El Gobierno nacional oficializó la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo destinado a financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante fondos constituidos por los empleadores del sector privado.

La medida fue establecida a través del Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y representa uno de los puntos centrales de la Ley de Modernización Laboral impulsada por la administración nacional.

Según lo dispuesto en la normativa, el sistema comenzará a funcionar a partir de noviembre y estará bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo encargado de controlar la administración de los fondos y su operatoria financiera.

El esquema contempla la conformación de fondos específicos alimentados por aportes patronales, que serán utilizados para afrontar las indemnizaciones correspondientes a trabajadores registrados en caso de despido. Además, se establecieron los mecanismos de recaudación, administración e inversión de esos recursos, así como los procedimientos para efectuar los pagos cuando corresponda.

La reglamentación también define el alcance del régimen, que estará destinado a empleadores del sector privado, con excepción de aquellas relaciones laborales excluidas expresamente por la legislación vigente y de los trabajadores del sector público.

Desde el Ejecutivo sostienen que la implementación del FAL busca brindar mayor previsibilidad a las empresas frente a los costos derivados de desvinculaciones laborales, al tiempo que procura garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias.

La puesta en marcha del nuevo sistema se enmarca dentro de una serie de modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno, orientadas a redefinir distintos aspectos de las relaciones de trabajo, la registración laboral y los mecanismos de contratación en el país.

El debate sobre el futuro de la Ley de Etiquetado Frontal volvió a instalarse en la agenda pública luego de la presentación de proyectos que proponen modificar o directamente eliminar el actual sistema de advertencias nutricionales en los envases de alimentos y bebidas.

En ese contexto, distintos especialistas en nutrición y salud pública expresaron reparos ante los cambios impulsados desde sectores políticos y empresariales, al considerar que la normativa vigente representa una herramienta clave para que los consumidores puedan identificar de manera rápida productos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías.

Las críticas surgieron luego de que el Gobierno nacional avanzara con una iniciativa legislativa para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, argumentando que el esquema actual presenta limitaciones técnicas, regulatorias y económicas. La propuesta también plantea avanzar hacia un modelo alineado con estándares del Mercosur.

Desde sectores vinculados a la salud sostienen que los octógonos negros permitieron mejorar el acceso a información nutricional y favorecieron decisiones de consumo más conscientes, especialmente entre niños, adolescentes y familias. Además, advirtieron que cualquier modificación debería estar respaldada por evidencia científica y no responder únicamente a intereses económicos o productivos.

La discusión también generó repercusiones en distintos ámbitos sociales. Organizaciones académicas, sanitarias y de defensa del consumidor manifestaron su rechazo a una eventual derogación de la ley y alertaron sobre lo que consideran un retroceso en materia de salud pública y derecho a la información.

Mientras el proyecto comienza a transitar el camino legislativo, el debate promete sumar nuevas voces en torno a una normativa que, desde su implementación, se convirtió en uno de los principales instrumentos de información alimentaria para los consumidores argentinos. 

Un joven de 25 años falleció en la madrugada de este domingo luego de protagonizar un siniestro vial con su motocicleta en la ciudad de Formosa. El hecho ocurrió sobre la avenida Néstor Kirchner, a la altura de la intersección con la calle Arturo Jauretche, frente al Mercado Frutihortícola.

La alerta fue recibida alrededor de las 3.25 a través de una llamada al sistema de emergencias 911, que informaba sobre una persona tendida sobre la cinta asfáltica. De inmediato, efectivos policiales y personal sanitario se dirigieron al lugar para asistir a la víctima.

Al arribar, los uniformados encontraron a un joven inconsciente junto a una motocicleta Honda XR de 150 cilindradas. Los profesionales del servicio de emergencias médicas constataron que ya no presentaba signos vitales.

Las primeras averiguaciones indican que el motociclista circulaba por la avenida Néstor Kirchner en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado y cayó sobre la calzada.

Las tareas periciales realizadas en el lugar permitieron detectar huellas de frenado y marcas de rozamiento sobre el cordón de la avenida. Los especialistas descartaron la participación de otro vehículo en el siniestro.

La víctima fue identificada como Bruno Nicolás Acosta. Tras las actuaciones correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización del examen forense y posteriormente entregado a sus familiares para su despedida.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional de turno, que continuará con las actuaciones para determinar las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Formosa aprobó una serie de modificaciones al plan de estudios de la carrera de Ingeniería Forestal, una medida considerada clave para avanzar en el proceso de acreditación académica de la propuesta formativa ante los organismos nacionales correspondientes.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria realizada en la sede de la universidad, donde se analizaron los cambios impulsados para actualizar la estructura curricular de la carrera que se dicta en la Facultad de Recursos Naturales.

Las modificaciones apuntan a adecuar la formación de los estudiantes a los estándares vigentes para las carreras de Ingeniería Forestal en el país, incorporando criterios académicos y profesionales establecidos por la normativa nacional para este tipo de titulaciones.

