caída significativa en el indicador social.

La mejora también se reflejó en la indigencia. En 2023, cerca de 38.998 personas no lograban cubrir la canasta básica alimentaria, mientras que en 2025 ese número bajó a 12.268. Es decir, más de 26.000 personas salieron de la indigencia en el período analizado.

Además, los datos muestran que la reducción no solo impactó en individuos, sino también en los hogares: el porcentaje de hogares pobres pasó del 33,5% al 19,7%, mientras que los hogares indigentes descendieron del 8,8% al 2,7%.

Este comportamiento se enmarca en una tendencia nacional de desaceleración de la pobreza, impulsada por una mejora relativa de los ingresos frente al costo de la canasta básica durante el período analizado. 

La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional y ratificó que debe ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso que garantiza recursos para el sistema educativo superior.

La decisión judicial se da en el marco de una serie de presentaciones impulsadas por universidades y sectores académicos, que denuncian el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo. En ese sentido, ya existían fallos previos que obligaban a actualizar salarios docentes y partidas presupuestarias, en línea con la normativa vigente.

El eje del conflicto gira en torno a la negativa del Gobierno a aplicar plenamente la ley, lo que generó una fuerte reacción en el ámbito universitario, con reclamos por la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro del financiamiento educativo.

De hecho, la norma establece mecanismos de actualización automática vinculados a la inflación, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de las universidades y evitar el deterioro salarial de docentes y no docentes.

En este contexto, el fallo judicial vuelve a poner en el centro del debate el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública, en medio de tensiones entre el ajuste fiscal y la inversión en áreas clave como la universidad.

La pobreza en Argentina registró una nueva baja y se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según datos oficiales difundidos por el INDEC. El indicador representa una disminución respecto al 31,6% del primer semestre del mismo año y una caída significativa frente al 38,1% registrado en igual período de 2024.

A pesar de la mejora en el porcentaje, el impacto social continúa siendo alto: el nivel de pobreza alcanza a unas 13,5 millones de personas en todo el país.

En paralelo, la indigencia se ubicó en el 6,3%, lo que refleja que millones de argentinos aún no logran cubrir siquiera sus necesidades alimentarias básicas.

El dato marca el nivel más bajo desde 2018 y consolida una tendencia descendente iniciada tras el pico registrado a comienzos de 2024, cuando la crisis económica llevó la pobreza por encima del 50%.

Sin embargo, especialistas advierten que la medición por ingresos puede verse influida por la evolución de la inflación y los salarios, lo que obliga a analizar estos números con cautela, especialmente en un contexto donde el poder adquisitivo sigue siendo un factor clave.

De esta manera, si bien las cifras muestran una mejora estadística, el escenario social continúa planteando desafíos estructurales que impactan de lleno en la vida cotidiana de millones de argentinos.

El intendente de la ciudad, Jorge Jofré, encabezó este martes el acto de entrega de reconocimientos a las “Mujeres Destacadas 2026”, una iniciativa que busca visibilizar el compromiso y la labor cotidiana de vecinas de distintos barrios de Formosa.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal y contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el presidente del Concejo Deliberante, Darío Di Martino; la concejal Malena Gamarra; la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, además de funcionarios del gabinete municipal.

Durante el encuentro se destacó el valor de estas mujeres que, desde diferentes espacios, desarrollan tareas fundamentales en sus comunidades, acompañan a otras personas y promueven valores solidarios que fortalecen el tejido social.

El reconocimiento es impulsado por la Dirección de Turismo, dependiente de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, y busca poner en primer plano historias de vida marcadas por el esfuerzo, la vocación de servicio y la entrega.

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de Beatriz Brizuela, quien habló en representación de las homenajeadas y resaltó el trabajo silencioso de muchas mujeres que dejan huellas profundas en sus barrios.

En la misma línea, la directora de Turismo de la ciudad, Cristina Salomón, valoró la importancia de reconocer públicamente estas trayectorias, destacando que cada una de las distinguidas representa el espíritu solidario y transformador de la comunidad formoseña.

La jornada también incluyó un momento artístico a cargo de Ramón Machuca “Chochi”, que aportó un clima de emoción a la ceremonia.

Finalmente, se realizó la entrega de distinciones a las mujeres seleccionadas, quienes fueron convocadas al escenario para recibir este reconocimiento por su aporte a la sociedad.