Desde el ámbito universitario consideran que la actualización permitirá fortalecer el perfil profesional de los futuros graduados, respondiendo a las nuevas demandas vinculadas al manejo sustentable de los recursos naturales, la gestión ambiental y el desarrollo productivo forestal.

Durante el tratamiento del expediente se registraron distintas posturas entre los integrantes del cuerpo colegiado, aunque finalmente la iniciativa obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación. Con esta decisión, la carrera podrá continuar avanzando en los procedimientos requeridos para su acreditación y evaluación institucional.

La revisión de los planes de estudio forma parte de un proceso que actualmente atraviesan numerosas universidades del país, con el objetivo de adaptar sus carreras a los nuevos estándares de calidad, competencias profesionales y exigencias del sistema universitario argentino. 

El intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, cuestionó el proyecto de intervención federal presentado contra la provincia y cargó duramente contra los sectores políticos y dirigentes locales que respaldan la iniciativa.

El jefe comunal consideró que la propuesta representa una “afrenta institucional” y remarcó que no existen condiciones constitucionales que justifiquen una medida de esas características. En ese sentido, sostuvo que la intervención federal sólo puede aplicarse en situaciones excepcionales previstas por la Constitución Nacional, como la alteración del sistema republicano, invasiones externas o el pedido expreso de las autoridades provinciales.

Jofré afirmó que ninguna de esas circunstancias ocurre actualmente en Formosa y planteó que detrás del proyecto existen intereses políticos alejados de las necesidades reales de la ciudadanía. Además, cuestionó el rol de referentes opositores que participaron de la presentación del pedido, señalando que “fueron rechazados por el pueblo en las urnas” en distintas elecciones.

El intendente también reconoció que existen problemáticas sociales y económicas que afectan a distintos sectores de la comunidad, aunque aseguró que las respuestas deben darse dentro del marco institucional vigente y respetando las leyes provinciales y nacionales.

Las declaraciones se suman a una serie de pronunciamientos de dirigentes y funcionarios formoseños que, en los últimos días, expresaron su rechazo a la posibilidad de una intervención federal sobre la provincia.

La ciudad de Formosa se prepara para vivir una celebración patria diferente y con fuerte impronta comunitaria. En el marco de los festejos por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, el municipio capitalino organizó una propuesta que busca reactivar el espacio público a través de la cultura popular: un gran baile colectivo para interpretar el "Gato Patriótico".

La cita está programada para las 17:00 de este lunes en el Playón Municipal, ubicado en la intersección de la avenida Costanera y la calle San Martín. Desde la organización confirmaron que la convocatoria es abierta a toda la comunidad, por lo que invitan a sumarse tanto a bailarines experimentados de academias locales como a familias y vecinos en general que deseen sumarse a los festejos vestidos con ropas tradicionales o portando escarapelas y banderas argentinas.

El evento principal consistirá en la coreografía masiva del gato, una de las danzas folclóricas más representativas de nuestra identidad criolla. Para coordinar el despliegue, profesores de los talleres culturales del municipio guiarán los pasos básicos al inicio de la jornada, asegurando que todos los presentes puedan integrarse a la pista sin importar su nivel de baile previo.

Además del encuentro dancístico, la tarde contará con la presentación en vivo de músicos locales y agrupaciones que acompañarán el clima festivo. Desde las áreas organizadoras destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los lazos vecinales y revalorizar nuestras costumbres en una fecha de profunda significación histórica para el país, transformando la Costanera en el epicentro de la celebración popular.

El discurso del “no hay plata” vuelve a mostrar sus límites cuando se trata de construir poder político. Mientras las provincias enfrentan recortes millonarios, caída de recursos y crecientes dificultades para sostener servicios básicos, el Gobierno nacional acelera la negociación de vacantes judiciales como herramienta para ordenar respaldos legislativos.

La decisión administrativa 20/2026 implicó un fuerte ajuste sobre partidas destinadas a las provincias, con un recorte superior a los $320 mil millones en programas vinculados a la relación con los distritos y al desarrollo regional. Ese golpe se suma a la baja de la coparticipación y a la reducción de transferencias nacionales, un combo que deja a muchos gobernadores contra las cuerdas.

En ese contexto, los Aportes del Tesoro Nacional aparecen como una de las pocas herramientas de auxilio para las provincias. Sin embargo, el ajuste también alcanza esos fondos, que en varios distritos resultan determinantes para cumplir con obligaciones salariales, aguinaldos y gastos corrientes. El mensaje político es claro: el Gobierno ajusta, pero al mismo tiempo administra los recursos restantes como mecanismo de presión.

La contradicción se vuelve más evidente cuando, en paralelo, la Casa Rosada avanza con el envío de pliegos para cubrir vacantes en la Justicia. Con más de 200 lugares disponibles y más del 35% de los juzgados del país sin cubrir, el oficialismo encontró una caja de negociación que no pasa por la obra pública, la salud, la educación ni la asistencia financiera directa, sino por cargos de enorme peso institucional.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pasó a ocupar un rol central en ese tablero. El Gobierno ya envió una tanda importante de pliegos y promete avanzar con más designaciones en los próximos meses. Entre los expedientes aparecen vacantes en distintas provincias, varias de ellas gobernadas por dirigentes que el oficialismo necesita cerca para sostener su frágil equilibrio parlamentario.