La reforma laboral promovida por el Gobierno nacional sufrió un duro revés en la Justicia. Un juzgado laboral resolvió suspender más de 80 artículos de la normativa, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por la CGT.

El fallo, de carácter provisorio, advierte que varios puntos de la reforma podrían vulnerar derechos fundamentales, como la protección del trabajador, la libertad sindical y principios establecidos en la Constitución Nacional.

Entre los aspectos cuestionados aparecen cambios en el cálculo de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, limitaciones a la organización sindical y modificaciones en condiciones laborales que, según la resolución, podrían implicar un retroceso en derechos adquiridos.

La Justicia también consideró que la aplicación inmediata de estas medidas podría generar daños irreparables en las relaciones laborales, motivo por el cual decidió frenar su implementación hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

El trasfondo del conflicto vuelve a poner en el centro del debate el modelo impulsado por el Ejecutivo, basado en la desregulación y flexibilización del mercado laboral. Desde distintos sectores advierten que estas políticas trasladan el costo del ajuste a los trabajadores, debilitando garantías históricas.

La medida judicial no implica la caída definitiva de la reforma, pero sí deja al descubierto las tensiones legales y sociales que genera. En este contexto, el Gobierno enfrenta un escenario más complejo, con resistencia sindical, cuestionamientos judiciales y un clima creciente de conflictividad.

En definitiva, el fallo marca un límite claro: la avanzada sobre el mercado laboral encuentra freno en la Justicia, mientras crecen las dudas sobre el rumbo y el impacto real de las reformas impulsadas a nivel nacional.

El acceso al alquiler en Formosa atraviesa un momento cada vez más complejo. Según relevamientos recientes, los valores registran aumentos que en marzo alcanzan hasta el 149%, generando una fuerte presión sobre el bolsillo de los inquilinos.

El escenario actual está directamente vinculado a la derogación de la Ley de Alquileres a nivel nacional, que dio paso a un sistema con múltiples esquemas contractuales y sin criterios uniformes. Como consecuencia, hoy conviven contratos con ajustes muy distintos entre sí.

Por un lado, quienes aún mantienen acuerdos bajo el régimen anterior enfrentan incrementos cercanos al 33%. Sin embargo, los contratos firmados durante 2023 presentan subas considerablemente más altas, mientras que los más recientes —atados a la inflación— implican actualizaciones frecuentes que impactan de manera constante en los ingresos de los inquilinos.

Esta falta de previsibilidad no solo genera incertidumbre, sino que también profundiza la desigualdad entre quienes alquilan, dependiendo del tipo de contrato que tengan vigente.

A esto se suma otro dato que enciende alarmas: los precios de los alquileres en Formosa se ubican por encima de otras provincias de la región, a pesar de contar con una oferta más limitada y menores niveles de servicios, lo que agrava aún más la situación.

En este contexto, especialistas advierten que la desregulación del mercado, impulsada desde el Gobierno nacional, trasladó el peso de los aumentos directamente a los inquilinos, sin mecanismos claros de control ni protección.

El resultado es un mercado cada vez más inestable, donde alquilar —ya sea una vivienda o un local comercial— se convierte en un desafío creciente, especialmente para quienes buscan iniciar un emprendimiento o sostener su hogar.

Un reciente relevamiento de opinión pública encendió señales de alerta para el Gobierno nacional: el escenario electoral muestra que el presidente Javier Milei ya no evitaría un ballotage y que una mayoría significativa de argentinos se inclina por un cambio de rumbo político.

Según los datos difundidos, más del 50% de los consultados expresa la necesidad de un cambio de gobierno, lo que evidencia un deterioro en la percepción social sobre la actual gestión.

El dato no es aislado. Distintas mediciones coinciden en señalar una caída en los niveles de aprobación presidencial y un crecimiento del rechazo, en un contexto atravesado por el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.

En este escenario, el oficialismo enfrenta un panorama más complejo que meses atrás. La posibilidad de una segunda vuelta electoral aparece como una consecuencia directa del desgaste político, pero también como reflejo de una sociedad que empieza a tomar distancia del modelo impulsado desde la Casa Rosada.

Analistas advierten que el giro en la opinión pública está fuertemente vinculado al impacto de las medidas económicas, que han generado tensiones sociales y un creciente malestar en amplios sectores.

De consolidarse esta tendencia, el Gobierno no solo perdería margen político, sino que también quedaría condicionado de cara al próximo proceso electoral, con una oposición que comienza a reagruparse frente a un escenario más competitivo.

En definitiva, los números empiezan a marcar un punto de inflexión: el respaldo inicial se erosiona y crece la demanda de un cambio, en un contexto donde la economía sigue siendo el principal termómetro del humor social.

El costo del gas envasado volvió a subir en Formosa y suma presión sobre la economía doméstica. Según se advirtió, la garrafa de 10 kilos alcanzará los $26.000, consolidando una tendencia de aumentos sostenidos en los últimos meses.

El incremento no es aislado: en pocas semanas, el precio ya había trepado de alrededor de $19.000 a más de $23.000, con subas abruptas que golpean directamente a los hogares que dependen exclusivamente de este recurso.

Detrás de esta escalada aparece un factor central: la desregulación del mercado del gas envasado, impulsada por el Gobierno nacional, que eliminó controles de precios y dejó los valores librados a la oferta y la demanda.

Desde distintos sectores advierten que esta política impacta de lleno en provincias como Formosa, donde la falta de red de gas natural obliga a miles de familias a depender de la garrafa para cocinar y calefaccionarse. En ese contexto, el gas deja de ser un servicio accesible para convertirse en un gasto cada vez más difícil de afrontar.

Organismos como la Defensoría del Pueblo ya habían advertido que la liberación de precios en servicios esenciales genera incrementos “injustificados” y profundiza la desigualdad, beneficiando principalmente a grandes distribuidores.

A esto se suma el deterioro del programa de subsidios, que perdió peso frente a los aumentos: mientras el valor de la garrafa se multiplicó en los últimos años, la asistencia estatal quedó prácticamente desactualizada, reduciendo su impacto real en los sectores más vulnerables.

En este escenario, el aumento del gas no solo refleja una suba de precios, sino también las consecuencias de un modelo que traslada el costo de los servicios básicos directamente a los usuarios.

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, encabezó una reunión con representantes de distintas entidades comerciales y laborales, en la que se firmó un acta acuerdo para establecer el horario de cierre de los comercios durante Semana Santa.

Según lo definido, los locales comerciales deberán cerrar sus puertas el viernes 3 de abril a las 13 horas, en concordancia con la conmemoración de esta fecha del calendario religioso.

Del encuentro participaron referentes de la Federación Económica, el Centro de Empleados de Comercio y la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, quienes acompañaron la medida tras alcanzar un consenso entre las partes involucradas.

El acuerdo fue rubricado por autoridades y representantes del sector, entre ellos Carlos Werlen (CAMEFOR), Aníbal Alarcón (CEC) y Enrique Saporitti (Federación Económica), junto a funcionarios municipales y asesores legales.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron la importancia del diálogo y el consenso como herramientas para definir medidas que contemplen tanto la actividad comercial como las tradiciones y necesidades de la comunidad.

En ese sentido, el intendente Jofré valoró el acuerdo alcanzado y remarcó que este tipo de decisiones surgen del trabajo conjunto entre el Estado y los distintos sectores, buscando un equilibrio que beneficie al conjunto de la sociedad.

En el marco de la campaña de vacunación vigente, desde el sistema de salud provincial volvieron a remarcar la necesidad de cumplir con el calendario obligatorio y completar las dosis pendientes, especialmente en los grupos más vulnerables.

Especialistas indicaron que no vacunarse no solo expone a las personas a enfermedades prevenibles, sino que también pone en riesgo a la comunidad en general, al reducir los niveles de protección colectiva. En ese sentido, recordaron que muchas patologías que hoy están controladas podrían reemerger si disminuye la cobertura de vacunación.

La campaña actual tiene como prioridad a personal de salud, embarazadas, niños pequeños y adultos mayores, aunque se espera que la cobertura se amplíe progresivamente a otros grupos a medida que lleguen nuevas dosis.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano también hicieron hincapié en la necesidad de combatir la desinformación y los discursos antivacunas, al considerar que generan dudas y afectan la adherencia de la población a las campañas sanitarias.

Además, recordaron que todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y están disponibles en hospitales y centros de salud, por lo que se recomienda a la población acercarse para verificar y completar los esquemas correspondientes.

En este contexto, las autoridades reiteraron que la vacunación sigue siendo una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y cuidar la salud pública.