La maniobra deja expuesta una doble vara. Para las universidades, las obras públicas, la infraestructura escolar, la salud o los programas sociales, la respuesta suele ser el recorte. Para la negociación política, en cambio, aparecen cargos, pliegos y acuerdos de poder.

El problema no es solamente presupuestario. También es institucional. Utilizar vacantes judiciales como herramienta de negociación con gobernadores y senadores instala una señal preocupante sobre la independencia del Poder Judicial y sobre el modo en que el Gobierno entiende la construcción de mayorías.

Mientras las provincias reclaman fondos para funcionar, Nación ofrece lugares en tribunales. La frase “no hay plata” parece aplicarse solo cuando se trata de derechos, salarios, servicios públicos o asistencia al interior. Cuando el objetivo es garantizar gobernabilidad, el ajuste encuentra rápidamente sus excepciones.

Trabajadores y dirigentes de ATE y la CTA llevaron adelante una asamblea en Formosa para expresar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y acompañar la jornada de lucha impulsada en distintos puntos del país.

La actividad se desarrolló en la sede gremial de ATE, ubicada sobre calle Fotheringham, donde se analizó la situación social y económica que atraviesan los sectores populares, con especial preocupación por el impacto del ajuste en el sistema sanitario.

El referente de la CTA Formosa, Néstor Vázquez, sostuvo que las organizaciones sindicales decidieron acompañar las medidas nacionales en defensa de los trabajadores y de las políticas públicas. En ese marco, remarcó que la realidad de cada provincia tiene sus particularidades, aunque el deterioro económico golpea con fuerza a los sectores de menores ingresos.

Uno de los puntos de mayor preocupación fue la situación del programa Remediar, destinado a garantizar el acceso gratuito a medicamentos en centros de salud y salas de primeros auxilios. Vázquez advirtió que cualquier recorte en esa área representa una pérdida directa de derechos para las familias que más necesitan asistencia del Estado.

El dirigente también señaló que la crisis económica se refleja en el crecimiento de la informalidad laboral y en la multiplicación de changas como forma de subsistencia. En ese sentido, cuestionó que el modelo económico nacional profundiza la desigualdad y beneficia a los sectores más concentrados.

Durante la asamblea, además, se rechazaron los planteos de intervención federal a Formosa impulsados por sectores opositores. Vázquez consideró que una medida de ese tipo afectaría directamente a los trabajadores estatales y pondría en riesgo las políticas públicas provinciales.

Las organizaciones sindicales ratificaron que continuarán acompañando las acciones de protesta contra el ajuste y en defensa de los derechos laborales, la salud pública y el rol del Estado.

La diputada nacional de Unión por la Patria por Formosa, Graciela de la Rosa, cuestionó la política energética del Gobierno nacional y respaldó la iniciativa legislativa que propone crear un esquema tarifario diferencial para las provincias del Norte Grande.

El proyecto plantea una reducción del 50% en las tarifas eléctricas para usuarios que reciben subsidios y familias con ingresos menores a tres canastas básicas totales. El beneficio alcanzaría los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, período en el que la demanda energética aumenta de manera considerable por las altas temperaturas de la región.

La propuesta también contempla la eliminación del IVA en las boletas de energía eléctrica para los usuarios que no cuentan con acceso al gas natural. Además, establece que los incrementos tarifarios no podrán superar la variación salarial medida por el INDEC.

Durante su exposición en comisiones del Congreso, De la Rosa advirtió sobre el fuerte impacto que los aumentos de la luz tienen en los hogares del norte argentino. En ese sentido, señaló que muchas familias atraviesan una situación límite y deben decidir entre pagar una boleta, comprar comida o acceder a medicamentos.

La legisladora formoseña remarcó que las provincias del Norte Grande enfrentan una realidad distinta a la de otras zonas del país. La falta de gas natural, las temperaturas extremas y los mayores niveles de consumo eléctrico durante varios meses del año hacen que el costo de la energía golpee con más fuerza en la economía familiar.

De la Rosa también criticó la quita de subsidios impulsada por la administración de Javier Milei y sostuvo que las decisiones nacionales terminan favoreciendo la rentabilidad de las empresas del sector energético, mientras los usuarios residenciales soportan aumentos cada vez más difíciles de afrontar.

La iniciativa fue presentada por legisladores de Formosa junto a representantes de otras provincias del Norte Grande, entre ellas La Rioja, Tucumán, Corrientes, Jujuy y Catamarca. Ahora, el proyecto continuará su tratamiento en el Congreso, donde los bloques opositores buscarán reunir apoyo para avanzar con una política tarifaria que contemple las condiciones climáticas y sociales de la región.